La banca reclama repartir el nuevo impuesto entre más entidades

Los bancos han asumido como prácticamente imposible que el 'impuesto' al sector impulsado por el Gobierno no salga adelante. Y por ello, están tratando de influir en algunos grupos parlamentarios para que el gravamen que finalmente se apruebe les sea lo menos perjudicial posible. El sector, así, ha propuesto que un número mayor de entidades estén obligadas a pagar el gravamen para no perjudicar a la competencia, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Las entidades, de esta manera, han propuesto a través de sus patronales AEB y CECA varias enmiendas a la proposición de ley para crear la "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria" (oficialmente no es un impuesto para evitar escollos legales) que tramita el Congreso. El sector ha instado a que los bancos extranjeros que operan en España mediante sucursales, como ING y BNP Paribas, tengan que abonar la tasa, de la que por ahora estarían exentos pese a ser competidores directos.

Aunque hay dudas sobre cómo interpretar la proposición de ley, el sector estima que como está ahora redactado solo afectaría a las 10 u 11 mayores entidades. En las últimas semanas han sopesado instar a bajar el nivel de ingresos (margen de intereses más comisiones) mínimo de 2019 que obliga a abonarlo. Ello permitiría al Estado recaudar la cantidad prevista (3.000 millones entre 2023 y 2024, con cargo a los dos ejercicios precedentes) bajando el tipo del 'impuesto' por debajo del 4,8%. Finalmente, han desestimado hacer una propuesta concreta al respecto, si bien sí tratan de que más entidades se vean afectadas.

Deducible y repercutido

El sector, asimismo, ha propuesto que las operaciones intragrupo no sean tenidas en cuenta en el gravamen. Además, ha solicitado que el pago del 'impuesto' sea deducible a efectos fiscales y que se le permita repercutir su coste a los clientes. A ello les obliga, ha argumentado, la normativa de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Además, ha expuesto, sería discriminatorio frente a otros sectores empresariales que sí están pudiendo repercutir el aumento de costes provocado por la espiral inflacionista. Los grandes bancos con negocio internacional también quieren que su actividad exterior con conexiones en España quede exenta.

Las entidades, además, consideran que sería más razonable que se grave sus beneficios, y no sus ingresos más básicos, ya que la fórmula elegida no tiene en cuentas sus costes y perjudica a los bancos en los que otras vías de ingresos (como los seguros o las carteras industriales) tienen menos peso. Ambas patronales, asimismo, han propuesto como enmienda que el gravamen sea retirado, pero son conscientes de que es más que improbable que la proposición de ley no salga adelante antes de que acabe el año. 

Años de litigio

Al tratarse de una proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos, los únicos que podrían llevar la norma al Tribunal Constitucional, una vez aprobada, serían los grupos parlamentarios o un colectivo de al menos 50 diputados o 50 senadores. Los bancos albergaban alguna mínima esperanza de que el PP o Vox pudieran hacerlo, pero lo ven muy poco probable por el coste político de tomar una iniciativa que podría resultar impopular en un año preelectoral y con la espiral inflacionista comiéndose el poder adquisitivo de los hogares.

Lo que parece más probable es que los bancos tengan que esperar a que Hacienda les pase la primera liquidación adelantada del 'impuesto' en febrero del año que viene para llevar el asunto a los tribunales. Entonces las entidades podrán recurrirlo, alegar que va en contra de la carta magna y pedir a los jueces que lo eleven al Tribunal Constitucional. De aceptarlo el juez y admitirlo a trámite el Constitucional, dicho tribunal "tardaría entre seis y ocho años en resolver", apuntan fuentes financieras. 

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