Calviño quiere hacer pagar a los bancos por las reclamaciones recibidas

El Ministerio de Economía tiene decidido que la largamente retrasada Autoridad de Protección del Cliente Financiero será gratis para los afectados y para lograrlo se ha planteado que las entidades tengan que pagar una cantidad por cada reclamación que llegue al nuevo organismo. Así lo ha reconocido este jueves su titular, Nadia Calviño, en declaraciones a 'Onda Cero'. "El objetivo es que los ciudadanos no tengan que pagar por reclamar. Tendremos que ver cómo se financia. Si se establece un pago a los bancos, eso genera también un incentivo muy potente para que resuelvan los problemas y las reclamaciones en su propio servicio y no tengamos que llegar a esa autoridad", ha argumentado.

Los Gobiernos de Rajoy y Sanchez han trabajado en los últimos años en la creación de una Autoridad de Protección del Cliente Financiero similar a la que existe en muchos otros países europeos. La nueva institución tenía que haber echado a andar hace más de un año, el 3 de julio del 2018, en virtud de la ley 7/2017. Sin embargo, la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder primero y la convocatoria de las últimas elecciones generales después han dejado los trabajos sin concluir. Calviño ha sostenido que su constitución es una de las primeras medidas que quiere lanzar cuando se forme un nuevo Ejecutivo y Economía tiene elaborados ya borradores de cómo podría hacerse.

Al igual que ocurre ahora, los clientes tendrán que dirigir su queja primero al servicio de reclamaciones de su entidad financiera y solo si esta no les da la razón podrán llevar su caso a la nueva autoridad. De ahí que la ministra argumente que obligar a los bancos a pagar una cantidad por cada expediente que llegue al organismo les incentivará a resolverlo antes internamente. Según un borrador del anteproyecto de ley que ha desvelado este jueves 'Cinco Días', Economía estudia que la tasa sea de 200 euros por cada reclamación, aunque la cantidad definitiva no está cerrada. Teniendo en cuenta las últimas cifras de los servicios de reclamaciones actuales del Estado, ello supondría un desembolso para el sector de unos seis millones de euros al año.

Cambio de sistema

La novedad más relevante de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, en cualquier caso, es que sus decisiones serán de obligado cumplimiento para las entidades, como anunció la ministra en noviembre. No ocurre así con los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros, cuyas funciones va a asumir el nuevo organismo. Tomando como ejemplo el caso del supervisor financiero, ha habido años en que los bancos han ignorado sus pronunciamientos favorables al cliente en prácticamente la mitad de los casos, si bien en el 2018 ese porcentaje se redujo a un todavía elevado 30%.

"Lo que hemos visto estos años es que los sistemas de reclamación de los bancos, y luego el tener que ir a la justicia, hace que los procesos de reclamación sean muy largos y muy costosos. También que los mecanismos de supervisión del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no sean vinculantes, no obliguen a cumplir sus resoluciones, limita la efectividad de estos sistemas. Y yo creo que todos los ciudadanos sienten que es necesario este refuerzo de su protección en el ámbito financiero", ha argumentado Calviño.

Según el borrador, la nueva autoridad impondrá dictámenes vinculantes, pero solo para reclamaciones de hasta 50.000 euros. Además, podrá valorar la existencia de cláusuas abusivas en los contratos, algo que ahora no podía hacer el Banco de España y que abocaba a los afectados a la justicia, con el consiguiente colapso en los juzgados en casos como el de las cláusulas suelo hipotecarias. Los bancos, además del pago por reclamación tendrán que abonar una "tasa para la promoción de las buenas prácticas". La norma, asimismo, desincentivará la creciente actividad de los despachos de abogados especializados en litigación bancaria, al rebajar sustancialmente las costas judiciales que podrán imponer los tribunales a la banca en este tipo de casos.