El Defensor del Pueblo investigará si la Seguridad Social se retrasa en la entrega de los partes de bajas médicas

El Defensor del Pueblo investigará si la Seguridad Social está incurriendo o no en retrasos a la hora de remitir a las empresas los partes de baja médica de sus trabajadores enfermos. El Consell de Col•legis de Graduats Socials de Catalunya ha presentado ante la Síndica de Greuges de Catalunya sus quejas por, entre otros, cómo se está aplicando el nuevo protocolo de incapacidad temporal, en el que es la Administración quien asume la gestión del parte –en vez del trabajador- y se lo debe remitir a la empresa en un plazo máximo de tres días. Al ser una competencia estatal, la síndica lo ha elevado a su vez al Defensor del Pueblo, que por protocolo abrirá actuaciones y determinará si las mismas tienen causa o no.

Según los graduados sociales, las compañías tardan hasta cinco días en recibir la notificación de que su empleado no ha venido a trabajar por motivos de salud. Lo que les genera un problema a la hora de gestionar sus plantillas si no tienen mecanismos informales –que las partes hablen desde la confianza por whatsapp, por ejemplo- para comunicarse.

Los despachos de graduados sociales han iniciado una campaña contra la Administración para exigirle que o bien dejan de aumentar su carga de trabajo con nuevas normativas o bien deben compensarles monetariamente por ello. Estos profesionales gestionan, entre otros, las nóminas para las empresas, remiten las cotizaciones sociales y el IRPF recaudado al erario público y tramiten a la Seguridad Social las altas y bajas de trabajadores cuando firman un nuevo contrato o un cese.

“El Ministerio está trasladando la carga administrativa que tenía históricamente asumida a los operadores o autorizados del sistema RED”, se quejan los graduados sociales en su carta remitida a la Síndica de Greuges, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. 

Una de las modificaciones que le reclaman al Ministerio de Seguridad Social es que cumpla con su compromiso de remitir en un plazo de tres días a las empresas los partes de baja. Antes era el propio trabajador quien debía hacerlo, bajo amenaza de sanción e incluso despido si se demoraba. A partir del 1 de abril es la Seguridad Social quien se encarga y desde el Ministerio rechazan que los retrasos sean generalizados y los enmarcan en casos puntuales.

Otra demanda que los graduados sociales han remitido a la Síndica de Greuges como queja es la obligación de remitir una alta o baja de un contrato en un plazo de tres días naturales. Y es que si dicha alta o baja cae en viernes o fin de semana, los despachos se ven obligados a movilizar a trabajadores durante fuera de su horario laboral para atenderlo. Para ello reclaman que la obligación sea remitir el parte en tres días hábiles, no naturales. 

Menos trámites o compensarlos

Ante ese aumento de faena, el Consell ha demandado que o bien se reduce la misma, o bien se restituye la normativa derogada en el 2015, según la cual los graduados sociales se quedaban con el 2% de todas las cotizaciones que remitían al erario público, para así contratar a nuevo personal y compensar la carga de trabajo adicional. Según explican fuentes del sector, ello representaba para un despacho de 30 trabajadores el equivalente del sueldo de uno de ellos. 

En una rueda de prensa la semana pasada, los graduados sociales, unos 20.000 colegiados en toda España y 2.200 de ellos en Catalunya, alertaron de un "riesgo inminente de colapso" en sus despachos ante el aumento progresivo de la carga de trabajo. 

La carga administrativa que el Gobierno ha añadido a las empresas (y especialmente a sus gestores) durante la presente legislatura excede a las precedentes. Más de mil páginas al día debería haber leído el responsable de recursos humanos de una empresa catalana durante los últimos tres años para estar al tanto de todas las novedades legislativas aprobadas desde el 2020. Un total de 1.068.935 son las páginas en nuevas leyes (o modificadas), si se suma el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que han tenido que integrar las corporaciones catalanas en este periodo, según los datos del último informe publicado por la patronal CEOE.  

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