Trabajo llevará a la UE que los empleados puedan formarse durante su horario laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha avanzado este jueves que llevará a la Comisión Europea una propuesta legislativa para que la formación profesional pase a ser un derecho subjetivo de los ciudadanos. Es decir, que puedan reclamarlo todos y cada uno de ellos y que, entre otros, puedan exigir a sus empresas que reserven parte de su jornada laboral para poder estudiar o hacer cursillos y mejorar sus habilidades. Así lo ha anunciado Díaz este jueves desde Barcelona, en una conferencia con otros ministros de Trabajo de la Unión en el marco de la presidencia española del Consejo de Europa. 

"Queremos convertir la formación en un derecho, […] tenemos que huir de los planteamientos que se han venido haciendo en nuestro país y en otros estados de Europa", ha declarado Díaz. "[La formación] no tiene que ver solo con la juventud, ni solo cuando las personas se encuentran en situación dramática de desempleo", ha añadido. 

Las empresas que contraten a parados mayores de 45 años podrán ahorrarse 1.536 euros al año

Actualmente todos los asalariados cotizan cada mes una parte de su salario para llenar una hucha que luego está a disposición de las empresas para una serie de cursos de formación bonificada. Concretamente, según datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), este año hay 1.047 millones de euros de crédito disponible para que las compañías den formación a sus plantillas. Uno de los principales problemas es que todo ese crédito no se gasta durante el año y que muchos de los empleados que sí realizan cursos, lo hacen fuera de su horario laboral y a costa de su tiempo libre, pese a que redunda en una mejora de su productividad.

"El mercado de trabajo está en constante transición y siempre lo estará. [...] Si no tenemos esas habilidades en Suecia o Europa, las empresas las encontrarán en otros sitios", ha defendido el ministro sueco de Trabajo, Johan Pehrson. "Tenemos que dar una oferta de formación concertada con los agentes sociales, supervisada por una agencia de calidad y que garantice que las transiciones [digital y energética] sean justas", ha apuntado su homóloga de Bélgica, Christie Morreale.

"Factor de garantía"

La intención de la actual ministra de Trabajo en funciones es blindar el acceso a la formación como un derecho subjetivo, similar al derecho que tienen, por ejemplo, los parados actualmente de recibir asesoramiento por parte de los servicios públicos de empleo. El Estado no puede negárselo y Díaz pretende que, en lo relativo a horas de formación, los trabajadores en activo pueden hacer lo mismo con sus empresas. "Estamos introduciendo un factor de garantía", ha defendido, junto a los ministros de Empleo de Bélgica y Suecia.

Ahora falta que en el seno de la Unión los Estados pacten unas condiciones para el ejercicio de dicha formación, "tanto durante la jornada de trabajo, como fuera de ella" y si será "en forma de permisos o licencias", según ha especificado Trabajo en un comunicado. También la forma de "retribución o compensación económica" que recibirán las personas que vayan a formarse, así como "la mejora y la simplificación de los sistemas nacionales de acreditación, certificación, validación y homologación de las competencias adquiridas en otros Estados miembros y el papel de los convenios colectivos en la articulación y desarrollo de este derecho".

Fuentes de Trabajo explican que, por tempos, la iniciativa legislativa no tomará cuerpo hasta, como mínimo, de aquí un año y el proceso de renovación de cargos en la Comisión Europea puede retrasar dicho proceso.

"En España tenemos dos grandes déficits. Por un lado, muchas personas con una hipercualificación que son expulsadas del mercado de trabajo por ello y luego tenemos exactamente lo contrario. [...] Queremos competir a través de trabajadores altamente cualificados, no 'low cost'", ha defendido Díaz.