El Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona ofertarán 3.656 plazas para la estabilización de interinos

La nueva normativa aprobada a finales del 2021 tiene por objeto reducir los elevados niveles de eventualidad que arrastra la función pública en toda España y que se concentra especialmente en los servicios gestionados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y por la que la justicia de la Unión Europea ha censurado al Reino de España en distintas ocasiones, determinando que hasta ahora la Administración ha incurrido en un abuso sistemático de la figura del interino y que la ley española no contemplaba mecanismos de corrección y penalización en caso de la misma.

Es por ello que el Gobierno se vio obligado a confeccionar -y pactar con sindicatos y partidos- una nueva ley para estabilizar de manera masiva a los miles de interinos ocupados en las distintas administraciones de toda España. Entre ellas el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, que entre su personal de servicios sociales, administrativos o de atención a la ciudadanía, entre otros, tienen a miles de eventuales que deberían ser fijos. Fuentes del consistorio barcelonés cifran en 2.000 las plazas de interinos a estabilizar que incluirá su oferta pública de empleo. De estos, 1.000 las ocupan personas con una fecha de acceso anterior al 2016. El detalle concreto, así como los criterios o cuántos irán por concurso de méritos o de oposición, se hará público en los próximos días.

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Y desde la Diputación y sus organismos autónomos el número de interinos a estabilizar está ya definido y es algo menor, de 1.656 plazas. Las negociaciones entre la dirección de la Diputación y los sindicatos con representación mayoritaria estás más avanzadas y ya tienen definido el detalle de los mecanismos a través de los cuales realizarán dicha estabilización. De ese total de plazas, 273 irán por el sistema de concurso oposición con reglamentación especial, y 1.383 por la vía del concurso de méritos. Este último método no contempla examen y el postulante se limita a acreditar experiencia y méritos. Estos criterios de selección, no obstante, todavía no están definidos y se darán a conocer en los "próximos días", según explican fuentes de la institución presidida por Núria Marín.

Legalmente todas las administraciones tienen la obligación de publicitar antes del 1 de junio de este año sus ofertas públicas de empleo extraordinarias para estabilizar a sus interinos en fraude. Este proceso será único en el tiempo -salvo que se aprobase una nueva ley- y no repetible, con el fin de reducir de manera drástica la temporalidad en un plazo breve. La normativa estatal contempla que todas las administraciones tengan una temporalidad media inferior al 8% antes del 2025. Una vez conocidas las plazas públicas ofertadas, antes de acabar este año los distintos organismos irán fijando las fechas de los exámenes y, posteriormente, haciendo públicas las notas y el proceso y plazo de incorporación de los nuevos funcionarios.