Las claves del plan de ayudas directas a las empresas

El plan de ayudas directas de 11.000 millones aprobado por el Gobierno se apoya en tres patas: 7.000 millones para que las autonomías transfieran a las empresas para sus costes fijos; otros 3.000 millones para convertir créditos a compañías avalados por el organismo oficial ICO en instrumentos de capital para reforzar la solvencia de las empresas y otras medidas para aliviar a las compañías y un fondo de 1.000 millones para apoyar a empresas de tamaño mediano que atraviesen dificultades.

De la luz al alquiler

Las ayudas directas a las empresas, que distribuirán las autonomías en 40 días, llegarán hasta los 200.000 euros. Los autónomos que tributan en el IRPF por el régimen de módulos tendrán derecho a una cantidad fija de 3.000 euros. El resto, entre 4.000 y 200.000 euros para destinar a gastos fijos y pago de deudas financieras. Los apoyos van dirigidos a compañías del sector de la hostelería y la restauración, industrias manufactureras, comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte, mantenimiento aeronáutico y actividades relacionadas con la cultura y el deporte. El importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reduce al 20% en el caso del resto de empresas.

Las ayudas tienen carácter finalista. Eso significa que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, como pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera. La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo. Las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.

Las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT-EU: el impacto de la pandemia en el PIB de cada comunidad (un criterio que explicó 2/3 del reparto), en el desempleo (2/9) y en el paro entre trabajadores de los 15 a los 24 años (1/9), y también dedicó una ayuda especial para las "regiones ultraperiféricas". Con estos criterios, a Catalunya le correspondieron un 17,1% de los 10.000 millones distribuidos. 

Alivios financieros

Otros 3.000 millones se destinarán al alivio financiero de las empresas con créditos avalados por el ICO. La idea es que primero se estudie ampliar el plazo de vencimiento; después la conversión del crédito en un préstamo participativo, que computa como capital; y solo en último término se concederán ayudas directas a la empresa para que salde parte del crédito (finalmente no será quitas en sentido estricto). Para estas dos últimas medidas se han reservado un total de 3.000 millones. El Ejecutivo confía en ponerlo en marcha antes de que acabe marzo con la aprobación de los "criterios de elegibilidad" de las empresas y un código de buenas prácticas que deberán suscribir voluntariamente las entidades financieras y otros organismos. Todo ello será a partir del análisis que haga del cliente cada entidad financiera. El Gobierno descartó un sistema generalizado de quitas en los créditos a empresas avalados por el ICO. Eso hubiera supuesto una amplia condonación de deudas en dichos préstamos con las consiguientes pérdidas multimillonarias. .  

Fondo para empresas medianas

El tercer componente del plan es un fondo gestionado por la empresa pública Cofides y dotado con 1.000 millones de euros para reforzar la solvencia a empresas medianas a las que no les valga con las ayudas directas ni la renegociación de créditos. Se trata de compañías que no tienen el tamaño suficiente para aspirar al fondo que se aprobó hace meses para compañías estratégicas a través de la SEPI (este tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones) y que está dotado con 10.000 millones. Ya ha llamado a sus puertas la siderúrgica catalana Celsa, con la petición de más de 700 millones; y ya ha otorgado apoyos a Air Europa o Duro Felguera, entre otros.

El Estado participará en los beneficios de las firmas y saldrá de las mismas en un máximo de ocho años. Además, el Gobierno ha prorrogado la moratoria de los concursos de acreedores forzosos hasta el 31 de diciembre, ha ampliado hasta seis meses la posibilidad de retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora, y, oportunamente pero de rondón, ha habilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para regular la publicidad de los criptoactivos.

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