Hacienda detecta descontrol en préstamos covid avalados por la Generalitat

La Agencia Tributaria ha denunciado en un informe judicial el descontrol y “laxitud” con el que las entidades bancarias han concedido créditos avalados por las entidades públicas catalanas Institut Català de Finances (ICF) y Avalis (sociedad de garantía recíproca) para paliar los efectos económicos de la pandemia del covid, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Este dictamen figura en proceso que instruye una jueza de Barcelona contra el cabecilla de una trama, el empresario J. R. R., que obtuvo de forma presuntamente fraudulenta alrededor 12 millones de euros que habría desviado a través de una red de sociedades. Una parte de esa suma no fue devuelta. El magistrado que se encarga de la causa ordenó el pasado 11 de octubre el ingreso en prisión del imputado por presunta estafa agravada, ante el riesgo de fuga.  

El extenso informe de Hacienda no solo describe la trama “organizada” y la operativa para el presunto desvío de los préstamos avalados con fondos públicos, sino que critica la falta de control por parte de las entidades bancarias (en este caso cinco) a la hora de concederlos. En este sentido, la Agencia Tributaria recuerda que las entidades de crédito están obligadas por la ley de prevención y blanqueo de capitales a una “correcta identificación” de sus clientes, así como a una “valoración del riesgo de las operaciones crediticias”.

Dudas

En las operaciones analizadas sobre la trama “existen dudas del cumplimiento” de esta obligación, según el escrito de Hacienda, pues “en ocasiones la verificación de la falsedad de la documentación aportada resultaba especialmente sencilla”. En el caso de los certificados de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, se podía comprobar con el “simple cotejo” del CSV (código seguro de verificación).

Además, las autoliquidaciones de los impuestos aportadas “solían” entregarse sin carátula, en la que consta si se ha efectuado el ingreso o no y cómo se podía comprobar consultando el CSV. Y pese a ello, añade, se concedían los créditos. Por otra parte, también era “habitual” aprobarlos por importes superiores a los que recomendaban los informes de riesgo. Algunas entidades llegaron a dar nuevos préstamos cuando la sociedad ya era deudora del banco. La trama desarticulada en Barcelona, según fuentes jurídicas, podría ser la “punta del iceberg”. 

En el transcurso de las investigaciones realizadas por la Agencia Tributaria tendentes a localizar los bienes del empresario J. R. R. y así cancelar la deuda pendiente, los inspectores se toparon con una “trama” constituida por "más de una decena de sociedades instrumentales” (en su auto de prisión la jueza eleva esta cifra a 16) carentes de actividad económica y “regidas por personas con perfil de testaferro”.

El objetivo, recalca Hacienda, era la obtención de préstamos por parte de entidades financieras. Tras conseguirlo, los fondos eran transferidos entre sociedades por dos motivos: dificultar la “trazabilidad” del destino del dinero y conferir mayor credibilidad y “simulada solvencia financiera” de las empresas que forma parte de la trama, según el citado informe. Este diario se ha puesto en contacto con el conocido abogado penalista Álex Garberí, defensor del empresario imputado, que ha declinado hablar del asunto al estar judicializado.

El presunto fraude

Para la Agencia Tributaria, el “éxito” de la operativa se ha visto reforzado por las “especiales circunstancias” surgidas tras la crisis del covid que “llevaron a la apertura de líneas de crédito", en este caso Institut Català de Finances (ICF) y Avalis, para apoyar a las empresas en dificultades. Esta situación, en su opinión, fue aprovechada por el “entramado societario” de J. R. R., que encontró una mayor “laxitud” en las entidades financieras al otorgar estos préstamos que, en definitiva, “estaban respaldados en un porcentaje elevado con fondos públicos”.

Según Hacienda, J. R. R. es el “nexo común” con los miembros de la trama, siendo la persona, precisa, que la “urdió” y que “captó” a los testaferros que actuaban como administradores de las sociedades implicadas, a la vez que intervino en la gestión de los créditos y el mismo o gente de su entorno fueron los beneficiarios.

La Agencia Tributaria considera que esos préstamos se consiguieron “con engaño y numerosas falsedades documentales”. Los fondos iban a parar a otras empresas de la red, a gastos particulares de J. R. R. y su pareja, a cuentas bancarias en el extranjero (Italia, Alemania y Suiza), a comprar “sociedades durmientes”, a pagar a los testaferros y a la cancelación de préstamos ordinarios. Las actuaciones judiciales se iniciaron por la denuncia interpuesta por el ICF y Avalis, a la que se unieron posteriormente varias entidades bancarias.

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