La patronal CEOE critica que la amnistía "deteriora" la imagen exterior de España

La patronal CEOE ha cargado duramente en un comunicado contra la amnistía y el resto de materias acordadas por Pedro Sánchez para lograr su investidura. Los empresarios consideran que el acuerdo con los independentistas catalanes supone un "deterioro de nuestra imagen en el exterior" y que los traspasos de competencias tanto a Catalunya, en el caso Rodalies, como a Euskadi, implican un "grave menoscabo" para la separación de poderes y la seguridad jurídica. "Se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo", alertan los patronos.

Antonio Garamendi ha convocado este lunes a los principales líderes patronales españoles a un comité ejecutivo extraordinario, del que los empresarios han salido con prácticamente una enmienda a la totalidad de los principales puntos del acuerdo a varias bandas para reeditar la coalición de Gobierno. Los empresarios han acabado armando un manifiesto centrado en criticar la amnistía a los independentistas, sin mencionarla explícitamente.

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Los patronos, en pleno clima de movilizaciones de la derecha y la ultraderecha, consideran la situación actual "preocupante", que los acuerdos alcanzados por Sánchez supone un "debilitamiento" al poder institucional del Estado y que "afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles". Por lo que avanzan que llevarán sus reivindicaciones ante instancias europeas, a través de la patronal europea Business Europe.

Patronales como Foment del Treball han tratado de empujar la crítica hacia una cuestión más transversal, no centrada tanto en la amnistía, sino en varios compromisos a corto y medio plazo que amenazan directamente los intereses de los patronos, como la reducción de la jornada laboral, el potencial encarecimiento del coste del despido o la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos a los estatales, entre otros.

Los patronos consideran que los compromisos adquiridos por el PSOE y Sumar suponen una "falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva" y un "menosprecio del diálogo social". 

Alternativa patronal

La actitud de la CEOE para con el Gobierno arranca la legislatura de un modo muy diferente a la anterior. Así como en 2020 Garamendi dio la sorpresa y avaló un acuerdo exprés para subir el salario mínimo interprofesional de 900 a 950 euros, en esta ocasión la patronal ha dado una bienvenida hostil al Ejecutivo.

Las desavenencias entre el Gobierno, especialmente con su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la patronal han ido a más. Pese a que pactaron la reforma laboral o la de los autónomos, los empresarios no avalaron la segunda parte de la reforma de las pensiones.

También hicieron un amago de romper relaciones con el Ejecutivo cuando Díaz aprobó un refuerzo de la Inspección de Trabajo en el control de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Y han rechazado avalar las últimas tres subidas del salario mínimo, aduciendo que destruye empleo y frena la actividad empresarial, entre otros.

"Demandamos una vuelta a los grandes consensos políticos y sociales y a la moderación, encarnada en nuestra Constitución", han reclamado los empresarios al PSOE. Garamendi ya se pronunció tras el resultado electoral del 23 de julio a favor de una gran coalición, en el que el PP y los socialistas se entendieran para dejar fuera de la gobernabilidad a fuerzas como Sumar, Vox o los independentistas.

Una escalada de hostilidad que promete ir a más, ya que el propio estatus de la CEOE se puede ver amenazado si el Gobierno cumple con todos sus compromisos. "Se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional", reza el texto pactado entre el PSOE y Sumar. Lo que podría suponer dar entrada a las mesas de diálogo social a patronales alternativas a la propia CEOE, como Conpymes, lo que le quitaría el monopolio de la representación empresarial.