crisis energética

Bruselas enfría los planes de España para reformar el mercado de la luz

Según la comisaria de energía, Kadri Simson, el modelo actual sirve para garantizar el suministro y evitar el riesgo de apagones

Kadri Simson, la comisaria europea para la Energía, durante la rueda de prensa celebrada en Bruselas

Kadri Simson, la comisaria europea para la Energía, durante la rueda de prensa celebrada en Bruselas / EFE / OLIVIER HOSLET

Silvia Martinez

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La Comisión Europea está dispuesta a analizar las iniciativas que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la escalada de los precios de la energía pero, su primera reacción a las últimas propuestas españolas para abaratar los precios de la luz, ha sido de escepticismo. Según Bruselas modificar el sistema de precios marginalista, para desvincular el precio de la electricidad del gas, tal y como propone España con carácter “extraordinario”, podría poner en riesgo la predictibilidad del sistema, la seguridad en el suministro, la transición a las energías limpias y aumentar el riesgo de apagones.

“No está del todo claro cómo un sistema con precios para distintas fuentes de energía podría funcionar en la práctica y si sería una alternativa mejor al sistema tal y como está diseñado ahora”, ha respondido este martes la comisaria de energía, Kadri Simson, durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros de energía de la UE celebrada en Luxemburgo. Como ya ocurrió en el Consejo Europeo, celebrado la semana pasada, el encuentro ha servido para constatar una vez más la división que reina entre los Veintisiete y enfriar las expectativas españolas. 

Durante la reunión, la encargada de defender la idea de desacoplar los precios del mercado de la electricidad ha sido la secretaria de Estado de energía, Sara Aagesen. “Un enfoque europeo común para el conjunto del mercado interior de la energía europea es nuestra preferencia. Es lo más eficiente y razonable para evitar distorsiones adicionales. Sin embargo, si no hay respuesta a la crisis actual, la Comisión Europea debería permitir a los Estados miembros flexibilidad para adoptar medidas en esta situación extraordinaria”, sostiene España. 

Desacoplar precios

Concretamente, el Gobierno de Sánchez defiende la utilidad de fijar los precios de forma separada. En lugar de la señal del precio marginal puro (contaminado por los picos en los del gas), el precio de la electricidad se obtendría como un precio promedio con referencia al coste de las tecnologías limpias 'inframarginales' (particularmente las renovables). De esta forma, “el precio de la electricidad estaría directamente vinculado al mix de producción nacional, al mismo tiempo que protegería a los consumidores de volatilidades excesivas”. El objetivo sería reconducir la situación actual y evitar el efecto contagio que hace que los precios de la electricidad sean “injustificablemente más caros”. A título de ejemplo, cada aumento de un euro por megavatio hora en el precio del gas, ha explicado Aagesen, representa 2.700 millones de euros al año en costes de electricidad adicionales para los consumidores europeos.

“Un cambio en el modelo actual puede generar un riesgo a la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a energías verdes”, ha respondido Simson que considera que “el modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, algo crucial “para garantir la seguridad en el suministro” y evitar “situaciones de riesgo como apagones”. Bruselas se alinea así con los países del norte de Europa que rechazan la reforma de las reglas que defiende España para abaratar el precio de la luz y amortiguar el impacto sobre consumidores y empresas.

Precio límite al gas

Para controlar la situación, España también defiende establecer un precio límite para el gas natural y establecer una plataforma de compras centralizadas, una idea que la Comisión Europea se ha comprometido a estudiar aunque tampoco tiene el camino libre. “Debemos analizar ventajas e inconvenientes. Hay muchos problemas que considerar. Hay que ver quién paga el transporte del gas, el almacenamiento. Estamos explorando esta posibilidad y otras para que nuestro sistema de abastecimiento sea más resiliente” pero antes “escucharemos a los países para saber a cuáles les gustaría participar en un régimen voluntario”, ha explicado Simson. El último ámbito en el que plantea actuar España se refiere al sistema de comercio de emisiones de CO2 para evitar la especulación financiera y las altas volatilidades en los derechos de CO2.

El siguiente paso en el debate será la presentación de varios informes intermedios sobre el funcionamiento del gas y la electricidad que servirán para alimentar la reunión de ministros de diciembre y la próxima cumbre de jefes de estado y de gobierno. Los 27 confían en disponer para entonces de una fotografía más precisa, con datos sobre la evolución del sector, aunque el número de países reacios a emprender una reforma profunda sigue creciendo. A los nueces países que este lunes emitieron una declaración rechazando la reforma del mercado de la electricidad -Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Holanda, Letonia, Irlanda y Luxemburgo- se han sumado Suecia y Bélgica.

“Creo que el gobierno español está prometiendo de más al decir que las compras conjuntas de gas solventarán la crisis. Lo que resolverá la crisis son inversiones en eficiencia y lo que España necesita más son interconexiones”, ha valorado el ministro luxemburgués Claude Turmes. Según su diagnóstico, crear una plataforma de compras conjuntas llevaría años y plantearía problemas complejos como el del almacenaje y lo que necesita España son más interconexiones con la Europa continental. “Lo interesante en el mercado ibérico es, ¿por qué tiene Portugal unos precios de la energía para los consumidores mucho más bajos que España? Creo que España tiene también un problema nacional” y que “Portugal tiene un sistema mejor, ha valorado.