El juez del caso Celsa ejerció como abogado de uno de los fondos a los que entrega la propiedad de la siderúrgica

La sentencia del 'caso Celsa' ha generado un intenso debate sobre los límites de la nueva ley concursal. A la espera de que el Gobierno dé o no el visto bueno, con o sin condiciones, a que los fondos de capital extranjero se hagan con la propiedad de la compañía catalana al convertir la deuda que acumulaban en acciones por su valor total, son muchas las voces que se preguntan si todo ese poder debía recaer sobre una sola persona, un juez, en este caso Álvaro Lobato Lavín, titular del juzgado mercantil número 2 de Barcelona. Más aún, teniendo en cuenta que es una resolución ante la que no cabe recurso alguno. El magistrado falló a favor de los acreedores, lo que arrebata no solo la gestión sino también la propiedad a la familia Rubiralta, que fundó el negocio en 1967 y acumulaba una deuda superior a los 2.800 millones de euros. No es la primera vez, sin embargo, que Lobato coincide con estos fondos, puesto que en su etapa de abogado defendió en varias ocasiones los intereses de al menos uno de los beneficiados, en concreto, Deutsche Bank AG London Branch.

Las resoluciones en las que Lobato aparece como ponente, y que este diario ha consultado, tienen fecha de 2019 y 2020, y pertenecen a la etapa en la que el juez todavía trabajaba para el prestigioso bufete DLA Piper, al que llegó en marzo de 2009 tras una dilatada experiencia profesional que arrancó en 1983 tras licenciarse en Derecho en la Complutense de Madrid. La primera mención, de noviembre de 2019, que puede encontrarse es un recurso de apelación de un conglomerado de fondos, el alemán entre ellos, contra Sacyr y Cintra por la construcción de la autopista de peaje R-4 de Madrid. La segunda, de julio de 2020, es otro recurso de apelación, con el mismo fondo en la parte apelante, en un proceso contra el concurso de acreedores de Aeropistas, declarado en enero de 2014. La tercera vez que su nombre se asocia al de Deustche Bank AG London Branch, y otros fondos -que no están en la causa contra Celsa- como Goldman Sachs o JPMorgan sucede en otro recurso, en este caso, del 30 de septiembre de 2020, contra Caixabank y el Instituto de Crédito Oficial. Lobato, consultado por este diario sobre su vinculación con el inversor, remite cualquier asunto relacionado con Celsa a la sentencia y su fundamentación jurídica.

Esta relación, conocida o no, no evitó que Lobato asumiera el caso Celsa. Un abogado especialista en Mercantil consultado por este diario considera que el juez debería haberse inhibido cuando el caso llegó a su mesa. "Esa vinculación profesional anterior, y además tan reciente, le inhabilitaba para asumir el proceso, puesto que es imposible que sea imparcial con todos los prejuicios que acumuló durante años. Podría incluso derivar en la nulidad de todo el procedimiento", señala este experto. La ley orgánica del poder judicial, en su artículo 219, que define las "causas de abstención y recusación", dice lo siguiente a este respecto sobre las razones para apearse del caso: "Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo".

Negro desde el principio

La ley concursal entró en vigor el 26 de septiembre de 2022 con el objetivo de agilizar los procedimientos concursales y asegurar la continuidad de las empresas que son viables pero se encuentran en dificultades financieras. Este diario ha hablado con distintas personas que han vivido de cerca el proceso judicial. Hay coincidencia en que el fallo no fue ninguna sorpresa: "Ya en las actuaciones previas podía verse claramente cuál sería su decisión final".

Fue el mismo 26 de septiembre de 2022 cuando la parte demandante solicitó al juez la designación de un experto independiente, una nueva figura que en este caso recayó en los profesionales de Lexaudit, que debían llevar a cabo la valoración de Celsa. Era el escogido de los propios fondos. La siderúrgica impugnó la elección, que finalmente fue ratificada por la Audiencia de Barcelona el 26 de junio de 2023. El juicio se celebró entre el 3 y el 11 de julio. Esta firma dio a la empresa de la familia Rubiralta un valor de entre 2.400 y 2.800 millones de euros, muy similar e incluso inferior, a la tasación presentada por los fondos y elaborada por Deloitte, que estimaba un rango de entre 2.677 y 2.851 millones de euros. Y a años luz del número aportado por Lazard, que aportó la pericial en nombre de la propiedad (entre 5.797 y 6.688 millones de euros).

Situación poco habitual

La valoración ha sido clave en el devenir del conflicto. Se da el caso, tal y como publicó el diario digital 'El Economista', que los fondos prometieron a Lexaudit que se encargaría de ejecutar el plan financiero, siempre que el juez les diera la razón, como así sucedió. Así las cosas, estos auditores, y el resto de colaboradores, se embolsarían 25,9 millones de euros, según esta publicación, en concepto de "asesoramiento y formalización del plan de reestructuración". Un experto en este tipo de operaciones asegura que estos montantes "son habituales en procedimientos de un tamaño tan importante". "Lo que no es tan normal -prosigue-, es que el mismo auditor siga después colaborando con una de las partes actoras interesadas. Es legal, pero es feo".

"Ya en las actuaciones previas podía verse claramente cuál sería su decisión final"

La defensa de Celsa tuvo sobre la mesa la opción de recusar al juez Lobato en el albor del proceso. No lo hicieron, aunque sí sabían de su participación en conferencias organizadas por FIDE, entidad de la que es secretario y en la que compartía mesa con profesionales del gremio legal, entre ellos, representantes de fondos de inversión o los bufetes que les defendían. Lo cierto, sin embargo, y sobre su actitud durante el juicio, es que algunas de las personas que estuvieron en las vistas admiten que el juez "llegaba muy leído y con toda la información en la cabeza".

La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) es un 'think tank' jurídico-económico, con sede en Madrid, que cada año organiza decenas de foros y conferencias. Nació en 2007 y además de divulgación, también ofrecen formación. Se financia, en parte, con aportaciones de los bufetes. Lo confirma el fundador de un veterano despacho de Madrid, que define la entidad como "progresista liberal".

Sentencia "aplaudida"

A principios de septiembre, cuando se dio a conocer la sentencia del caso Celsa, FIDE compartió una nota de prensa en la que valoraba la resolución del titular del juzgado mercantil número 2 de Barcelona. "Ha sido aplaudida por los profesionales del ámbito jurídico, económico y financiero. Aporta seguridad jurídica al mercado del crédito, tanto para los bancos nacionales que, ante los impagos tienen que acudir al mercado secundario, como para los inversores en este tipo de mercados", reza el documento, firmado por la presidenta de la entidad, Cristina Jiménez Savurido, abogada y esposa del juez Lobato. Entre las entidades colaboradoras de FIDE -realizan "aportaciones económicas, intelectuales y personales", según recoge su web- están los dos despachos de sello nacional que defendieron a los fondos, Cuatrecasas y Gómez-Acebo&Pombo (despacho en el que Lobato trabajó entre 1996 y 1999); no así Cortés Abogados, el bufete que se sentaba en el banco de la empresa que preside Francesc Rubiralta.

Un veterano socio de un fondo de inversión nacional que ha seguido de cerca el caso, sin vinculación alguna con las partes, sostiene que la sentencia "fue claramente de parte". "Teóricamente, formo parte del lado ganador, pero admito que cuesta creer que la decisión del juez haya sido tan firme, tan ágil y tan a favor de los acreedores. Y también resulta inquietante que tenga tanta fe en que los fondos vayan a respetar el plan de empresa o los puestos de trabajo". Añade su voz un empresario catalán, que se confiesa "sorprendido, preocupado e indefenso" ante el resultado: "¿Cómo es posible que no sea recurrible? En un país en el que incluso los casos más pequeños permiten elevar la sentencia a otras instancias, nos encontramos con que un solo juez, consigo mismo, te puede arrebatar con su firma el trabajo de décadas".

¿Consenso u hostilidad?

Una opinión similar, aunque desde un punto de vista jurídico, aportó Carlos Nieto, magistrado del juzgado mercantil número 16 de Madrid. En unas jornadas celebradas a finales de junio en Vitoria, compartió sus opiniones bajo el título 'Planes no consensuales u hostiles'. Son 23 páginas que, dos meses antes del fallo del juez Lobato, eran todo un advenimiento de lo que estaba por venir. Consultado por este diario, Nieto remite a ese escrito. Veamos.

Apela claramente a la posibilidad de agotar la mediación y la negociación: "Parece que estemos asistiendo al enfrentamiento de deudores y acreedores en dos bandos, que lejos de intentar negociar amistosamente una reestructuración de deuda al objeto de salvar empresas viables, mantener sus puestos de trabajo y conservar su actividad en beneficio de la economía y del interés general, básicamente lo que parecen perseguir es anularse y mantener o tomar respectivamente el control de la sociedad en crisis".

En Alemania, imposible

El magistrado incluso pone en duda la base legal. "¿Cabe la posibilidad de considerar que toda esta estrategia de los planes hostiles y/o competidores se esté construyendo sobre unos cimientos gravemente defectuosos?". Señala el ejemplo alemán, donde, asegura, "la posibilidad de aprobar planes de reestructuración a espaldas del deudor y sin contar con su consentimiento es del todo punto imposible".

La sentencia, sin embargo, va por otros derroteros: "En un mundo globalizado, en el marco de una moderna economía competitiva sin barreras artificiales de entrada, ni atávicos proteccionismos que enmascaran privilegios injustificados, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica". Todo, prosigue páginas después, a merced de "la incertidumbre". "La episódica emergencia de los 'cisnes negros', esos acontecimientos inesperados e impredecibles que impactan sobre la realidad, alterándola profundamente". El juez Lobato parece dar por buena la teoría expuesta por el economista Nassim Nicholas Taleb en su libro 'El cisne negro', sobre hechos improbables que terminan teniendo un gran impacto. Como su sentencia, que el Gobierno todavía puede desempatar.

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