El Gobierno aprueba la ley que permitirá crear empresas por un euro

El Gobierno ha aprobado por fin este martes el anteproyecto de la ley Crea y Crece para favorecer el nacimiento de empresas y facilitar su crecimiento y expansión. La norma, una de las reformas incluidas en el plan de recuperación pactado con Bruselas a cambio de las ayudas europeas, ya fue sometida a consulta pública a principios de año y tiene como medida estrella la reducción desde los 3.000 euros actuales a tan solo un euro la cuantía mínima de capital social con la que se puede crear una sociedad limitada.

Con esta medida, ha apuntado el Ministerio de Economía, España se alineará con gran parte de los países del entorno en los que no se requiere un capital mínimo. Una vez aprobada por el Parlamento previsiblemente el año que viene, asimismo, la ley facilitará la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que según el Gobierno reducirá los plazos para su creación y los costes notariales y registrales.

El proyecto legal también incluye un segundo paquetes de medidas para combatir los retrasos en los pagos entre empresas. Así, extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos. El objetivo es obtener "información fiable, sistemática y ágil" de los plazos efectivos de pago. Asimismo, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la ley de Morosidad de 2004 no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión. Además, se creará en el plazo de seis meses un observatorio estatal de la morosidad privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas.

En una nota, Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha considerado que estos cambios van en la buena dirección, pero son insuficientes. Así, ha pedido que en el trámite parlamentario de aprobación se incluya que la ley exija una "comprobación fehaciente" de que las empresas cumplen la ley de morosidad, que no valga porque presenten una declaración responsable, así como que se implemente un régimen de sanciones por incumplimiento de dicha norma de 2004. 

Por su parte, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, ha lamentado que con la nueva ley "se pierde una nueva oportunidad" de fomentar el nacimiento y creación de empresas. Así, ha criticado que el proyecto se centre en las sociedades sin citar a los autónomos; se centre solo en la constitución de empresas pero no en otro tipo de autorizaciones; y persiga la morosidad empresarial pero no la de las administraciones públicas.  

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros también amplia el el catálogo de actividades económicas exentas de licencia (se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma); habilita a la nueva Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios para elaborar una nueva ordenanza tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y la posible adopción de otras en colaboración con otras conferencias sectoriales; e incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación empresarial alternativa a la bancaria, como el 'crowdfunding' o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.