La Generalitat mejorará los servicios para que los parados de la 'Catalunya vaciada' encuentren empleo

El Govern ha cerrado con patronales, sindicatos y federaciones municipales un acuerdo para mejorar los servicios de empleo a través de la descentralización, acercándolos al ciudadano y beneficiando en mayor medida a los desempleados de la 'Catalunya vaciada'. El pacto alcanzado reestructura el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) con el objetivo de mejorar la eficiencia de los programas y que las subvenciones que se den sirvan para ofrecer cursos y servicios que realmente ayuden a los parados a reengancharse al mercado laboral y evitar que algunos sean un catálogo superficial de prestaciones alejadas de las necesidades del usuario. 

Oficinas de empleo con perspectiva de kilómetro cero. Este es espíritu del acuerdo rubricado este lunes por el 'conseller' de Empresa i Treball, Roger Torrent, y los agentes sociales más representativos en el Palau Robert de Barcelona. En Catalunya hay actualmente casi 350.000 personas que quieren trabajar pero no encuentran empleo. Cerca de uno de cada cuatro se concentran en la ciudad de Barcelona y colindantes y el resto de reparte entre las 41 comarcas restantes. Y uno de los problemas que busca salvar la reforma concertada por el Govern es huir del centralismo y que las necesidades de los desempleados de la capital no condicionen las oportunidades del resto del país.

"El propósito es el de siempre: mejorar las oportunidades de las personas desempleadas. [...] Pero con un abordaje diferente", ha definido el 'conseller' Torrent tras la firma del acuerdo. Hasta ahora los programas y servicios que prestaban las oficinas de empleo en Catalunya se definían desde la cúpula del SOC y desde las diferentes comarcas decidían si postulaban o no a dichos programas. La voluntad de repartir juego entre los distintos territorios existía, pero el sesgo centralista y homogeneizador acababa condicionando el resultado final.

A partir de ahora, los municipios, patronales y sindicatos de cada territorio -sea este un municipio, una alianza de municipios o incluso una alianza de comarcas- pueden constituir su propio eje territorial. Y, a través de este, agrupar su propio presupuesto, definir su cartera de servicios y ejecutar sus propios programas. De alguna manera esos territorios se 'independizarán' del SOC y ejecutarán sus propios servicios de empleo, partiendo de una base comuna y con presupuestos plurianuales. La previsión del Departament de Treball es que los primeros ejes territoriales sean reconocidos a partir del cuarto trimestre del 2023.

¿Cómo mejorará la atención al usuario?

No son las mismas las necesidades de una comarca como la pirenaica Alta Ribagorça, con una tasa de paro del 6,3%, que la ebrense Montsià, con un paro del 12,5%. La reforma pretende dar más peso a sus organizaciones locales para que sean estas las que definan sus propios programas de empleo y que si en un sitio hay un problema de paro juvenil, se programen cursos para formación, y si en otro hay un problema de desempleo de larga duración se diseñen subvenciones para la inserción directa en empresas.

Otro elemento que incluye la nueva estructura es la integración de la información entre entidades municipales y Generalitat. Lo que provocará que si un parado va al SOC a solicitar acompañamiento, no tenga que volver a explicarle al técnico todo lo que ha hecho y su historial laboral que antes le ha explicado al servicio de empleo de su pueblo o ciudad.

Programas más estables

La descentralización permitirá, según esperan desde Treball, agotar mayor proporción del presupuesto -actualmente se gasta anualmente cerca del 90%- y, sobre todo, gastarlo más rápido. Pues el problema que se encuentran algunas convocatorias de ayudas o programas es que se sacan y tardan mucho tiempo en ejecutarse. Y otro elemento es que la unión de diferentes territorios y actores pequeños permitirá diseñar programas plurianuales de empleo. Otro de los problemas que denuncian los trabajadores del SOC o el Sepe es que las subvenciones tiene un corte anual y cada año deben renovarse. Lo que condiciona a las plantillas, ya que hay orientadores que se contratan vinculados a ese programa y que cuando vence no son renovados. Eso provoca que haya técnicos que tengan contratos más cortos que el tiempo que pasan en paro las personas a las que atienden.

La nueva estructura del SOC permitirá sumar presupuestos, bajo el aval de la Generalitat, y hacer planificaciones a tres o cuatro años vista. Lo que concede más estabilidad para las plantillas y mejor conocimiento de cara a los usuarios. Una posibilidad que confiere el acuerdo cerrado este lunes es que la Generalitat actúe como equilibrador entre territorios. Es decir, si en una comarca o región detectan que se están haciendo las cosas bien y hay menor necesidad de fondos que en otra zona donde hay mayor paro y/o mayores dificultades para revertirlo, desde la administración catalana podrán derivar más fondos. Lo que promete beneficiar especialmente a zonas más despobladas y con un tejido asociativo menos vigoroso.

El 'parto' del pacto no ha sido fácil y es que este proviene de una ley aprobada en 2015, siete años después, queda blanco sobre negro. Las resistencias desde los municipios de aceptar la entrada de los agentes sociales en la gobernanza de los programas de empleo explica gran parte de la tardanza. "No siempre es fácil poner de acuerdo a todas las sensibilidades", ha reconocido Torrent.