La Cambra aplaude un fallo del Supremo sobre la fiscalidad de la I+D+i

La Cambra de Comerç de Barcelona aplaude la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre las condiciones para declarar las deducciones de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el impuesto de sociedades. El alto tribunal reconoce la posibilidad de aplicar en la autoliquidación del ejercicio en curso deducciones de este tipo procedentes de ejercicios anteriores.

Con este fallo, el Supremo corrige un cambio de criterio que se produjo de forma súbita el verano pasado por parte de la Agencia Tributaria. Con esta modificación se establecía que las deducciones por I+D+i solo se podían aplicar en la autoliquidación del ejercicio en el que se generaron. La Cambra consideró que esta medida suponía un freno a la inversión en I+D+i y, por tanto, a la innovación tecnológica y el impulso a la economía del conocimiento.

La decisión del Supremo supone retomar el criterio que se aplicaba históricamente, es decir, el reconocimiento con carácter retroactivo de las deducciones de I+D+i, con el límite de 18 años.El cambio de criterio de 2022, además de modificar el periodo de aplicación de las deducciones, establecía un sistema de rectificaciones que añadía complejidad administrativa.

Todo ello afectaba a las empresas innovadoras, especialmente las pymes. En caso de no poder aplicar la deducción, el cambio normativo se traducía en una pérdida de recursos para las empresas para acceder a la innovación. Por todo ello, las compañías que carecieran de otras opciones, como el acceso al crédito, se verían forzadas a abandonar proyectos de I+D+i.

La Cambra recuerda que la inversión en I+D+i "es una palanca de transformación económica y progreso, pero en Catalunya está estancada". Según datos recogidos por la entidad, Catalunya muestra un gasto en relación al producto interior bruto (PIB) inferior a la del núcleo europeo (0,63% y 0,76% del PIB de media, respectivamente, entre 2014 y 2021). Para converger con l media europea, Catalunya debería invertir unos 300 millones de euros adicionales cada año.