Trabajo aprueba el reparto de 2.111 millones de euros entre las autonomías para políticas de empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la convocatoria para la Conferencia Sectorial de Empleo, donde se repartirán los fondos para políticas de ocupación. La partida a distribuir será de 2.111 millones de euros y regresa a los niveles del 2019, tras el recorte excepcional del año pasado provocado por la emergencia sanitaria. Así lo avanzó EL PERIÓDICO y lo ha hecho público este martes el Ministerio de Trabajo en comunicado. Ese importe será ampliable en los próximos meses con otra partida de 688 millones de euros, proveniente de los fondos europeos y todavía pendientes de su emisión desde Bruselas.

La convocatoria tendrá lugar el próximo 28 de abril y será entonces cuando se decidan de manera definitiva cuánto dinero le toca a cada autonomía. El Ejecutivo desatasca así un compromiso pendiente para este ejercicio y que en años posteriores se celebró entre los meses de febrero y marzo. Los fondos de la conferencia sectorial de empleo son claves para los programas de ocupación de las autonomías, pues sin estos carecen del músculo financiero suficiente para desarrollar los programas que anualmente diseñan para tratar de ayudar a la población parada a encontrar un empleo.

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, llevará al Consejo de Ministros de este martes uno de las piezas clave de las políticas activas de empleo en España. Pues pese a que, financieramente, esta cuestión se diseñe a nivel estatal, son las autonomías las que competencialmente las despliegan. De estos fondos dependen partidas para costear desde los centros de inserción laboral para personas con discapacidad, hasta el sueldo de ocupadores de los servicios públicos de empleo, la mayoría de los cuales están contratados año a año mediante contratos de obra y servicios subordinados a la asignación de fondos.

A Catalunya, por ejemplo, en la convocatoria del 2019 le tocaron 335 millones de euros, sobre un total de 2.020 millones. Una cifra que cayó a la mitad, como la de todas las autonomías en el 2020, bajo el argumento de que no era posible desplegar estos fondos por la situación de estado de alarma y emergencia sanitaria. El 'trozo del pastel' que le tocará este año a las diferentes comunidades autónomas todavía no está fijado y se decidirá este viernes.

Lo pide Europa

En el actual contexto laboral, con un paro que roza los cuatro millones de desempleados en toda España, la convocatoria de esta conferencia sectorial de empleo desatasca el refuerzo de las política activas de empleo. Esta es una de las prioridades que exige Bruselas para reducir los elevados índices de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Pues después de la Conferencia Sectorial, el Gobierno tiene pendiente acabar de cerrar el rediseño de la carta de derechos del ciudadano, para reorientar esas políticas de empleo. Es decir, la reforma que lleva meses negociando Díaz con patronal, sindicatos y autonomías contempla un rediseño de los servicios a los que tiene derecho acceder cualquier persona que se encuentre en desempleo, desde asesoramiento y recorridos personalizados hasta índices de empleabilidad, de los que dependerán futuras asignaciones de recursos para las autonomías.

También de paquetes de incentivos para las empresas que contraten a personas de colectivos con dificultades para su empleabilidad, como los jóvenes, los trabajadores sénior o las mujeres. En este sentido, de las mesas de diálogo social trascendió a finales del 2020 que la reforma del real decreto por el que se regulan los programas comunes de activación para la ocupación contemplaba una serie de incentivos que alcanzarían los 9.000 euros para la empresa por contrato firmado.

Esta reordenación integral de las políticas activas de empleo, que pasará por una nueva Ley de Empleo, todavía no está cerrada. Pues para ello el Gobierno debe destinar una sustancialmente mayor cantidad de dinero (más servicios implica, entre otros, más personal contratado en las oficinas públicas de empleo) y esta cuantía todavía no está cerrada, pues a su vez depende de la inyección de recursos que llegue finalmente de la Unión Europea, según remarcan fuentes presentes en el diálogo social.

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