Salarios o márgenes empresariales, ¿quién pagará la mayor inflación en 30 años?

La batalla por los salarios está servida y sindicatos y patronales negocian para decidir quién pagará y cómo se repartirán los costes de la mayor inflación desde 1989. El Gobierno conjura a los agentes sociales a acordar un nuevo gran pacto de rentas -una especie de Pactos de la Moncloa 2.0- para definir cómo deben evolucionar los salarios durante los próximos años y cómo hacerlo en plena escalada de los precios de la energía y ante las incertidumbres de la mayor guerra en Europa desde la de los Balcanes. Los expertos consultados para este reportaje advierten de que no existen fórmulas mágicas, que descargar el encarecimiento de precios en las espaldas únicamente de uno u otro bando tendría efectos muy peligrosos sobre la economía y que desempolvar la figura de las cláusulas de revisión se impone como una de las herramientas de mayor consenso. 

¿Es posible que los salarios suban lo suficiente como para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y que a su vez las empresas no trasladen todo ese aumento a la inflación? “Teóricamente es posible, pero llevarlo a la práctica es muy difícil”, reconoce el director del gabinete de estudios económicos de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira. “No hay una fórmula mágica de repercutir el aumento de costes para que todos salvaguarden su poder adquisitivo, sean trabajadores o empresas”, advierte el catedrático de la Universitat de València y economista de Fedea, José Emilio Bosca. “Los gobiernos van a tener que absorber parte del choque de costes para evitar la estanflación”, apunta el director de EsadeEcPol, Toni Roldán.

Los negociadores del diálogo social se enfrentan a la siguiente disyuntiva. “Una congelación salarial generalizada provocaría una caída del consumo interno, lo que sería un problema para el crecimiento del PIB. Especialmente si no se puede compensar con exportaciones o con un aumento prolongado de la ocupación”, advierte el director del gabinete de estudios económicos de la Cambra. Y, por el otro lado, “si las empresas acceden a subir los sueldos al mismo nivel de la inflación y quieren mantener sus márgenes, no tienen otra salida que aumentar precios, lo que provoca esa espiral inflacionista. Y una subida de precios continuada provoca que la producción se resienta, porque las empresas pierden competitividad, venden menos y eso afecta al crecimiento”, explica Bosca. 

La pugna ahora está en quien absorbe más o menos la escalada de precios, si las empresas o los trabajadores. Aunque, según destaca el director de EsadeEcPol, el pacto de rentas que pide Pedro Sánchez no contendrá por si solo la escalada de precios y el Estado deberá actuar como amortiguador temporal. “En el actual contexto, que haya un ligero repunte de la inflación por la subida de los salarios no es el peor de los problemas. Será inevitable porque tenemos un aumento de costes energéticos altísimo. Nos debería preocupar bastante más que las sanciones económicas a Rusia no contagien a los mercados financieros”, opina. 

¿Cómo se resolvió la disyuntiva hace 30 años?

“Por aquel entonces todavía sufríamos la crisis del petróleo de los ’70, veníamos de tasas de inflación de más del 20% y estábamos en plena reconversión industrial”, recuerda el entonces responsable de acción sindical de CCOO de Catalunya, Juan Manuel Tapia. “Uno de los recursos habituales era pactar horquillas salariales a nivel estatal, que en los ’80 podían llegar por encima del 12%. Unas horquillas que muchas veces luego a nivel sectorial nos servían para desencallar la negociación… ¡saltándonoslas!”, rememora el durante años director de relaciones laborales de Foment del Treball José Luís Salido.

La otra gran fórmula que impulsaron entonces los agentes sociales para conseguir cubrirse las espaldas ante la alta volatilidad del IPC fueron las cláusulas de revisión salarial. “Tomábamos como referencia la previsión oficial del Gobierno para ese año y [los sindicatos] planteábamos ese IPC estimado más el poder adquisitivo que quisiéramos ganar. Además del compromiso de revisar al cabo de un año cómo había evolucionado el IPC real y renegociar la subida si se desmarcaba mucho”, apunta el ex responsable de CCOO. 

“Es una fórmula que entraña riesgos, como estamos viendo ahora”, señala el ex negociador de Foment, que recuerda que en acuerdos posteriores, como el alcanzado en 2012, los patronos intentaron diluir las revisiones en función del IPC sumando referencias europeas o la evolución de precios del barril de Brent. Esas cláusulas de revisión salarial fueron una de las primeras víctimas de la reforma laboral del PP, que eliminó la ultraactividad y las empresas aprovecharon para forzar a los sindicatos a renunciar a dichas cláusulas en muchos convenios. Actualmente esta garantía de revisión solo cubre al 16% de los asalariados españoles. “Es una forma de no caer ahora en esa espiral inflacionista y ver qué pasa en los próximos meses”, concede Bosca, de Fedea.

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