Crece la inquietud entre las empresas ante posibles nuevas restricciones del uso de agua

La inquietud va al alza en el sector empresarial catalán a raíz de la sequía. El conseller de Acció Climàtica, David Mascort, se ha reunido este viernes a puerta cerrada con las patronales Foment del Treball y Pimec y los sindicatos CCOO y UGT para analizar la situación que ha provocado la falta de lluvias. En dicha cita también han estado presentes el director general de Industria, Oriol Alcoba, y el secretario de Treball, Enric Vinaixa, ya que la respuesta que pretende el Ejecutivo catalán será de corte transversal.

Los agentes sociales andan molestos por la falta de información que dicen haber recibido hasta la fecha por parte de la Generalitat sobre las potenciales nuevas medidas que estudia para combatir la perspectiva de que no llueva lo suficiente durante los próximos meses. Los republicanos buscan la complicidad de los agentes sociales ya que asumen que "tocará ajustarse el cinturón" en lo que a agua respecta, según reconoce una fuente conocedora de los vericuetos de la reunión.

Los representantes empresariales han reclamado que no se impongan nuevas restricciones en el uso del agua por ahora, ya que ello "podría paralizar" algunas producciones. También han demandado mayor entente con los ayuntamientos para que estos no traben obras en curso ante el miedo que, dado el gasto de agua asociado a las mismas, la Generalitat les penalice. La reunión coincide con la hipótesis que baraja el Ejecutivo catalán de prohibir la apertura o ampliación de actividades económicas que consumen una cantidad importante de agua cuando se declare la emergencia por sequía, la peor fase del plan de sequía.

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Está previsto que la próxima semana se anuncie la preemergencia, una especie de periodo de transición que implicará medidas aún por concretar. Pero si la crisis hídrica empeora, se acabará declarando la emergencia y eso podría provocar una moratoria que impediría abrir o ampliar plazas hoteleras, granjas, centros de datos o plantas químicas.

En principio, según fuentes consultadas, se trata solo de una hipótesis que está sobre la mesa que solo se aplicaría en el peor de los escenarios posibles de sequía. Además la medida afectaría a proyectos que aún no han llegado a la Administración. De hecho no está previsto que afecte a ninguno que esté autorizado ni en trámite. "Eso sería atentar contra la seguridad jurídica", afirman las fuentes consultadas.

La Generalitat y los agentes sociales buscan fecha para una nueva reunión en la que detallar más las medidas a adoptar. La perspectiva de que haya compañías que tengan que aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ante las potenciales nuevas restricciones de agua sobrevuela las negociaciones y para eso harán falta ayudas públicas, que, a su vez, dependen de la coordinación con el Estado.

El Govern no tiene todavía establecido el nivel de consumo de agua que pòdría provocar que un nuevo proyecto pudiera verse afectado por esta hipotética moratoria. Los ejemplos de este posible decreto afectaría a nuevas plazas hoteleras, o la ampliación de industrias papeleras, metalúrgicas o centros de datos, así como el crecimiento de granjas o la autorización de nuevas cabañas ganaderas.

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