Reforma fiscal
PSOE y Podemos registran el nuevo impuesto de patrimonio en el Congreso
Los dos partidos del Gobierno detallan que la recaudación extra se destinará "a financiar políticas de apoyo a los más vulnerables"

María Jesús Montero dialoga con Pablo Echenique.


Rosa María Sánchez
Rosa María SánchezRedactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.


Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel RodríguezPeriodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
PSOE y Unidas Podemos ya han plasmado por escrito el nuevo impuesto que prometieron para gravar los patrimonios netos superiores a los tres millones de euros. Los dos partidos del Ejecutivo quieren tramitar este nuevo gravamen a través de una enmienda a la proposición de ley que registraron en julio para crear dos nuevas figuras tributarias dirigidas a las entidades financieras y las grandes eléctricas. Si se incoporan las enmiendas presentadas este jueves por PSOE y Unidas Podemos, la norma queda bautizada, por tanto, como Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y por la que se crea el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En la exposición de motivos, socialistas y morados defienden que el objetivo con este nuevo impuesto es recaudar y buscar la armonización fiscal entre los territorios. Los dos partidos quieren regular que la recaudación extra se destine a "financiar políticas de apoyo a los más vulnerables".
En la enmienda para la creación del nuevo impuesto sobre patrimonios a partir de 3 millones de euros, se establece que el tributo "será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue a partir de la fecha de su entrada en vigor". Si se cumple el propósito del Ministerio de Hacienda de que el proyecto ley para la creación de los tres nuevos tributos sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre, los nuevos impuestos (sobre entidades financieras, energéticas y patrimonios) afectarán a los ejercicios 2022 y 2023, cuyas respectivas declaraciones se habrán de presentar en las campañas de 2023 y 2024.
Esto significa que se tendrá en cuenta el patrimonio a 31 de diciembre de 2022 y que el impacto recaudatorio se notará en 2023. Asimismo, para el próximo año se tendrá en cuenta el devengo a 31 de diciembre de 2023 y la recaudación se notará en 2024. En todo caso, la enmienda establece que "al término del periodo de vigencia de este impuesto, el Gobierno efectuará una evaluación para valorar los resultados del impuesto y proponer, en su caso, su mantenimiento o supresión".
Descripción del impuesto
Como ya adelantó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a finales de septiembre, la enmienda establece que para un patrimonio neto entre 3 y 5 millones, se aplicará un tipo fiscal del 1,7%; entre 5 y 10 millones de patrimonio neto se aplicará un tipo del 2,1%; a partir de 10 millones, será aplicable el 3,5%. Más allá de la tarifa, el nuevo impuesto sobre grandes fortunas se regirá por las reglas del actual impuesto sobre patrimonio para su determinación.
Socialistas y morados sostienen que la primera finalidad del nuevo impuesto es "es recaudatoria, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas". El nuevo gravamen sobre grandes fortunas afectará a 23.000 contribuyentes y permitirá una recaudación adicional de 1.500 millones, según las estimaciones de Hacienda. En el texto de las enmiendas queda claro que la recaudación "se destinará a financiar políticas de apoyo a los más vulnerables".
Acabar con el 'dumping fiscal'
"La segunda finalidad es armonizadora, con el objetivo de disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas comunidades autónomas, especialmente para que la carga tributaria de los contribuyentes residentes en aquellas comunidades autónomas que han desfiscalizado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto", sostiene el texto de la enmienda. Así, quedaría sin efecto la bonificación del 100% del Patrimonio de Madrid y Andalucía.
En las enmiendas presentadas, se concreta que este impuesto es "complementario" al de Patrimonio, por lo que serán deducibles las cantidades abonadas por este gravamen que se paga en las comunidades autónomas a fin de evitar "la doble imposición". "Solo tributarán por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma", detalla.
Grupos empresariales
Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos también pretenden llevar a la proposión de ley en tramitación la decisión del Gobierno de limitar al 50% la posibilidad de que los grupos de sociedades compensen en 2023 las pérdidas de sus filiales. Se estima que esta medida, de carácter temporal, afectará a 3.609 empresas, el 0,2% de los declarantes de sociedades, con un impacto recaudatorio de 2.439 millones entre 2023 y 2024.
Las enmiendas de los grupos del Gobierno también proponen "incrementar los límites de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales españolas y extranjeras, y permitir la aplicación de la deducción por el contribuyente que financia los costes de la producción de producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos, de series audiovisuales y de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales". Ello será así, "cuando las cantidades que aporte destinadas a financiar los citados costes se aporten en cualquier fase de la producción, con carácter previo o posterior al momento en que el productor incurra en los costes de producción", según la enmienda firmada por PSOE y Unidas Podemos.
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