La hacienda catalana recaudó en 2022 por primera vez más de 5.000 millones

El crecimiento por encima de lo previsto en Catalunya (5,5%) el año pasado, igual que a nivel estatal, llenó las arcas de la Generalitat más de lo esperado por la propia administración catalana. El ejercicio pasado, la recaudación obtenida por la Agència Tributària de Catalunya (ATC) superó por primera vez la barrera de los 5.000 millones, hasta los 5.024 millones de euros, "la cifra más elevada de la serie histórica" (la Agència se creó en 2008), impulsada por la actividad económica y la inflación, que eleva las bases sobre la que se gravan los tributos.

De hecho, los ingresos obtenidos finalmente superaron en más de 500 millones lo que preveía el propio fisco catalán, según se desprende a la memoria de la ATC de 2022. Para este 2023, con un menor crecimiento económico previsto, en torno al 1,7%, aunque podría elevarlo al entorno del 2%, la recaudación de estos gravámenes se quedará de nuevo por debajo de los 5.000 millones, en torno a unos 4.900, según las estimaciones del Govern. En todo caso es una pequeña parte de los ingresos totales, ya que los procedentes del modelo de financiación autonómica, que incluyen participaciones en el IRPF o el IVA, entre otros, ascendieron a más de 25.000 millones.

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Las dos características principales del alza de la recaudación de impeustos propios y cedidos fueron el auge del gravamen más ligado al ladrillo, el de transmisiones patrimoniales, que supuso 57 de cada 100 euros ingresados por la hacienda catalana; y la ralentización en el ritmo del de sucesiones tras un 2021 en el que se registró el mayor impacto por los fallecimientos ocasionados por la pandemia, cuyo punto álgido fue en 2020, pero que se explica porque los beneficiarios cuentan con seis meses para liquidar el tributo.

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La cifra alcanzada en ingresos procedentes de impuestos propios y cedidos supone un aumento del 11,83% con respecto a 2021 y un nivel de cumplimiento sobre lo previsto del 111%. El gravamen de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), con 2.867 millones, supuso más del 57% del total. A pesar del ritmo de crecimiento, este gravamen se encuentra aún muy alejado de los más de 3.800 millones de 2006, el momento álgido del 'boom' inmobiliario que luego acabó en una crisis y se desplomó la recaudación del tributo hasta en torno a los 1.000 millones en 2013.

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En lo que va de 2023 (hasta mayo) este tributo está registrando de nuevo descensos del 10,1% en la vertiente de transmisiones patrimoniales del 15,7% en la de actos jurídicos, por la ralentización del mercado inmobiliario por la subida de los tipos de interés. La suma de ambos gravámenes está presupeustada en más de 2.600 millones este año. El diseño del sistema de financiación autonómico, caducado desde 2014, hace que la comunidad vuelva a depender mucho de los ingresos procedentes del ladrillo, al igual que sucedió tras el estallido de la crisis en 2008.

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Niveles prepandemia

En 2022, los grandes tributos, como el ITP y AJD, patrimonio o sucesiones y donaciones superaron, en todo caso, los niveles de 2019, el ejercicio previo a la pandemia. En cambio, otros, como del del juego o el que grava los establecimientos comerciales, todavía no han recobrado ese nivel.

El aumento del 13,65% en el ITP y AJD, el gravamen que proporciona más ingresos a la Generalitat, podría deberse en 2022 al avance de operaciones inmobiliarias ante el inicio de una etapa de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación provocada por la guerra en Ucrania. Esta etapa comenzó en julio del año pasado y en apenas un año ha pasado del 0% al 4%. El crecimiento de la recaudación con estos tributos ligados a la compraventa de viviendas de segunda mano (las nuevas están sujetas al IVA) en relación a 2019 es del 27%, según se afirma en la memoria de la ATC.

Si se desmenuza el ITP, la parte de transmisiones patrimoniales, que supone casi tres de cada cuatro euros ingresados por el gravamen, creció un 13,3% respecto a 2021 y un 38,9% con respecto a 2019. Destacan las operaciones de transmisiones de inmuebles urbanos, con un aumento de autoloquidaciones del 4,1% y de la base imponible y de la cuota del 16,1%. En el apartado de actos jurídicos, el alza fue del 13,2% con respecto a 2021 y del 33,9% con respecto a 2019.

El segundo gran tributo de la Generalitat, el de sucesiones y donaciones, alcanzó los 893,08 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,55% con respecto al ejercicio anterior. En el apartado de sucesiones, el alza fue del 0,4% y en el de donaciones registró un descenso del 9,8%. Según la memoria de la ATC, el ligero crecimiento en sucesiones recoge la desaceleración de la tendencia de los años de la pandemia, cuando se liquidaron un mayor número de herencias y de un importe más elevado del habitual.

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Ralentización tras el récord con las herencias

De hecho en 2020, el año en estalló la pandemia, la recudación proviniente de herencias fue de 596,5 millones, mientras que en 2021 superó los 950 millones. El alza se debe a que el plazo para liquidar el triibuto es de seis meses desde que se produce el fallecimiento y por la consolidación de la última reforma del impuesto que, a partir del 1 de enero de 2020, incrementaba su tributación.

En el impuesto de patrimonio, la recaudación alcanzó los 690 millones, un 15,76% más que el ejercicio anterior por los mayores ingresos de la campaña anual (2021) y los derivados de gestión e inspección.

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Los ingresos por tributos sobre el juego, con 200 millones, aumentaron un 22,27%, pero siguen por debajo del nivel de 2019 (225 millones). Otros tributos como el que afecta a las grandes superficies comerciales, con 10,13 millones, registró un aumento del 51,14 % con respecto a 2021; el nuevo gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecànica (IEDC), que se aplica a turismos, furgonetas y motocicletas sobre la base de las emisiones de CO2 de 2021, afectó a 4,6 milions de vehículos.

Es el impuesto más masivo que gestiona la ATC, con 55 millones de euros, lo que supuso un descenso del 16,5 % respecte al año anterior. La reducción se debe a una revisión del padrón derivada de las alegaciones recibidas durante la campaña del ejercicio 2020. Se produjeron anulaciones y cancelación de derechos que sí que entraron en 2021.

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