El Gobierno advierte de que la entrada de Arabia Saudí en Telefónica necesita su aprobación

“Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios (en) defensa de los intereses estratégicos de España”. Así se pronunció este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de economía en funciones, Nadia Calviño, desde Bruselas sobre la inesperada irrupción de Saudí Telecom (STC) en el mercado de las telecomunicaciones español con la compra del 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros, lo que le convierte en el primer accionista de la empresa español.

Los representantes de la empresa saudí se pusieron en contacto este mismo martes con el Palacio de la Moncloa para comunicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su operación de compra del 9,9% del capital de Telefónica, según han confirmado fuentes del Ejecutivo. "El Gobierno ejercerá las potestades que le atribuyen la ley. Entendemos que la operación estará sujeta al control de inversiones y a la aprobación del Gobierno", han apuntado estas mismas fuentes, aportando así mayor claridad al mensaje algo más ambiguo que había lanzado antes Calviño desde Bruselas. El Gobierno, al parecer, no guardaba sospecha de la noticia ni tenía ningún aviso previo procedente de los servicios de inteligencia ni del propio Ejecutivo ni de la multinacional, a quien la llamada de STC también cogió por sorpresa. De hecho, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, se encontraba este martes en California, de donde regresó tras recibir la llamada de los nuevos accionistas saudíes.

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Contratos con Defensa

En concreto, el Gobierno considera que está a su alcance someter la operación financiera al control que establece el nuevo real decreto sobre inversiones exteriores, que ha entrado en vigor este 1 de septiembre, después de haber sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de julio. Según este decreto, las operaciones extranjeras de entrada en el capital de empresas españolas de sectores estratégicos deben ser autorizadas por el Consejo de Ministros si afectan a más del 10% de las acciones. En el caso del sector de Defensa, la autorización preceptiva del Consejo de Ministros es a partir de la adquisición de acciones representativas del 5% del capital.

La adquisición del 9,9% del capital de Telefónica cae por debajo del límite general del 10% que fija el decreto de control de inversiones. Sin embargo, desde el punto de vista del Gobierno no cabe duda de que los contratos de Telefónica con el Ministerio de Defensa -que afectan a cuestiones como comunicaciones tácticas y estratégicas del ejército español- obligan al Consejo de Ministros a analizar, antes de autorizar o no, la entrada de STC en el capital de la operadora española en una proporción superior al 5% de su capital, como es el caso.

Inversiones extranjeras

Desde Bruselas, la vicepresidenta Calviño explicó, además, que los representantes de STC transmitieron al Gobierno el “carácter amistoso” de la operación y expresaron “su intención de no proceder a la toma de control de la empresa”.

Calviño, que tenía este miércoles en su agenda encuentros con varios comisarios europeos tras inaugurar unas jornadas del think tank Bruegel, también dijo que el grupo saudí considera que “la operación tiene que ser interpretada en clave de apoyo al equipo directivo, la estrategia de Telefónica y apoyo a España”. 

Pese a este mensaje de tranquilidad, el Gobierno analiza ya “todos los factores relevantes en este caso” para determinar la aplicación de los mecanismos que España ha puesto en marcha desde 2018 para proteger sus sectores e intereses estratégicos y mantener al mismo tiempo al país “como un foco de atracción de inversiones extranjeras”, según la vicepresidenta.

"Afortunadamente desde que llegamos al Gobierno hemos reforzado todos los mecanismos de control de inversiones extranjeras para proteger nuestros sectores e intereses estratégicos y, al mismo tiempo, hemos impulsado el papel de España como polo de inversiones extranjeras que son fundamentales para poder seguir teniendo un crecimiento económico fuerte, creación de empleo de calidad y una modernizacón tecnológica", recordó Calviño. Entre los factores que analiza el Gobierno -dijo- se incluye la participación en el capital, el sector de actividad, la relación con la seguridad y defensa de España, el ejercicio de los derechos de voto y la participación en el consejo de administración de Telefónica y en otros órganos de decisión de la empresa.

Confianza en el equipo directivo

En la nota de prensa emitida por STC Group en la noche del martes, el grupo saudí expresó su confianza en el equipo directivo de Telefónica, que dirige su presidente, José María Álvarez Pallete. "No tenemos intención de adquirir el control o una participación mayoritaria de Telefónica", se afirmaba en esa nota.

De momento, el presidente de Telefónica, Álvarez-Pallete, ha emprendido viaje a Arabia Saudí para reunirse con los responsables de STC Group con el fin de tratar los diferentes detalles que implica la operación, que conlleva que el grupo saudí será el principal accionista de la operadora española.

Herramientas europeas

En Bruselas, el comisario de mercado interior, Thierry Breton, también se refirió este miércoles a la entrada de Saudi Telecom en Telefónica: “Confiamos al 100% en la decisión de los Estados miembros. Tenemos herramientas y si creen que existe un riesgo pueden utilizarlas”, dijo durante un encuentro con periodistas. Desde los servicios de la Competencia del Ejecutivo comunitario, mientras tanto, eludieron comentar operaciones “individuales por razones de confidencialidad” pero sí recuerdaron que la Unión Europea dispone, desde octubre de 2020, de un marco europeo para el control de las inversiones extranjeras directas. El objetivo del mismo es “identificar y abordar posibles amenazas a la seguridad o al orden público en la UE, que puedan ser causadas por determinadas inversiones extranjeras, sin reducir la apertura de la UE ni restringir las actividades de los inversores extranjeros en la Unión”, explicaron fuentes del Ejecutivo comunitario, que recuerdan que las evaluaciones se hacen caso a caso y que si una adquisición específica amenaza la seguridad o el orden público se pueden adoptar medidas para mitigar los riesgos e incluso prohibir en una instancia la operación.