15 ago 2020

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Catalunya se encamina a poner coto a los alquileres abusivos

Una ley impedirá las subidas en las viviendas que ya estaban de alquiler y fomentará bajadas moderadas en la mitad de ellas

El texto, impulsada por el Sindicato de Inquilinos, cuenta con el apoyo de JxCat, ERC, Comuns y la CUP y se aprobará por urgencia

Fidel Masreal / Helena López

manifestación del Sindicat de llogaters

manifestación del Sindicat de llogaters / El Periódico

Catalunya se encamina a regular por primera vez los precios del alquiler. Tras un largo debate interno en el Govern entre JxCat y ERC y mediante la presión de movimientos como el del Sindicat de Llogaters, este miércoles se registra una proposición de ley de contención y moderación de los precios del alquiler en el Parlament mediante lectura única -fórmula de urgencia- que cuenta con el apoyo de los tres partidos independentistas y los 'comuns'. De este modo y según han confirmado fuentes del Govern, se podrá aprobar la medida antes de que acabe la legislatura. El portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, ha afirmado que la norma es de mínimos "pero imprescindible para el cambio de paradigma que necesitamos, hoy es un gran día, un día histórico".

Según el contenido de la ley, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, como norma general los nuevos contratos de viviendas ya en alquiler no podrán superar el precio acordado en el anterior contrato. Es decir, que el arrendador ha de informar, cuando entra un nuevo inquilino, sobre cual era el precio al que se alquiló anteriormente. Si no facilita esta información, el inquilino puede pedir una sanción. Esto incentivará, según el Sindicato, que “no se hagan trampas", según Palomera. Las sanaciones van de 3.000 a 90.000 euros.

Con la norma se impedirán subidas a todas estas viviendas y se fomentará de la rebaja de las que están por encima del precio medio fijado por la administración para cada zona. Que es el precio medio de esa zona para viviendas en condiciones similares. Esto implica que el 50% de los que están por encima de la media se han de actualizar bajando el precio medio.

5 millones de beneficiarios

Una vez se apruebe la ley, se aplicará de forma inmediata en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes con el mercado de alquiler más tensionado. Afectará pues a unos 5 millones de personas. Al cabo de un año del funcionamiento de la ley, cada municipio deberá aprobar la continuidad de la norma. En el caso de las viviendas cuyo precio estaba por encima del precio medio de su zona, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el valor que establece el índice, que es el precio medio de cada zona fijado por la administración. Respecto a las viviendas que se ponen en alquiler por primera vez, tendrán que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona.

Excepciones

La ley, basada en el código civil catalán, prevé excepciones para casos de gran rehabilitación, obras de mejora, relación de parentesco entre propietario e inquilino y otros regímenes de rentas. Y las viviendas de obra nueva no estará afectadas por la regulación durante los primeros tres años, pero pasado este período deberán también ajustarse al índice de precio medio de la zona, de tal manera que si el alquiler ha sido durante esos tres años muy superior al índice, la rebaja del precio deberá ser notable.

La propuesta incluye un régimen sancionador en caso de incumplimientos. Cuando un arrendador alquile una vivienda durante meses sin haber informado del precio del anterior contrato, la sanción puede llegar a los 90.000 euros. El texto de la propuesta reconoce a las organizaciones de inquilinos como parte en la mediación de conflictos.

Se trata de una iniciativa elaborada tras una larga negociación del Sindicat de Llogaters con el Departament de Justícia, liderado por la republicana Ester Capella. La asociación ciudadana considera la norma un primer paso de mínimos y recuerda que en el último lustro los alquileres se han incrementado 30 veces más que los sueldos. La norma tndrá forma de proposición de ley de lectura única, fórmula que permitirá, si se mantiene esta mayoría de grupos favorable, que la norma entre en vigor antes del final de la legislatura.

Una batalla larga

En abril del pasado año, tras una larga pugna interna entre JxCat y ERC, el Govern tuvo que dar marcha atrás a un decreto sobre vivienda que incluía una primera regulación, pero que las organizaciones sociales consideraron del todo insuficiente por el índice que tomaba en consideración. Tras ello, la CUP y los 'comuns' advirtieron al Govern de que el texto no contaría con su apoyo y el Ejecutivo de Torra decidió dar marcha atrás y retirar la iniciativa antes de quedar derrotado en una votación. 

El documento planteaba iniciativas para incrementar el deficitario parque de vivienda social y moderar los precios del alquiler de vivienda libre, incluyendo un índice de referencia en los contratos de arrendamiento.

Previamente, fue la 'consellera' de Justicia, Ester Capella, de ERC, la que mostró en mayo mostró públicamente su voluntad de poner coto al aumento abusivo de los alquileres, mediante el Código Civil catalán. En una misma semana, mientras el 'conseller' de Territori, del PDECat, Damià Calvet, afirmaba que no era possible regular por ley un tope, Capella insistía en su posición favorable. Calvet en nombre del Govern alegaba que fijar un precio máximo vulneraría el "mercado libre". Para intentar contener los precios únicamente sería obligatorio -se decía entonces- que conste el "índice de referencia" en los contratos y en los anuncios publicitarios. Solo los contratos en los que figure este índice podrán ser beneficiarios de ayudas públicas. Calvet también habló de otras medidas indirectas como la reserva de suelo para protección oficial o la prohibición de incrementar anualmente el alquiler por encima del IPC.

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La batalla interna se trasladó a las elecciones municipales de mayo, donde la candidata de Junts per Catalunya a la alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi, defendió con vehemencia que regular el precio del alquiler era una medida equivocada y criticó a la alcaldesa Ada Colau y a la consellera Capella por proponerla. "No hemos de decir a la gente que se pueden hacer cosas que no se puede hacer", zanjó Artadi.