Pimec pide que la Generalitat asuma la gestión de las prestaciones de paro

Pimec pide que sea la Generalitat la que gestione las prestaciones de paro y para ello pide al Gobierno que traspase esta competencia del SEPE al SOC. La patronal catalana aboga por que la gestión de las políticas de ocupación tenga una visión "integral" y para ello considera indispensable que sea comandada desde una única administración. Actualmente, esta cuestión es mixta, ya que las políticas activas de ocupación (aquellas pensadas para que el ciudadano encuentre trabajo) las gestiona mayormente la Generalitat y las políticas pasivas (aquellas pensadas para proteger al ciudadano mientras está en paro) las gestiona mayormente el Estado. 

Pimec ha presentado este viernes un análisis sobre la eficacia de las administraciones a la hora de ayudar a sus ciudadanos en paro a reengancharse al mercado de trabajo. El diagnóstico de la patronal es que España gasta demasiado en prestaciones y demasiado poco en medidas para ayudar a la gente a salir del desempleo. "Hemos de apostar más por favorecer la inserción laboral de las personas", ha declarado el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

También que la Administración es poco exigente en cuanto a obligaciones para con los desempleados y constata la pobre eficacia de los servicios públicos de empleo a la hora de la recolocación. Hasta el punto de que solo una de cada tres pymes recurre a las oficinas de empleo para buscar nuevos trabajadores, según un informe de la patronal catalana. Pues el recurso más habitual cuando una pyme necesita contratar es el boca-oreja y los contactos personales: siete de cada diez reconocen que es su primera opción. "El sistema llega tarde", ha afirmado el secretario general de la organización empresarial, Josep Ginesta. El dirigente patronal es bien conocedor de los entresijos del sistema público, pues durante el anterior Govern fue el número 2 de la 'conselleria' de Treball.

Según los datos recopilados en el informe de Pimec, de los 3.777,9 millones de euros que destinó la Administración en Catalunya para costear las políticas de ocupación, el 83,1% de ellos fue a protección ante el desempleo. La patronal no aboga por reducir esa inversión, sino en desplazar parte del gasto de la protección a la inserción. Y hacerlo por la vía de mejorar la eficacia en los mecanismos de ocupación públicos. “Todas las personas de este país deberían tener su orientador de cabecera” y “tiene que haber una vinculación real entre la prestación y el compromiso de reactivarse de la persona”, ha reivindicado Ginesta.

Una medida en ese sentido es juntar en el mismo organismo quien paga la prestación (actualmente el SEPE, que depende del Ministerio de Trabajo) y quien ayuda al parado a encontrar trabajo (el SOC, dependiente del Departament de Treball). Otra medida que han planteado los empresarios es aumentar la concertación y externalización de servicios de colocación, para dar más peso a las entidades privadas en el proceso. Un ejemplo que han puesto sería dar competencias a los centros de formación privados, pero costeados con dinero público, para que asuman también tareas de colocación y así adaptar los perfiles que piden las empresas con los contenidos que imparten. 

Temporalidad y ertes, dos reformas en una

La patronal ha aprovechado la rueda de prensa de presentación de sus recomendaciones en materia de políticas de ocupación para posicionarse en relación a la reforma de la temporalidad que prepara el Ministerio de Trabajo. Esta, entre otros, pretende limitar a entre un o dos años los contratos eventuales, restringir sus causas y endurecer el despido de eventuales. "A corto plazo y en un contexto pospandemia, es probable que muchas empresas no contratarán", ha afirmado el secretario general de Pimec. "A no ser que se acompañe con medidas de flexibilidad", ha añadido.

En la patronal piensan que la reforma de la temporalidad debe entrar en vigor en paralelo con la nueva figura de los ertes poscovid. Los empresarios catalanes entienden que muchas empresas solo apostarán por la contratación indefinida si saben que, ante caídas puntuales de la actividad, pueden mandar a parte de su plantilla a un expediente de suspensión, pagado en parte con dinero público y vinculado a cursos de formación.