El Congreso se da dos semanas para desatascar el Defensor del Cliente Financiero

Los grupos parlamentarios se han dado un plazo de dos semanas para tratar de desatascar la tramitación del proyecto de ley para la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con la que el Gobierno pretende revolucionar el sistema de resolución de reclamaciones a bancos, aseguradoras y firmas de inversión, según confirman fuentes parlamentarias. El objetivo es sortear el riesgo de que el proyecto decaiga con el fin de la legislatura, como se anhela que suceda en ámbitos de las empresas afectadas y los supervisores. Como desveló este diario, tanto el Banco de España como las patronales bancarias AEB y CECA se pronunciaron rotundamente en contra del nuevo organismo en los informes que enviaron al Ministerio de Economía el año pasado antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros. 

Precisamente, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha urgido públicamente en la última semana en dos ocasiones a los grupos parlamentarios a agilizar la tramitación del proyecto. La número dos del Gobierno ha vinculado su reclamación al hecho de que la nueva autoridad podrá "supervisar" el cumplimiento por parte de los bancos de los códigos de buenas prácticas, como el recientemente ampliado para reestructurar hipotecas de clientes vulnerables. "Creo que no podemos hacer el juego a aquellos que quieren que este proyecto de ley se quede atascado en el Parlamento", reclamó hace unos días en el Congreso. 

Varapalo del Banco de España al Defensor del Cliente Financiero de Calviño

El nuevo organismo va a resolver las reclamaciones que hasta ahora se presentan ante el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía. El departamento que dirige Calviño ha fijado que sus decisiones sean vinculantes para las entidades (no para los clientes) cuando la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros. Supone el cambio de mayor calado, ya que los dictámenes de los tres supervisores sectoriales no son de obligado cumplimiento, lo que hace que sean ignorados por las entidades en porcentajes elevados. Economía también ha determinado que las empresas financien el organismo con una tasa 250 euros por reclamación recibida, mientras que para los clientes sea gratuito.

Tramitación urgente

El plazo para que los grupos presenten propuestas de enmiendas para cambiar aspectos del proyecto del Gobierno finalizaba en principio el pasado 6 de febrero, pero se ha prorrogado ya tres veces, hasta este miércoles. Sin embargo, explican fuentes parlamentarias, la idea es volverlo a ampliar en otras dos semanas, pero en principio no más. A principios de marzo se constituiría la ponencia de la Comisión de Economía que elaborará el informe con las enmiendas que susciten apoyo suficiente. Posteriormente se votaría dicho informe y el resto de enmiendas en la Comisión (salvo que se solicite elevarlo al pleno). Si se presenta alguna enmienda a la totalidad, como es posible, el proceso se retrasaría una semana. En estas condiciones, el proyecto podría salir rumbo al Senado en principio en abril o mayo, para posteriormente volver al Congreso para su aprobación definitiva si ha sido objeto de algún cambio en la cámara alta. El Gobierno, que solicitó hace unas semanas su tramitación urgente, confía en que reciba la luz verde definitiva antes del verano, aunque es consciente del riesgo de que se retrase. 

Este martes, precisamente, han comenzado los tres días de comparecencias solicitadas por los grupos para tomar sus posiciones definitivas. Por parte del Gobierno, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha defendido que es "urgente" que la autoridad comience a funcionar. "Estamos en un entorno en el que la reputación y la percepción que tienen los ciudadanos y los clientes sobre las entidades financieras siguen teniendo problemas en muchos ámbitos, en algunos por casos arrastrados del pasado, pero en otros tienen que ver con que todavía hay elementos de protección que tienen que mejorarse", ha argumentado. 

Reputación y subida de tipos

El número dos de Calviño, en esta línea, ha destacado que el "impacto sobre las familias" de las subidas de tipos va a generar una "mayor atención" sobre la relación entre entidades y clientes, como también ha subrayado la "preocupación ciudadana" por la inclusión financiera en ámbitos como los clientes mayores y los rurales, en los que es "muy importante" comprobar que los bancos cumplen los compromisos que asumieron el año pasado. "Las entidades tienen dudas e incomodidades respecto a este proyecto en algunos ámbitos, pero nosotros estamos convencidos de que este proyecto también va a ser bueno para las entidades, va a reducir la litigiosidad y los costes de transacción y va a ayudarles a tener una relación con los clientes mejor", ha defendido. 

Varios de los grupos parlamentarios (PP, VOX, C's, PNV y PdeCat) han preguntado al secretario de Estado sobre algunos de los aspectos del proyecto más criticados por el Banco de España y los bancos, que en los últimos meses han hecho 'loby' para defender sus posiciones e intereses. En particular, han cuestionado sobre la tasa de 250 euros por reclamación que tendrán que pagar las entidades. García Andrés, en este sentido, ha defendido que la gratuidad para el cliente es un "elemento fundamental" del proyecto y que la cuantía se ha calculado para cubrir el coste de mantenimiento de la autoridad según las reclamaciones que se prevé que reciba al año (unas 100.000), si bien ha dejado la puerta abierta a variar dicha cuantía en función de los costes que realmente tenga el organismo una vez entre en funcionamiento.

Suscríbete para seguir leyendo