Los Veintisiete pactan reducir un 5% la demanda eléctrica en horas de máximo consumo

En un plazo de tan solo dos semanas, cuando lo habitual suelen ser meses, los ministros de energía de la Unión Europea han logrado cerrar un acuerdo político sobre una nueva batería de medidas de emergencia que permitirá intervenir el mercado eléctrico europeo para rebajar la factura de la luz de millones de hogares y empresas. El plan, tal y como propuso en su día la Comisión Europea, contempla una reducción obligatoria del consumo de electricidad del 5% en las horas puntas más una reducción recomendada global del 10%, un tope a los ingresos extraordinarios de las tecnologías inframarginales de bajo coste como las renovables y una contribución temporal y solidaria de las petroleras y empresas gasistas.

El reglamento acomoda las posturas de los Veintisiete y les garantiza flexibilidad de forma que puedan seguir aplicando las medidas equivalentes si ya las tienen a nivel nacional. Esto significa que el Gobierno de Pedro Sánchez podrá seguir aplicando la minoración de los beneficios de las tecnologías inframarginales, puesto en marcha en septiembre del año pasado, así como el nuevo impuesto del 1,2% a las empresas energéticas.

“Vivimos tiempos excepcionales. El acuerdo supondrá un alivio para los ciudadanos y las empresas europeas. Los Estados miembros aplanarán la curva de la demanda de electricidad durante las horas punta, lo que tendrá un efecto positivo directo en los precios” y “redistribuirán los beneficios excedentes del sector energético entre quienes tienen dificultades para pagar sus facturas”, ha celebrado el ministro checo de energía y presidente de turno del Consejo, Jozef Síkela, dispuesto a seguir convocando tantas reuniones extraordinarias como hagan falta para completar el puzzle de medidas energéticas.

Ahorro e ingresos adicionales

El acuerdo establece un objetivo de reducción global voluntario del 10% del consumo bruto de electricidad y un 5% obligatorio en las horas punta del día, las más caras, hasta finales de marzo de 2023. Los Estados miembros tendrán libertad absoluta para identificar sus horas punta así como las medidas adecuadas para reducir el consumo para ambos objetivos en este periodo.

Además, permite limitar los beneficios extraordinarios a 180 euros/MWh para los generadores de electricidad, incluidos los intermediarios, que utilizan las llamadas tecnologías inframarginales para producir electricidad (renovables o nuclear). Los 27 entienden que estos operadores han obtenido ganancias financieras inesperadas en los últimos meses, sin que sus costes operativos hayan aumentado, por el papel del carbón y el gas como fuentes marginales que fijan los precios y que actualmente inflan el precio final de la electricidad. El acuerdo permitirá a España seguir aplicando el tope de 67 euros MWh que aplicar desde el año pasado.

El tercer pilar introduce una “contribución de solidaridad temporal obligatoria” sobre los beneficios de las empresas de petróleo crudo, gas natural, carbón y refinerías. Este impuesto, del 33% de los beneficios extraordinarios, se calculará sobre los beneficios imponibles, determinados según las normas fiscales nacionales en el ejercicio fiscal que comienza en 2022 y/o en 2023, que sean superiores a un aumento del 20% de la media de los beneficios imponibles anuales desde 2018. Aunque no es exactamente igual que el gravamen español, el reglamento garantiza que los Estados miembros podrán mantener sus medidas nacionales si son equivalentes. Estos ingresos adicionales se utilizarán para aliviar la factura de hogares y empresas y mitigar los efectos de los altos precios de la electricidad al por menor

La nueva norma, que entrará en vigor en cuanto concluya la tramitación y sea publicada en el Diario Oficial, también permitirá a los gobiernos fijar temporalmente un precio para el suministro de electricidad a las pymes y, de forma excepcional y temporal, un precio para el suministro de electricidad que esté por debajo del coste.

A vueltas con el gas

En lo que no hay avances es en las posibles medidas para intervenir el precio del gas, un debate que ha sido mucho más divisivo. Muchas delegaciones, como España, han expresado además su "decepción" por la tardanza de Bruselas en presentar propuestas legislativas en este terreno y la Comisión se ha comprometido a pisar el acelerador. "La Comisión desarrollará ideas antes del Consejo Europeo de la próxima semana (el informal de Praga). Este trabajo formaría en última instancia la base de una propuesta legislativa que presentaríamos rápidamente", ha anunciado la comisaria de energía, Kadri Simson sin dar fechas.

"Hay que seguir trabajando. Hay que hacerlo de forma urgente. No basta lo que tenemos encima de la mesa. Nos gustaría que la Comisión nos hiciera una propuesta más concreta", ha insistido al término de la reunión la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para quien las primeras pistas de Bruselas, que contemplan un tope al gas ruso, negociar con proveedores mejores condiciones o la revisión del índice TTF, se quedan cortas. "Si no ponemos un tope al gas podemos tener un impacto importante sobre el PIB de la UE", ha alertado la ministra de Transición ecológica que considera que Simson ha captado el mensaje de que el origen de todos los problemas está en el precio del gas

Quince de los 27 Estados miembros, incluida España, han pedido por escrito un tope al precio del gas que importa la Unión Europea, tanto por gasoducto como por barco. Una idea que sigue sin gustar ni en Berlín, ni en La Haya ni en Bruselas. "Esto claramente tendría un efecto en los precios, pero también significaría efectivamente la suspensión del mercado de gas de la UE y crearía riesgos para la seguridad del suministro. Dar un paso tan drástico exigiría condiciones no negociables, la primera un compromiso obligatorio de ahorro de gas más allá del 15 % actual", ha respondido la comisaria que ha insistido, en cambio, en fijar un tope solo para el precio del gas ruso.

Simson también se ha mostrado abierta a desarrollar un índice de referencia alternativo al TTF holandés, el más utilizado en las operaciones de GNL y que no refleja la realidad actual del mercado, y a negociar mejores condiciones con los proveedores fiables. "Intentaremos negociar no un tope fijo sino una banda en la que se mueva ese tope y que permita abaratar los precios", ha añadido sobre una idea que se asemeja al "corredor de precios" defendido por Ribera.