El Gobierno deja para la próxima legislatura desplegar el nuevo modelo de peajes

Tan lejana se vislumbra la posibilidad de que los peajes tal como los conocemos regresen a las carreteras españolas, como definida está la fórmula alternativa. Porque exactamente un año después de que cuatro icónicas autopistas catalanas quedaran libres de pago, todavía no hay plan. Lo único claro hasta ahora es que el Gobierno tenía que dar con un sistema de pago este año para aplicarlo de cara a 2024, porque a eso se comprometió con Bruselas como moneda de cambio para recibir su parte de los fondos europeos ‘Next Generation’. La cuestión es que difícilmente cumplirá plazos: a año y medio de esta fecha límite, todavía no hay ninguna opción clara sobre la mesa y la única postura oficial del departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que no la va a haber a corto plazo. El objetivo, de hecho, es actuar una vez superadas las elecciones de finales del año que viene y el tope que se ha puesto es ya 2025.

“Con la situación macroeconómica global y con la lucha contra la inflación, no es oportuno abordar el tema, pero sí que hay el compromiso de estudiar alternativas de una forma técnica y rigurosa”, han sintetizado este miércoles fuentes del ministerio. “No es para esta legislatura, pero sí que queremos tenerlo estudiado”, añaden.

El Govern prevé destinar hasta 15 millones a demoler peajes en C-32 Norte y C-33

Es decir que el plan del Gobierno, que de hecho ha encargado ya a la consultora pública Ineco empezar con el estudio que les planteará todas las posibilidades y un calendario para desplegarlas, es llegar a las elecciones de finales de 2023 con un modelo de pago claro. Por ahora, trabajan con la idea de que la compañía responsable de estos informes los tenga listos el año que viene. Y en cuanto al retraso de cara a Bruselas, "el objetivo es tomar decisiones cuando toque", responden estas mismas fuentes.

Las opciones, en realidad, no son nuevas: puede ser una viñeta (una especie de tarifa plana) o un sistema de pago en función de los kilómetros que se recorran, por ejemplo. “Casi todos los países que han acabado implantando el pago por uso han pasado antes por una viñeta”, recuerdan estas voces ministeriales, que no descartan tampoco este escenario híbrido. En cualquier caso, más allá del modelo, también tienen que decidir qué vías entrarían en el plan de pago o qué papel jugará la red autonómica. “También hay una decisión política en torno a cuál es el modelo de financiación al que aspiramos”, completan.

Balance positivo

Lo que tienen claro desde el ministerio es que el balance del primer año de AP-7 y AP-2 sin peajes es positivo. “Se ha producido un cambio de hábitos en la movilidad, porque la gente hace lo que le es más favorable: si puede hacer más distancia, más cómoda y segura, cogerá la autopista”, señalan estas fuentes, que atribuyen el incremento del tráfico (de más del doble en el caso de la AP-2, por ejemplo) a esta situación.

En este sentido, y también en relación a la siniestralidad de los últimos meses, el Gobierno planea invertir 1.050 millones de euros en actuaciones para mejorar enlaces, funcionalidad y circulación en general. También se ha mostrado abierto a valorar cualquier opción que le planteen otros agentes implicados en el sector como el Servei Català de Trànsit, que ha propuesto reducir la velocidad máxima en determinados tramos de la AP-7.

“Como titulares de la vía estamos trabajando desde que cayó el peaje para que la AP-7 y la AP-2 puedan ser más resilientes ante un accidente, mejoren su funcionalidad y sean más seguras y accesibles”, concretan las fuentes del ministerio, que también apuntan que han invertido hasta la fecha 60 millones de euros en mantener estas vías y que calculan que los conductores se han ahorrado en total en el último año 600 millones de euros al utilizaras gratis.