Los ingresos de las tarifas reguladas de luz y gas se libran del nuevo impuesto a las energéticas

Los ingresos obtenidos por las empresas energéticas a partir de las tarifas reguladas de la luz y del gas quedarán fuera del nuevo impuesto sobre el sector que se tramita en el Congreso de los Diputados. Este miércoles, la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado sin ningún voto en contra una enmienda pactada entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos, PNV y PdCat a la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito para dejar fuera del nuevo gravamen del 1,2% los ingresos obtenidos a partir de actividades con precio regulado, tales como la tarifa regulada de luz y gas. Esta no es, sin embargo, la parte más importante de los ingresos regulados que obtienen las energéticas. El negocio regulado aún es mayor por las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural. Estos ingresos también se librarán del gravamen del 1,2%.

En definitiva, esta enmienda busca librar del gravamen a los ingresos regulados -que son aquellos fijados por el Gobierno- ya que se interpreta que ninguno de ellos reporta a las energéticas los "beneficios extraordinarios" que se pretende hacer tributar para obtener unos ingresos adicionales con los que atender medidas para los coletivos más vulnerables y la financiación de nuevas infraestructuras, según han subrayado el portavoz en la Comisión de Economía de UP, Txema Guijarro, el del partido socialista, Pedro Casares y el del PdCat, Ferrán Bel. El gravamen sí se aplicará sobre los ingresos por los recibos de luz y gas de clientes acogidos al mercado libre, que son las facturas que más beneficios extraordinarios están proporcionando a las compañías. 

Impacto de los cambios

En concreto, el cambio introducido este jueves deja fuera del gravamen del 1,2% de las energéticas el PVPC de electricidad (precio voluntario para el pequeño consumidor), la tarifa de último recurso (TUR) del gas y del gas licuado (GLP) tanto envasado como por canalización, así como "los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos los ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico".

En la práctica, esta enmienda transaccional podrá reducir de forma muy importante la carga del nuevo impuesto sobre las energéticas, con el que Hacienda había previsto ingresar 2.000 millones de euros en cada uno de los dos años en que, en principio, estará en vigor el nuevo tributo (4.000 millones en total)

Iberdrola y Endesa habían calculado que, en su redacción inicial, el impuesto les iba a suponer un impacto de 400 millones de euros cada una en su cuenta de resultados. Las multinacionales no han recalculado aún el impacto que les podrá suponer el tributo después de los cambios incorporados hasta ahora en el Congreso de los Diputados. A modo de aproximación, en todo caso, puede servir el ejemplo de Endesa: de los 24.620 millones de euros de su facturación hasta septiembre, la mayoría son ingresos obtenidos en España, de los que aproximadamente unos 5.000 corresponden a actividades reguladas. Es decir, para la empresa que dirige José Bogas, el ahorro derivado de la enmienda introducida este jueves en el Congreso se podría situar en el entorno de un 20%.

Ingresos obtenidos en España

Además, otra enmienda pactada entre los cuatro grupos parlamentarios también aclara que los ingresos obtenidos por las energéticas por actividades fuera del territorito español no serán sometidos al tributo del 1,2%. Este criterio ya aparecía en estos términos en la exposición de motivos de la proposición de ley; sin embargo, no quedaba claro en su articulado y con la enmienda transaccional ya no habrá ninguna duda.

Lo mismo se ha producido en relación al nuevo gravamen del 4,8% sobre los ingresos por comisiones e intereses de las grandes entidades financieras. Una enmienda introducida este jueves aclara en el articulado que el nuevo tributo solo se aplicará sobre los ingresos por intereses y comisiones obtenidos en España, tal como ya se decía en la exposición de motivos.

Base más amplia de contribuyentes

La merma recaudatoria para Hacienda de las enmienda que libera del impuesto a los ingresos por actividades reguladas de las energéticas se verá en parte compensada por otra enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos. Con esta enmienda, el nuevo impuesto del 1,2% se extiende -además de a los operadores principales del sector que facturen más de 1.000 millones- "a las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería".

Del mismo modo que esta modificación hará tributar a la actividad en España de energéticas extranjeras, otra enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos establece el mismo criterio respecto del nuevo impuesto sobre entidades financieras: no solo estarán obligadas las entidades españolas que obtuvieran unos ingresos por intereses y comisiones de más de 800 millones de euros en 2019, sino también todas aquellas supervisadas directamente por el Banco Central Europeo (BCE), "incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras", independientemente de sus ingresos de aquel año. Se trata de una reivindicación que habían planteado los grandes bancos españoles, que argumentaban que de lo contrario se verían perjudicados frente a entidades como la holandesa ING. También el Banco Central Europeo (BCE) había advertido de ello. 

Impuesto de patrimonio

Las enmiendas incorporadas este jueves en la proposición de ley que regula los nuevos gravámenes sobre energéticas y sector de financiero se suman al bloque de enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos que, en su mayoría, ya fue incorporado este martes en el trámite de ponencia. Dentro de este bloque de enmiendas, los dos grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno de coalición incluyeron la creación del nuevo del nuevo impuesto sobre el patrimonio a partir de 3 millones de euros en comunidades autónomas donde este tributo ha sido desmantelado, como Madrid y Andalucía.

Los cambios incorporados este jueves a la proposición de ley apenas alteran el diseño del nuevo impuesto sobre los ingresos de las grandes entidades financieras. Además, una enmienda transaccional impulsada por EH Bildu y firmada también por PSOE y Unidas Podemos establece que "en el último trimestre de 2024, el Gobierno realizará un estudio de los resultados del gravamen, y evaluará su mantenimiento con carácter permanente".