24 oct 2020

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El debate territorial

Los barones socialistas se plantan ante Díaz Ayuso

Autonomías como Aragón, Asturias o Extremadura atacan el 'dumping' fiscal de Madrid

R. BARCELÓ

El presidente de Aragón, Javier Lambán.

El presidente de Aragón, Javier Lambán. / Miguel Lorenzo

La batalla fiscal no da tregua. El anuncio realizado recientemente por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que renueva su promesa electoral de rebaja de medio punto en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta (IRPF), ha abierto otra vez la caja de los truenos en algunos territorios que ven cómo esa competencia se traduce en una progresiva fuga de empresas hacia la capital de España.

El presidente valenciano Ximo Puig lo ha verbalizado esta semana, pero su sentir es compartido en otras comunidades, sobre todo las gobernadas por  socialistas, como Aragón (Javier Lambán), Asturias (Adrián Barbón), Extremadura (Guillermo Fernández Vara) y Castilla La Mancha (Emiliano García Page). También el Govern de Quim Torra acusa a Madrid de ‘dumping fiscal’ (competencia desleal). En sentido contrario,  otras regiones donde el PP gobierna en solitario o en coalición, como Andalucía, defienden la competencia fiscal entre territorios.

En Aragón, por ejemplo, en los últimos cinco años, 781 compañías han cambiado su domicilio social a otra comunidad, y el 44% (344 sociedades) ha optado  por Madrid. «Estamos en un escenario de federalismo fiscal», sostiene el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, que considera que la competencia fiscal es un asunto «grave» porque «no existe una regulación homogénea» en la materia. 

En España las diferentes autonomías tienen margen para regular determinados impuestos, aunque la mayor carga tributaria la fija el Estado. Pese a ello, este pequeño margen puede significar un importante ahorro de costes para las empresas y los particulares, en función del territorio en el que se ubiquen. Es lo que se conoce como ‘dumping fiscal’, que provoca que las diferentes autonomías se peleen por atraer a las empresas.

En las últimas décadas, los regímenes especiales de las comunidades de Navarra y el País Vasco motivaron el traslado del domicilio social de un buen puñado de compañías. Y eso supuso pérdida de riqueza y, principalmente, de ingresos para las arcas autonómicas. Ahora, la gran amenaza es Madrid