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protección del consumidor

Calviño incumple el plazo para crear la autoridad de defensa del cliente financiero

El Gobierno trabaja en un proyectode ley pero tenía que haberlo presentado antes del pasado 3 de julio

El Banco de España apoya que sus decisiones sean de obligado cumplimiento mientras que la ministra duda

Pablo Allendesalazar

Nadia Calviño, ministra de Economía.

Nadia Calviño, ministra de Economía. / JONATHAN BRADY (EFE)

Los abusos destapados durante la crisis, como las preferentes o las cláusulas suelo hipotecarias, han puesto de manifiesto la acuciante necesidad de mejorar la protección de los clientes financieros en España, más aún cuando en el horizonte se atisba un posible nuevo conflicto a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. El asunto lleva más de una década en la agenda política sin que se produzcan avances significativos, un retraso que el actual Gobierno no va a atajar a corto plazo. El Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño ha incumplido el plazo de ocho meses que fijó la ley 7/2017 del año pasado y que venció el pasado 3 de julio para presentar un proyecto de ley que "regule el sistema institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones".

Fuentes del Ministerio confirman que el departamento es consciente de haber incumplido el plazo, pero explican que se está trabajando en un texto con distintos borradores y propuestas iniciales. Para ello, se están analizando los distintos modelos de defensa de los consumidores financieros de varios países para encontrar la mejor fórmula que aplicar en España. El actual equipo de Economía, argumentan, tomó posesión el pasado 1 de junio y se encontró mucho retraso en la tramitación de este y otros numerosos asuntos, como la incorporación a la normativa española de varias directivas comunitarias.

El anterior equipo de Economía del Gobierno del PP, según fuentes del mismo, también había estudiado los modelos de defensa del cliente de otros países y, sostienen, tenía los trabajos avanzados ya que llegó a sacar a consulta pública en marzo del año pasado un anteproyecto de ley. Si no se avanzó más rápido en este y otros campos, acusa, es por las trabas que puso a ello el PSOE en el Congreso. 

Entidades desobedientes

En una entrevista a este diario hace unos díasCalviño apuntó que está considerando "adoptar a lo largo del otoño un libro blanco de reforma institucional, contemplando distintos elementos que han estado discutiéndose en los últimos años y que deben ser impulsados lo antes posible. Unos están más maduros que otros". Es en ese contexto, explicó, donde el Ejecutivo verá "cómo canalizar la creación de esta necesaria autoridad de defensa del cliente financiero y cuál es su estructura legal, institucional, su gobernanza y sus funciones". La ministra, en cualquier caso, solo se ha comprometido públicamente a impulsar antes de que acabe el año la creación de una autoridad macroprudencial que vigile los posibles desequilibrios que se generen en la economía.

El problema de fondo es que actualmente hay tres servicios de reclamaciones (de banca en el Banco de España, inversiones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y seguros en la Dirección General de Seguros) cuyos dictámenes no son vinculantes para las partes. Es decir, que un cliente puede ver cómo el organismo supervisor le da la razón pero la entidad financiera se niega a devolverle su dinero o cambiar las condiciones de un contrato, lo que le aboca a tener que ir a los tribunales y a pasar por un proceso mucho más largo y costoso. De hecho, es lo que ha sucedido habitualmente en los últimos años. En el 2016, por ejemplo, los bancos solo aceptaron el 36,8% de los pronunciamientos en su contra, si bien en el 2017 han rectificado en el 62,4% debido a la presión del Banco de España.

Indecisión en el punto clave

La ley del año pasado que dio el plazo de ocho meses al Gobierno dispuso la creación de una autoridad única y que las entidades financieras estarán obligadas a participar en sus procedimientos, pero dejaba abierto que sus resoluciones tuvieran "carácter vinculante o no". El programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 2016 también proponía la unificación de los servicios de reclamaciones en una única "Autoridad de Protección Financiera", pero defendía que emita "dictámenes vinculantes para las entidades financieras según el modelo británico". El Financial Ombudsman Serviceque en el 2015 ya propuso el Banco de España como ejemplo a seguir y que también gustaba al Gobierno de Rajoy, es una organización independiente creada por el Parlamento y formada por expertos procedentes mayoritariamente del sector privado cuyas decisiones no son vinculantes para los clientes (que pueden acudir a la justicia o la administración si no están de acuerdo), pero sí para los bancos.

Pese a la posición socialista, la ministra Calviño todavía no ha decidido si los pronunciamientos del nuevo organismo serán de obligado cumplimiento y quiere discutirlo con el Banco de España y la CNMV. La primera de estas instituciones es partidaria de que sean vinculantes. El presidente de la segunda, Sebastián Albella, también se pronunció a favor de ello el año pasado. Ambos organismos, además, consideran clave que haya una buena coordinación entre la nueva autoridad y los distintos supervisores para evitar confusión y contradicciones que perjudiquen a los clientes y las entidades.

El PP y Ciudadanos proponen que el nuevo organismo esté en la CNMV

El PSOE, el PP y Ciudadanos han apostado por la creación de una autoridad de protección del cliente bancario en su propuesta de conclusiones de la comisión de investigación de la crisis en el Congreso. Los socialistas, sin embargo, se limitan a recordar que hay una "compromiso legal" de constituirla y no dan detalles al respecto, al contrario de lo que hicieron en su programa electoral.

Los populares han ido más allá y abogan porque sea en el seno de la CNMV donde se unifiquen su servicio reclamaciones con los del Banco de España y la Dirección General de Seguros, además de que sea un "mecanismo vinculante".

Ciudadanos también defiende la creación de una "Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero" que surja "a partir de la CNMV", así como que establezca "contratos tipo de servicios financieros para minoristas", por ejemplo de hipotecas.

Tanto el PSOE como el PP, además, proponen adoptar el conocido como modelo 'twin peaks' en la supervisión. Es decir, que el Banco de España pase a vigilar la solvencia de todas las entidades financieras, no solo de los bancos, y que la CNMV vele por el cumplimiento de las normas de conducta. De ser así, la CNMV considera que sería lógico que la autoridad de defensa de los clientes esté en su seno.