España coge la batuta de la reforma del mercado eléctrico con una reunión con las grandes compañías

España coge la batuta de la reforma del mercado eléctrico con una reunión tripartita entre la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la patronal europea de grandes eléctricas, Eurelectric, y la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, como previa a la cumbre informal de ministros de energía que se celebra este martes y miércoles en Valladolid, en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En la reunión, Ribera despejó el mayor temor de las compañías: España no velará por sus propios intereses como líder del Consejo sino que tratará de buscar los mayores consensos entre los países.

"Es muy importante para la industria saber que el Gobierno español tendrá un objetivo honesto de buscar consensos", afirma el secretario general de la patronal europea, Kristian Ruby, en conversación telefónica con EL PERIÓDICO tras la reunión, que duró unas dos horas, como establecía el guión. España ha defendido una posición de mayor intervencionismo en el mercado eléctrico. El corazón de su propuesta de reforma planteaba establecer un precio fijo regulado para las centrales nucleares e hidráulicas, justo lo que tratan de evitar a toda costa las empresas, de ahí el temor de las compañías.

Pero en su rol de presidencia del Consejo de la Unión Europea, Ribera deja a un lado esas ideas --según ha expuesto a las empresas-- para busca acuerdos. El papel de España desde el 1 de julio es, según ha expuesto a las compañías, el de árbitro de la reforma eléctrica, marcar los tiempos y la agenda de trabajo legislativo, mirando a los intereses de todos y no solo a los suyos propios.

La intención de su predecesora, Suecia, era haber llegado a un pacto sobre el enfoque general del Consejo el pasado 19 de junio. Pero no fue posible por la falta de consenso sobre el cómo redistribuir los ingresos de los contratos por diferencias y a qué instalaciones de producción afectan (Francia aboga por que afecten también a sus nucleares) y la intención de Polonia de emitir más CO2 al generar con carbón atendiendo a la seguridad de suministro. De momento la situación actual, según trasladó Ribera a las empresas, sigue en las mismas. Sin acuerdo.

En la reunión, que se ha celebrado al margen de la cumbre de ministros en un hotel a las afueras de la ciudad y con un tono "profesional y constructivo", han estado presentes, además de Ruby, el vicepresidente de Eurelectric y consejero delegado de Fortum, Markus Rauramo, así como una amplia representación de la patronal española Aelec, a cargo de su presidenta, su directora general y su directora de regulación, Marina Serrano, Paloma Sevilla y Marta Castro, respectivamente; así como los consejeros delegados de Endesa e Iberdrola España, José Bogas y Mario Ruiz Tagle, y la consejera delegada de EDP Spain, Ana Paula Marques.

Por parte del Gobierno, además de la vicepresidenta tercera, han acudido a la cita la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el director general del IDAE, Joan Groizard.

Además de aclarar el papel de la presidencia española, el lobi europeo recordó una de sus líneas rojas: evitar hacer permanentes medidas de emergencia, como el tope a los ingresos de las centrales inframarginales, que se incluye entre las medidas en las que sí hay consenso de los Veintisiete. En este punto, ha sido la comisaria europea de Energía quien ha advertido que la Comisión Europea no es partidaria de poner un límite a los ingresos porque este mecanismo, vigente durante la crisis, tuvo efectos desiguales por países.

Los grupos del Parlamento Europeo han llegado a un pacto sobre su postura que deben votar el próximo 19 de julio. En ese caso ha desaparecido el límite a los ingresos de las centrales inframarginales, pero se mantiene la prohición a cortes de suministro a los consumidores vulnerables, que también deshecha Eurelectric. España quiere "cuanto antes" alcanzar el acuerdo en el seno de los Veintisiete para iniciar, así, el trílogo que supone la negociación entre Parlamento, Consejo y Comisión con el objetivo llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre de este año.

Las eléctricas también han pedido a Ribera el fomento de los contratos a largo plazo de energía (ppa), unas reglas financieras más flexibles que permitan la liquidez de los participantes en el mercado, pruebas de estrés financiero a las comercializadoras en vez de coberturas obligatorias y dar incentivos a la inversiones en la red, así como la posibilidad de invertir en esta infraestructura de forma anticipada, según un comunicado previo.

Las empresas defienden que la ingente cantidad de renovables en el sistema, así como la mayor penetración de bombas de calor y vehículos eléctricos provocarán que las redes deban gestionar flujos más complejos, por lo que consideran que la inversión debe triplicarse pasando de 23.000 millones de euros al año a, como mínimo, 69.000 millones en 2050.