Hasta 18 meses para dictaminar

La CNMC expedienta a Santander, Caixabank, Bankia y Sabadell por los créditos ICO

  • Los bancos habrían obligado a los clientes a contratar otros productos y habrían reestructurado deudas anteriores, dos prácticas prohibidas en estos préstamos avalados por el Estado

  • La institución pública estima que podrían haber incurrido en un "falseamiento de la libre competencia" y haber "afectado al interés público"

Sede de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en Madrid.

Sede de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en Madrid. / EFE

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Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

Especialista en banca, finanzas, política monetaria y mercados de capitales

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este miércoles que ha abierto un expediente sancionador a Santander, CaixaBank, Bankia (que en realidad también es contra la entidad catalana por su fusión) y Sabadell por "posibles prácticas restrictivas de la competencia" en la comercialización de los créditos a empresas y autónomos con aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En concreto, el organismo investiga si las entidades obligaron a sus clientes a contratar otros productos a cambio de recibir la financiación, así como si utilizaron los préstamos para reestructurar deudas anteriores, dos prácticas expresamente prohibidas en esta línea de créditos garantizados. 

El Gobierno aprobó dicha línea en marzo del año pasado tras el estallido de la pandemia para que funcionase como un salvavidas para las compañías golpeadas por el confinamiento. El Ministerio de Economía, a través de los contratos firmados por el ICO y los bancos, prohibió a las entidades que usaran los avales para las dos prácticas por las que ahora están expedientados tres de los cuatro mayores bancos del país. En un gesto poco habitual, el Banco de España incluso publicó una nota en la que advertía al sector de que iba a vigilar el "estricto cumplimiento tanto de las condiciones y requisitos fijados en la normativa que los regula como de los criterios de buenas prácticas bancarias".

La advertencia del supervisor se produjo poco después de que circulasen por las redes sociales videos de supuestos clientes quejándose de que sus bancos les exigían contratar otros productos y servicios para acceder a los créditos con garantía pública. El mismo día que la institución emitió su nota, el sector se comprometió a través de sus principales patronales -AEB (bancos tradicionales), CECA (cajas de ahorro) y UNACC (cooperativas de crédito)- a actuar de forma correcta. En un comunicado conjunto, aseguraron que sus asociados habían dado "instrucciones a su red de oficinas para asegurar una aplicación rigurosa del contenido" de la línea de garantías públicas. "Entre otros aspectos, se ha clarificado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos", afirmaron.

Denuncias desde el principio

La CNMC comenzó a recibir denuncias desde el primer momento a través del buzón abierto para detectar prácticas anticompetitivas relacionadas con la crisis sanitaria (covid.competencia@cnmc.es). A principios de abril del año pasado, apenas unas semanas después de la puesta en marcha de la línea ICO, ya abrió una investigación a "algunas entidades financieras" por supuestamente exigir una "garantía adicional" -en particular, la suscripción de un seguro de vida- para la concesión de los préstamos avalados a empresas y autónomos. En diciembre, anunció que, después de recibir nuevas denuncias, había ampliado su investigación y estaba analizando la imposición de la contratación de otros productos (entre otros, seguros, servicios de alarma o la compra de televisores), la utilización de los créditos para reestructurar deudas preexistentes y el cobro de gastos iniciales previamente al desembolso de los créditos. 

Tras el análisis realizado, la CNMC ha considerado que la actuación de los bancos investigados "se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes". En consecuencia, "sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO. Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público". Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que su apertura "prejuzgue el resultado final de la investigación".

Casos puntuales

Los bancos aseguraron desde un primer momento y han insistido este miércoles en que el problema se produjo por la demora entre que se aprobó la línea de avales y se fijaron las condiciones de la misma, pero han puntualizado que la venta de otros productos (básicamente seguros de protección de pagos o de vida) durante esos días de retraso había sido muy limitada y se debió a la iniciativa particular de algunos empleados de las oficinas, no a directrices generales. Fuentes de las entidades expedientadas aseguran que el "ofrecimiento, no imposición" de estos seguros es una práctica habitual cuando se negocia un crédito, pero que en cuanto el ICO lo prohibió expresamente, los bancos ordenaron a sus redes comerciales cumplir dicha norma y ofrecieron a los clientes que ya habían contratado algún producto la posibilidad de anularlo

"El banco ha cumplido con la normativa reguladora de las líneas de avales ICO COVID. En tal sentido, Santander no ha condicionado la financiación con garantía ICO a la contratación de ningún otro producto o servicio y tampoco ha impuesto la utilización de dicha financiación para reestructurar deudas preexistentes. La actuación de Banco Santander ha sido totalmente respetuosa con la competencia entre entidades financieras en España en la contratación de líneas de avales ICO COVID y ha atendido con diligencia todos los requerimientos remitidos por la CNMC, sin tener todavía conocimiento específico de los hechos concretos que se pudieran imputar, a falta de conocer el expediente", ha sostenido la entidad presidida por Ana Botín.

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"CaixaBank y Bankia, en su momento, han ido facilitando a la CNMC toda la información que les ha ido solicitando sobre la comercialización de los productos ICO COVID19 y esperamos poder explicar mucho más en detalle este proceso de gestión para dar plena visibilidad sobre sus características. Confiamos en que el detalle y la prueba adicional que proporcionemos lleve al regulador a concluir que en ningún momento se produjeron conductas sancionables", ha mantenido el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri. 

"Banco Sabadell ha acompañado a sus clientes y formalizado más de 140.000 expedientes de crédito por un volumen superior a los 12.500 millones de euros cumpliendo con los requisitos legales establecidos, habiendo implantado los mecanismos de verificación y control pertinentes para garantizar el cumplimiento de la normativa. Asimismo, Banco Sabadell implantó mecanismos de control post-contratación adicionales, con el objetivo de confirmar que dichos expedientes se formalizaron cumpliendo con todos los requisitos específicos de estas líneas. Por último, Banco Sabadell entiende que dada la transcendencia y el volumen de las líneas de avales ICO, el supervisor realice las comprobaciones que estime oportunas, si bien la apertura de expediente por la CNMC no prejuzga el resultado final de la investigación. Sabadell podrá aportar todas las evidencias necesarias para acreditar su adecuado comportamiento y la idoneidad de los procedimientos y controles establecidos", ha asegurado la entidad presidida por Josep Oliú.