Cambios en las cotizaciones

La reforma de las trabajadoras del hogar entrará plenamente en vigor el 1 de enero

  • El Gobierno pretende aprobar el próximo martes los cambios en el sistema de derechos y cotizaciones de las empleadas del hogar

Una mujer de limpieza en un hogar realizando sus labores profesionales. 

Una mujer de limpieza en un hogar realizando sus labores profesionales.  / CARLOS MONTAÑÉS

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

Escribe desde Barcelona

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La reforma del sistema de derechos y cotizaciones de las trabajadoras del hogar prevé ser aprobada en Consejo de Ministros el próximo martes y entrará plenamente en vigor a partir del 1 de enero del 2023, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras del proceso de confección de la norma. Desde los departamentos de Trabajo y de Seguridad Social ultiman los últimos flecos de un cambio normativo que pretende equiparar en gran medida a las empleadas de este sistema especial con los asalariados del régimen general y dar cumplimiento así a la última sentencia de la justicia europea que censura su actual encuadramiento. Actualmente hay 373.121 trabajadoras del hogar dadas de alta en la Seguridad Social y que se beneficiarán de esta reforma. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, anunció este viernes que la norma irá al Consejo de Ministros del martes. Otras fuentes han detallado a EL PERIÓDICO algunas de las líneas principales de esta reforma.

El Gobierno mueve ficha para dar cumplimiento a un compromiso que ya figuraba en su programa electoral, pero que ha tenido que acelerar dado el fallo judicial del TJUE en el que indicaba que España vulneraba los derechos de las trabajadoras del hogar al limitar sin justificación razonable su acceso a prestaciones de paro o subsidios, entre otros. Y será el Boletín Oficial del Estado (BOE) del próximo miércoles el que recoja, salvo cambio inesperado de última hora, la letra pequeña de la reforma.

Esta implicará que las trabajadoras del hogar y sus empleadores deberán aumentar el dinero que destinan a la Seguridad Social para costear esos nuevos derechos, aunque desde el Ejecutivo ultiman un paquete de bonificaciones para amortiguar esa mayor aportación. En el caso de los empleadores, a menor renta de las familias, mayor será la bonificación disponible. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, preguntado este viernes en rueda de prensa por cuánto deberán pagar de más las familias para costear -bonificación mediante- estos nuevos derechos, ha declinado responder.

Fin del despido unilateral

Jurídicamente, la principal novedad que incorporará la norma será la eliminación del despido por desistimiento. Es decir, las familias no podrán cesar unilateralmente y sin justificación a la empleada del hogar. Una práctica recurrente hasta ahora y que genera una clara desprotección a las trabajadoras, ya que con un preaviso mínimo pueden verse en la calle y sin derecho a indemnización ni prestación por desempleo.

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A partir de su plena entrada en vigor, el empleador deberá siempre justificar el despido, como sucede con cualquier trabajador asalariado del régimen general. Y un cese no justificado será recurrible ante los tribunales e implicará un pago indemnizatorio para la cesada. A falta de la letra pequeña que recoja el BOE, la norma diseñada desde los despachos del Ministerio de Trabajo aspira a que todas las empleadas del hogar cesadas tengan acceso a una indemnización, ya sea por despido objetivo o improcedente. Carecerían de ella en caso de cese disciplinario, al igual que ocurre con los asalariados del régimen general.

Tras la nueva legislación podrán acceder a la prestación de paro, siempre que hayan cotizado previamente para la misma. Lo que, a corto plazo, no será posible porque hasta ahora era imposible cotizar para ello. También podrán acceder al subsidio de mayores de 52 años o a las indemnizaciones costeadas por el fondo público Fogasa en caso de que el empleador se declare insolvente. Estas tres medidas quedarán recogidas explícitamente en la norma, aunque ya actualmente hay diversos tribunales que han reconocido estos derechos tras denuncias interpuestas. La norma evitará la judicialización de estos procesos y mejorará las condiciones laborales del colectivo.