El juez imputa a Repsol y CaixaBank por los encargos a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas en la causa sobre los encargos realizados al excomisario José Villarejo que tendría como objetivo investigar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero.

El magistrado atiende así la petición formulada ayer por la Fiscalía Anticorrupción, y cita como investigadas a ambas compañías, que declararán el próximo 26 de julio a las 10:00 horas por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.

Esta pieza separada del caso Tándem se refiere al presunto espionaje que ambas compañías habrían encargado a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, para investigar al expresidente de Sacyr por su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerse con el control de la petrolera.

En un auto conocido este jueves, el magistrado indica que existen indicios de que tanto Repsol como CaixaBank, a través de sus responsables de seguridad, realizaron un encargo directo a Villarejo, cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, para investigar a Del Rivero y su entorno.

En opinión del titular del juzgado central de Instrucción número 6, existen dudas sobre la diligencia empleada por las dos entidades en la contratación de Villarejo en un momento en el que éste aún era funcionario público. De hecho, aprecia un grave fallo en la diligencia exigible para constatar que Cenyt nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada al tratarse de una comprobación que puede efectuarse a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Para el juez, resulta especialmente llamativo que no se practicara esa comprobación cuando los dos jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank que contrataron a Villarejo -y que ya se encuentran investigados en la causa- habían formado parte de la Policía.

Así, añade, aunque ambos no se encontraban en activo, debían conocer el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para saber que Villarejo ejercía como policía en activo cuando las dos compañías contrataron sus servicios.

Esta falta de diligencia debida, concluye García Castellón, hace necesario que las dos cotizadas expliquen en sede judicial "por qué pudo producirse esta situación". Fuentes de CaixaBank se han limitado a señalar que "el proceso está subiudice y, como siempre, prestaremos la máxima colaboración con los tribunales".

Mucho más dispuestos a dar su versión, en Repsol reiteran su disposición a colaborar "sin restricción" con la Justicia y deja claro que la condición de investigada en la instrucción judicial "no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad".

La compañía energética ha reaccionado así en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). en el mimso lamenta que el auto del Juzgado Central número 6 ha sido adoptado sin haber tomado declaración como testigo al Chief Compliance Officer de la compañía, a pesar de las reiteradas peticiones en tal sentido.

Así, en el ejercicio de su derecho de defensa, a resulta de las diligencias probatorias ya practicadas -incluyendo las declaraciones de investigados y testigos relevantes como la directora de Auditoría Interna, Control y Riesgos-, Repsol afirma que demostrará que ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna, ni le era posible conocer que ninguna persona relacionada con Cenyt tuviese la condición de funcionario en activo, "puesto que se había permitido y ocultado ex profeso dicha condición por quienes tenían la capacidad para hacerlo".

Por ello, en defensa de su reputación corporativa, del interés social entendido como el que afecta a la propia compañía, a sus accionistas, a sus empleados y colaboradores, clientes y proveedores, Repsol adoptará "cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito del procedimiento en el que se la investiga, colaborando sin restricción con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos".

A la vez, en la misma defensa de su interés social, Repsol se reserva el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes en Derecho "para exigir las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt y a quienes, en el ámbito privado, utilizan el procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular".

La compañía que preside Antonio Brufau recuerda que desde el inicio de la pieza separada 21, relacionada con la contratación de Cenyt, que se concretó en el pago de cuatro facturas por un importe total de 185.000 euros, ha promovido e impulsado todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y circunstancias que concurrieron en dicha contratación.

endiera que "probablemente" en alguna de las conversaciones que ambos mantuvieron en esa época "acordaron compartir dicha información, dada la confluencia de intereses". En su interrogatorio, ambos reconocieron haber acordado investigar el movimiento de la constructora y Pemex sobre Repsol por el "peligro" que suponía, si bien rechazaron que en aquel momento conocieran que el excomisario se iba a hacer cargo de esos servicios.