¿Qué puede y que no puede hacer el Govern con una prórroga de Presupuestos?

Las inversiones en carreteras e infraestructuras sufrieron varios ejercicios de parálisis con la década de prórrogas y presupuestos fuera de plazo aplicado por la Generalitat entre 2010 y 2021. Y esa es una situación que puede volver a suceder con las de 2023, tras salir Junts per Catalunya del Govern.

El problema esencial son los más de 3.000 millones adicionales que le corresponden a la comunidad por la financiación autonómica, que no se pierden pero que se tendrían que gestionar con menos agilidad a través del Parlament. Y normalmente afectan sobretodo a las inversiones.

El 'president' Pere Aragonès, defensor a ultranza de contar con cuentas a partir del 1 de enero, aunque admitió que puede ser más complicado, aseguró en una entrevista en TV3 que es "mucho mejor iniciar el ejercicio con todo planificado que tener que ir tirando sobre la marcha". Y sigue presionando a su exsocios para que avalen unas cifras que elaboró un 'conseller' que les representaba, Jaume Giró.

En esencia, una prórroga supone que se tiene que mantener el mismo nivel de gasto que en las cuentas del ejercicio prorrogado y teniendo en cuenta que una inflación elevada como la actual (9,9%) hace que se pueda hacer menos con los mismos recursos. El límite de gasto no financiero establecido para 2022 fue de 30.015 millones de euros y para 2023 se disparó más del 10% hasta los 33.113 millones de euros. Es necesario que todo esté planificado desde el uno de enero para poder gestionar con más agilidad. Si no existen herramientas para poder gastar más de lo previsto a pesar de la prórroga a través de ampliaciones de crédito.

Una de las incógnitas son los 300 millones anunciados por Aragonès para paliar los efectos de la inflación. Según expertos, como Martí Carnicer, que fue secretario general de Economia durante el tripartito y que ha elaborado varios presupuestos, al aprobar la prórroga, el Consell Executiu puede realizar un expediente de modificación de crédito y hacerlo a través de traspasar recursos de una partida a otra, lo que se denomina transferencia de crédito. La vía más fácil y que es la que se empleó durante la pandemia del covid para destinar a gastos sanitarios y sociales.

Más compleja es la opción de los créditos extraordinarios o los suplementos de crédito, que aumentan el gasto y que requieren pasar por el Parlament, a través de un un informe justificativo, lo que ralentiza la gestión. Si el resto de partidos no apoyaron un Presupuestos podrían frenar algunas iniciativas de mayor gasto que plantee el Govern o hacérselas modificar. Los fondos europeos, en cambio, requieren la generación de crédito, que implica más gasto como consecuencia de unos mayores ingresos, pero se pueden usar a medida que van llegando, afirman los expertos.

Sin cuentas nuevas, el Ejecutivo catalán debe atenerse esencialmente a los gastos por mandato legal, como las subidas salariales o similares, tal como establecen las propias normas presupuestarias y la ley de finanzas públicas de Catalunya. La práctica dice que si el proyecto presupuestario se aprueba por parte del Govern y entra en el Parlament antes de que acabe octubre, se pueden aprobar en plazo. Si se supera ese mes ya se tiene que aprobar la prórroga por parte del Ejecutivo.

La ley de Presupuestos de la Generalitat afirma que no se pueden llevar a cabo iniciativas legislativas o administrativas que supongan un aumento del gasto público presupuestado si no se proponen, a la vez, los recursos adicionales necesarios o las reducciones proporcionales de gasto. Tampoco se pueden tramitar ampliaciones de plantilla nuevas ni otras reestructuraciones que comporten un aumento global del gasto de personal.

Durante el periodo de prórroga no se pueden tramitar gastos de los capítulos seis, siete y ocho, que incluyen básicamente inversiones, con la excepción de los autorizados por acuerdos de gobierno con carácter plurianual. En todo caso se pueden autorizar algunas excepciones.

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