Acuerdo social

El Govern anuncia un pago único de 600 euros para los 119.000 catalanes en erte, a abonar antes de agosto

  • Aragonès pacta con patronal y sindicatos cómo repartir los 993 millones de ayudas a empresas y autónomos, con transferencias de entre 3.000 y 200.000 euros

Pere Aragonès explica los objetivos del nuevo plan de ayudas directas a empresas y trabajadores. En la foto, Aragonès y los representantes de CCOO, UGT, Pimec y Foment. / ACN / AINA MARTÍ / VÍDEO: ACN / ALBERT CADANET

4
Se lee en minutos
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

Escribe desde Barcelona

ver +

El ‘president’ del Govern, Pere Aragonès, ha firmado este lunes por la mañana su primer gran acuerdo social con las patronales y sindicatos más representativos de Catalunya. El mismo contempla los criterios para repartir entre 189.861 empresas y autónomos catalanes los 993,3 millones de euros que le tocan a Catalunya de los fondos estatales transferidos desde el Gobierno central. Y a estos, la administración catalana añade otros 60 millones, con los que costear una ayuda de entre 600 y 700 euros por persona para cada trabajador catalán que estuviera en erte en mayo. Más de 1.000 millones de euros "para no dejar a nadie atrás" y "rescatar al tejido productivo y proteger puestos de trabajo"; según ha afirmado el ‘president’ en una mensaje televisado (y sin preguntas), tras la firma con los agentes sociales.

Tres meses después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la distribución de 11.000 millones de euros en ayudas directas para sufragar la factura de la covid entre parte del tejido empresarial, el Govern de Catalunya ha activado una segunda fase: cómo y cuándo se repartirán las mismas. El pago no llegará hasta antes, como mínimo, de julio, es decir, entre el dicho y el hecho habrán pasado un mínimo de cuatro meses. “Han llegado más tarde de lo previsto, pero nunca es tarde si la dicha es buena", ha declarado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.

Las ayudas públicas oscilarán entre los 3.000 euros para autónomos personas físicas y entre 4.000 y 200.000 euros para sociedades. Este miércoles la orden que le dará forma legal será publicada en el DOGC, el próximo lunes se abrirán las solicitudes y antes de acabar el mes de julio se podrá empezar a cobrar, según ha explicado el 'conseller' d'Economía, Jaume Giró. El responsable de las cuentas catalanas ha enfatizado que la distribución de las ayudas no será por la vía de la concurrencia competitiva. Es decir, no se asignarán bajo el criterio de 'el primero que llega, se la lleva'; como ha ocurrido con otras ayudas distribuidas durante la pandemia. "No hace falta correr, cualquier empresa que tendrá derecho podrá cobrarla", ha declarado. 

Las empresas que quieran postular a las mismas deberán estar encuadradas en uno de los 191 CNAE contemplados en el acuerdo social. Y deberán acreditar una caída de facturación de entre el 25 y el 30% en el 2020, respecto al 2019. Inicialmente las bases del real decreto aprobado por el Gobierno contemplaban una base de sectores, que posteriormente se ha ampliado a 191. “La ampliación es fruto de este diálogo, [...] dejar sectores fuera de estas ayudas hubiera sido un problema", ha valorado el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

El pacto incluye una tercera cláusula que abre la posibilidad de que el Govern aporte fondos propios para dar transferencias directas a empresas que estén fuera de esos 191 sectores, pero que estén gravemente afectadas en su facturación por la crisis. Los detalles de este compromiso serán debatidos en próximas reuniones con los agentes sociales. "Encomendamos al Govern de la Generalitat que tenga esta cultura de la concertación, [...] las medidas tendrán un impacto mucho más positivo y efectivo", ha declarado el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

60 millones para trabajadores en erte

Y la segunda pata del acuerdo con patronales y sindicatos es ese fondo extra de 60 millones de euros. Estos irán destinados a un pago único para los 119.345 empleados catalanes que en mayo todavía estaban en erte en el mes de mayo. El importe de la misma será de entre 600 y 700 euros por persona, dependiendo del número de meses que el trabajador lleve en erte. Si este lleva entre uno y tres meses, serán de 600 euros. Si lleva entre cuatro y cinco meses, el importe será de 700 euros.

En los próximos días, el Departament de Treball abrirá las inscripciones, para que aquellos potenciales beneficiarios se apunten. Y, si estos cumplen los requisitos, la Generalitat les abonará el pago, con el compromiso de recibirlo antes de finalizar el mes de julio; según ha manifestado el 'conseller' d'Empresa i Treball, Roger Torrent. "La crisis económica continua y de manera dura, por eso es importante este acuerdo. No es automático tener la inmunidad de la sociedad catalana y que se acabe la crisis. Estas ayudas deberán tener continuidad", ha declarado el secretario general de UGT, Camil Ros. Desde la 'conselleria' no se descarta reeditar el próximo trimestre ayudas de un formato similar.

Noticias relacionadas

Esta es la segunda tanda de ayudas para trabajadores en erte aprobadas este año por el Govern. La primera se validó en febrero y se empezó a pagar en marzo, aunque los problemas de coordinación entre la administración catalana y el SEPE (dependiente del Ministerio de Trabajo) lastraron su aplicación. Entonces los beneficiarios tenían que ser un total de 141.795 trabajadores. De estos, 45.388 no cobraron a tiempo y todavía hay cerca de 9.000 personas que no han recibido el ingreso. Esto es debido a que, según defienden desde Treball, el SEPE no les ha remitido los datos para confirmar que estas personas están en erte y, en consecuencia, no pueden pagarles la ayuda.

Para esta segunda tanda de transferencias, la administración catalana gestionará íntegramente la ayuda y no requerirá dato alguno al SEPE. A los beneficiarios se les exigirá una declaración responsable y los datos se chequearán a posteriori, con la posibilidad de que, como cualquier otra ayuda, se retire el dinero si la persona ha mentido en su solicitud.