La Generalitat valenciana podrá frenar la venta de edificios para destinarlos a vivienda pública

Un decreto ley convalidado esta semana en Les Corts amplía los derechos de tanteo y retracto de la administración autonómica valenciana para adquirir viviendas de protección pública pero incluye también la posibilidad de que la Generalitat frene operaciones 'singulares' entre las que se incluyen ventas de edificios o grandes paquetes de viviendas que no sean de este tipo para destinarlas al parque público. Pero la norma llega acompañada por la polémica e incluso el Consell ya tiene previsto 'mejorarla', aclarando y concretando su articulado.

Elaborada por el departamento que dirige el vicepresidente tercero Rubén Dalmau, de Unides Podem, pretende ampliar el parque público de vivienda, al estilo de lo que pasa en muchos países europeos pero también, dijo el conseller, de Euskadi o Baleares; proteger a las familias que viven es esas viviendas de subidas de alquiler o desahucios; y tratar de influir a la baja en la medida de lo posible en los precios de los alquileres.

El decreto establece que que una vez las viviendas pasen al parque público lo harán de manera "permanente" y que podrá aplicarse en los municipios con necesidades en este campo, pero son casi todos. Contempla también que la Generalitat pueda ceder sus derechos a los ayuntamientos.

"Para frenar los movimientos especulativos con la vivienda y sus consecuencias sociales no podemos seguir renunciando a este derecho", apuntó el día de la convalidación Dalmau, que señaló que actúan "frente a la posibilidad de que los grandes poderes económicos acaben para siempre con el derecho a la vivienda".

No sólo protegidas

Dado que la ley de 2004 ya regulaba estos dos derechos en la compra de vivienda protegida, la gran novedad está en la apertura de su uso a aquellas que no lo son. El polémico Título II amplía las opciones a las trasmisiones de vivienda procedentes de daciones en pago, procesos judiciales de ejecución hipotecaria o de venta extrajudicial en sede notarial.

Además, estas "transmisiones singulares" incluyen la transmisión de edificios de al menos cinco viviendas residenciales cuando impliquen al menos al 80% del edificio y operaciones de diez o más viviendas. La idea es frenar a los fondos buitre, aunque estos no aparecen en el articulado.

Herencias de viviendas protegidas

En el caso de las viviendas de protección pública, Dalmau insistió en que "todas las herencias, donaciones entre ascendentes y descendentes están totalmente excluidas". El texto habla de transmisiones gratuitas "inter vivos" y deja también fuera de la posibilidad de ser adquiridas las que se produzcan entre miembros de una pareja pero en todos los casos debe ser destinada a "vivienda habitual".

“Chapuza comunista”

"Se plantea que es Robin Hood y es Pepe Gotera", le dijo el diputado del PP, Alfredo Castelló, que apuntó que está lleno de "agujeros". "Hay que ser un fondo buitre muy inútil para no seguir haciendo su trabajo tras este decreto", aseguró antes de calificarlo de "gran chapuza" y de "puro comunismo". VOX dijo que se carga "de raíz" el derecho de herencia. "Pretenden quedarse con el fruto del esfuerzo de las personas", le espetó su portavoz José María Llanos. "Es Venezuela en Valencia", senteció.

"Es un decreto comunista", insistió desde Ciudadanos, Mamen Peris, que criticó que "mete todas las transmisiones en el mismo saco" y que aunque se diga que se aplicará a grandes operaciones, la redacción permite que también se haga a particulares.

También el portavoz del PSPV, Manolo Mata, pese a defender que está "amparado en la absoluta buena fe", dijo que se debe mejorar porque "los fondos buitres son más listos que nosotros una y mil veces y ahora compran hipotecas". 

Primera compra

Dalmau remarcó que hace unos días y como precedente la Generalitat usó esos derechos para frenar una venta al fondo Cerberus de 218 viviendas, 95 de ellas habitadas. "Es una adquisición histórica, un punto y aparte en la política de viviendas del País Valenciano porque nunca se había hecho antes peor no por cuestiones legales sino políticas", remarcó, en referencia a la normativa que permitía hacerlo desde 2004 pero que no se había utilizado hasta el año pasado.