La Autoridad de Protección del Cliente Financiero se demora hasta 2022

La largamente esperada Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación acumula años de retraso, no echará a andar hasta 2022 como pronto, si bien es más probable que lo haga en 2023. El Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a la Comisión Europea su intención de someter un proyecto de ley a consulta pública en breve, para aprobarlo posteriormente en Consejo de Ministros con idea que las Cortes Generales le den luz verde ya el año que viene debido a los plazos de los trámites legislativos que es necesario cumplir. La complejidad y el coste presupuestario de poner una nueva institución en marcha, con todo, pueden provocar que no entre en funcionamiento antes de 2023, según explican fuentes conocedoras de la evolución de los trabajos a EL PERIÓDICO.

El nacimiento de la Autoridad va a suponer una revolución en el procedimiento de resolución de conflictos entre las entidades (que la financiarán) y sus clientes (para quienes será gratuita). Así, sus resoluciones serán vinculantes para los bancos, gestoras de inversión y aseguradoras hasta cierta cantidad reclamada (en 2019 se barajó 50.000 euros, pero ahora no está cerrado), mientras que los usuarios podrán seguir acudiendo a los tribunales si no están de acuerdo con el dictamen. Hoy por hoy, los fallos de los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no son de obligado cumplimiento para las entidades, con lo que no es raro que estas los desoigan cuando dan la razón al cliente, abocando a estos a un largo y costoso proceso judicial.

La anterior crisis puso en evidencia la necesidad de cambiar el sistema, ya que se acumularon litigios masivos por conflictos como las preferentes o las cláusulas suelo hipotecarias que colapsaron los juzgados debido al carácter no vinculante de las decisiones de los organismos supervisores (en algunos años las entidades las ignoraron en más del 80% de los casos). El anterior gobernador del Banco de España, Luis María Linde, llegó en 2015 a instar a la banca a crear un organismo independiente de autorregulación para resolver las reclamaciones siguiendo el modelo del Financial Ombudsman Service británico y hubo conversaciones en el seno de las patronales bancarias al respecto que no llegaron a fructificar. 

Proceso proceloso

Pese a la mejora que supondrá, el proceso de creación de la nueva institución pública está siendo tortuoso, como viene señalando desde hace años el Defensor del Pueblo. Se deriva de una normativa europea de 2013 de resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo que los países miembros tenían que haber incorporado a la legislación nacional el 9 de julio de 2015 como tarde. El Gobierno de Rajoy lo hizo con retraso, en una ley de noviembre de 2017 en la que, además, se dio hasta el 3 de julio de 2018 para enviar a las Cortes un proyecto de ley. Su último ministro de Economía, Román Escolano, llegó a sacar a consulta pública previa un anteproyecto, pero la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia poco antes de que venciera aquel plazo abortó sus planes.

Su sucesora, Nadia Calviño, retomó los trabajos en 2018 y a principios de 2019 llegó a tener preparado un borrador de proyecto de ley. Sin embargo, primero las dos elecciones generales de aquel año que tuvieron al Gobierno en funciones, y después el estallido de la pandemia en 2020 que hizo otros asuntos más apremiantes, fueron retrasando el proyecto. A finales del pasado enero, sin embargo, Economía comenzó a intercambiar documentos con los organismos supervisores y en corto plazo tiene previsto sacar un documento a consulta para recabar las opiniones de los interesados, básicamente las entidades y las asociaciones de consumidores.

El Banco de España y la CNMV, en cualquier caso, han expresado públicamente en los últimos años sus reticencias a la creación de la Autoridad (la Dirección General de Seguros no, pero está integrada en el Ministerio). Su apuesta es ir al conocido como modelo 'twin peaks', en el que el primero de ellos sume a la supervisión de solvencia de los bancos la de las sociedades de inversión y aseguradoras, y la segunda asuma de la supervisión de la conducta de todas estas compañías, incluyendo en ello la gestión de todas las reclamaciones. Con dotar de carácter vinculante a sus resoluciones, aducen, bastaría y se evitaría un gasto público innecesario. También argumentan que la información que reciben de las reclamaciones les es útil en su labor supervisora: ayuda a destapar patrones de mala conducta de las entidades que solo ellos pueden sancionar.