Foment llevará a la Audiencia Nacional su cruzada contra el impuesto de patrimonio

La patronal catalana Foment del Treball llevará a la Audiencia Nacional su cruzada contra el impuesto de patrimonio. El presidente de la entidad empresarial, Josep Sánchez Llibre, ha explicado este martes en rueda de prensa su intención de plantear en dicho tribunal una cuestión de inconstitucionalidad, para tratar de acelerar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre esta cuestión. Y, bajo la opinión de Foment, que lo declare inconstitucional y obligue al Gobierno a suprimirlo. “Solo queremos que los catalanes tengamos la misma fiscalidad que los madrileños o los andaluces”, ha declarado Sánchez Llibre. 

El impuesto de patrimonio es un gravamen que recaudan las comunidades autónomas y que, con carácter general, grava a aquellas personas con un patrimonio superior a los 700.000 euros (sin tener en cuenta la vivienda principal). En 2020, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, un total de 189.613 personas presentaron declaración sobre el impuesto de patrimonio, pagando un total de 1.203,7 millones de euros. En Catalunya pagaron unas 80.150 personas, dejando en las arcas de la Generalitat 546, 5 millones de euros, el 45% de lo recaudado en toda España. 

Foment del Treball hace años que está en una ofensiva para reducir la fiscalidad que pagan los catalanes y el impuesto de patrimonio es una de sus frentes abiertos. “Es un impuesto que nos preocupa muchísimo, es confiscatorio ya que grava un patrimonio que no genera las rentas suficientes para pagar dicho impuesto”, ha defendido Sánchez Llibre. Ya en 2021 impulsó un recurso de inconstitucionalidad, que acabó presentado el PP y sobre el que de momento el TC no se ha pronunciado. 

Ahora la patronal catalana busca acelerar con este último movimiento dicho pronunciamiento. Y para ello ha contratado al bufete de abogados Crowe, para que siembre las dudas sobre la inconstitucionalidad del impuesto. El proceder será el siguiente: Foment presentará ante la Audiencia Nacional una demanda vía contencioso administrativo, en la que pida a la Audiencia Nacional que diga si considera o no que el impuesto es inconstitucional. Como en España el único tribunal que puede pronunciarse sobre esta cuestión es el TC, serán ellos los que dictaminen -si aceptan el recurso- si ven lagunas o no de constitucionalidad en el recurso.  

Sin fecha de resolución

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Foment ha presentado este martes una causa que puede tardar un mínimo de cinco meses en llegar al TC y que luego ahí entra en un lapso indeterminado de tiempo hasta el veredicto final, según han reconocido los demandantes. Desde la patronal han recomendado a todas aquellas personas que paguen anualmente el impuesto de patrimonio es que sigan pagándolo, pero que al día siguiente presenten un recurso para que les devuelvan el dinero. 

Ya que, en el hipotético caso de que los tribunales acaben fallando a favor de Foment y supriman dicho gravamen, solo aquellas personas que con anterioridad hayan presentado un recurso podrán recibir hasta un máximo de cuatro anualidades de impuestos de vuelta. En dicho caso, como los tributos están cedidos y los recaudan las comunidades autónomas, deberán ser estas las que asuman los reintegros de sus propias arcas.  En el caso de Catalunya, debiera correr a cuenta de la Generalitat.