Las 26.296 empresas y autónomos de Catalunya a los que la Generalitat reparte ayudas covid | Buscador

Un total de 843 empresas concentran uno de cada cuatro euros de las ayudas covid a la solvencia repartidas por la Generalitat. Hoteles, grupos inmobiliarios, constructoras, fabricantes industriales o consultoras son los principales receptores de las más altas cuantías de estas transferencias, que han sido de entre 3.000 y 200.000 euros. Estos fondos han sido habilitados por el Gobierno central y repartidos por las autonomías para amortiguar parte de los efectos de la pandemia sobre el tejido empresarial. Entre los nombres de los beneficiarios destacan hoteles de renombre como el Palace de Barcelona. También fabricantes de componentes de la automoción como Gestamp, que se encuentra actualmente negociando un ere que afecta a 90 trabajadores. O históricos clubs de alterne y salas de fiestas afectados por las restricciones al ocio nocturno, como el Bagdad de Barcelona; entre otros.

En total el Govern de la Generalitat ha repartido ayudas directas a 26.296 compañías y autónomos, por valor de 661 millones de euros. Esta cifra es la suma de las dos convocatorias que la ‘conselleria’ de Empresa i Treball publicitó entre los meses de junio y julio. De ese total de beneficiarios, hay 843 solicitantes que han recibido los importes máximos fijados por el real decreto del Gobierno del Estado: un total de 200.000 euros, tal como ha podido revisar EL PERIÓDICO de las resoluciones oficiales de la Generalitat, que sumados representan el 25% de los 661 millones de euros ya distribuidos.

El reparto de ayudas covid todavía está en marcha y otros 190 millones de euros están pendientes de asignación en Catalunya, para los que que la administración catalana está gestionando una tercera ronda de transferencias. El pasado 19 de noviembre se cerraron los plazos de solicitud y la 'conselleria' dirigida por Roger Torrent ha recibido más de 31.000 solicitudes, de las que ahora la Agencia Tributaria deberá hacer un cribado para comprobar cuales cumplen con los requisitos legales. La fecha límite para repartir esos remanentes es el 31 de diciembre, pues lo que quede sin asignar después de esa fecha deberá retornarse al Estado.

Los sectores más azotados por la pandemia están ampliamente representados en el listado de las beneficiarias, donde aparecen cantidad de firmas hosteleras o empresas proveedoras de grandes superficies. Es el caso, por ejemplo, de Agrupación de Empresas de Vending, firma dedicada a gestionar máquinas expendedoras y que con la pandemia, sobre todo los primeros meses, han visto como oficinas y demás instalaciones han dejado de consumir sus productos por falta de personal. Toda esa cadena de valor que empieza o acaba en el hotel sale en la foto: Firmas dedicadas a los congelados para restauración y grandes eventos; parafarmacias especializadas en jabones, pastas de dientes y demás botecitos de los cuartos de baño de las grandes cadenas hoteleras o fabricantes de infraestructuras para dichos complejos. Es el caso de Alt Bath, firma que oferta montajes de baños sin obras y que tiene en el sector hotelero uno de sus principales clientes. Desde Alt Bath han declinado valorar el reparto de las ayudas y de los 200.000 euros recibidos.

El parón en escuelas y eventos públicos lo han notado en Catering Vilanova, pyme con 40 años de historia, dedicada a comedores escolares y sociosanitarios y que tuvo que detener su actividad durante los primeros compases de la pandemia. "Pudimos solicitar las ayudas, pese a que la documentación exigida no era muy clara. Todo contribuye, pero no nos ha cubierto ni mucho menos todas las pérdidas", explican desde la compañía. Son varios los nombres de organizaciones relacionadas con el mundo de los eventos: compañías implicadas en la gestión de salas, responsables de instalaciones lumínicas o audiovisuales y montadoras de stands, entre otras.

Inyección al sector inmobiliario

Las otras grandes protagonistas son las empresas de actividad inmobiliaria: entre las organizaciones que han pedido la cantidad máxima hay desde agencias de inversión, hasta gestoras de apartamentos turísticos, constructoras e incluso hóldings (compañías que agrupan a otras compañías) a cargo de grandes proyectos. De este estilo hay unas cuantas: empresas o grupos de empresas que destacan entre las demás por su dimensión, popularidad o sus conexiones.

Uno de estos casos es, por ejemplo, la compañía propietaria de la cadena de Hoteles H10, que tiene alojamientos en quince puntos turísticos en España, en cinco ciudades europeas y en el Caribe. Otros dos son Servitravel, una agencia de viajes solo para clientes de CaixaBank, y Unidad Medico Quirúrgica Avanzada, que ofrece su servicio de modelado corporal en varios hospitales Quirón de España. Y un cuarto, un conglomerado madrileño dedicado a la promoción inmobiliaria, Nogarent, que ha tenido entre sus filas a uno de los 200 hombres más ricos de España y cuyo administrador está relacionado con empresas y hoteles tanto de Madrid como de Extremadura.

Beneficiarios sin aparente actividad empresarial

Estos ejemplos se mezclan con otros que destacan en cambio por la falta de información al respecto. Son varias las empresas sin página web o sin información clara sobre la orientación de su negocio, pero que han conseguido acreditar los requisitos suficientes para poder acceder a estas ayudas. Desde una consultora de márketing con nueve seguidores en su cuenta de Twitter y con una página web inacabada; hasta una intermediaria del sector del consumo que trabaja en un garaje, pasando por una cooperativa agraria que comercia al por mayor sin página web. O una empresa que dice vender instrumentos médicos pero cuyo objeto social oficial es la prestación de servicios contables y de publicidad; y otra de cuya actividad no hay rastro en Google.

Las ayudas a la solvencia empresarial diseñadas por el Gobierno del Estado pero repartidas por las autonomías exigen una acreditación previa de una serie de requisitos. El principal es una caída de facturación del 30% en el 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, así como la residencia fiscal en Catalunya. Los solicitantes no pueden pedir las ayudas por el importe máximo sin más, sino que deben poder acreditar una serie de gastos como deudas con proveedores sin atender, deudas financieras, alquileres de locales o nóminas de trabajadores pendientes, entre otros. La Generalitat de Catalunya ha habilitado un doble filtro para cerciorarse. Por un lado, los propios técnicos de la administración catalana revisan que los datos del IVA, del IRPF o del impuesto de sociedades concuerda con lo declarado. Y, por el otro, remiten toda las solicitudes a la Agencia Tributaria, que chequea con sus propios datos que las empresas cumplen con todos los requisitos. Y en caso de divergencia de datos, prima la autorización o deniego de la Agencia Tributaria.

Estas ayudas de hasta 200.000 euros conllevan una serie de obligaciones para los receptores, como exigencia de mantener la actividad empresarial hasta julio del 2022, la imposibilidad de repartir dividendos durante el próximo ejercicio o de subir las remuneraciones a la alta dirección de la compañía; entre otros.

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