Aragonès propone entrar en el capital de empresas que reciban subvenciones

El vicepresidente catalán y 'conseller' de Economía, Pere Aragonès, ha abogado este viernes por articular de manera diferente las ayudas públicas a las empresas, abandonando la vía de la subvención y apostando más por la entrada en el capital para tener más incidencia en las decisiones de las compañías, al estilo francés. Responde así al anuncio este jueves por parte de la multinacional japonesa Nissan de que abandonará su presencia industrial en Catalunya a finales de este año. Aragonès criticó que Nissan ha recibido en los últimos 15 años 25 millones de euros en aportaciones de la Generalitat. Nissan tiene plantas en la Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca, dando empleo directo a unas 3.000 personas y de forma indirecta a otras 20.000.

La propuesta, ya lanzada el jueves por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, desató este viernes una rápida reacción del ala más conservadora del Govern. La 'consellera' de la Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado que la posibilidad de "nacionalizar" la planta de Nissan en Barcelona "no está encima de la mesa del Govern"."Hay un concepto que sobrevuela, el de nacionalizar" la planta de Nissan, algo que para sería "una gran solución", opina Budó, pero solo para ERC. "Desde el Govern de Catalunya en ningún momento hemos hablado de nacionalizar la planta de Nissan, no está encima de la mesa del Govern este tema, no nos hemos planteado esta solución", ha puntualizado Budó.

La 'consellera' de Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, también saltó hoy a la palestra contra la propuesta de Aragonés y Rufián, recordando que "la Generalitat no tiene el margen presupuestario para una operación así", aunque con su prudencia acostumbrada reservó su posición a las discusiones que sobre el asunto se desarrollen en el marco de las reuniones del Govern de Torra.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha cerrado la puerta a que ayudas directas a empresas en apuros no vayan a vincularse directamente a la toma de participaciones accionariales y derecho de veto a determinadas decisiones en los consejos de administración. La ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró este viernes que sobre la posibilidad de nacionalizar Nissan, el Gobierno está "ayudando mucho" a empresas como Alcoa o Nissan, pero "cuando haya una iniciativa privada, el Gobierno lo que debe hacer es acompañar".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, considera que las nacionalizaciones "son perfectamente posibles en la Constitución Española". En su opinión, "las nacionalizaciones no son ni de izquierdas ni de derechas" y ha considerado que, ante todo, se debe velar siempre por el interés general. Iglesias critica el modelo de "socializar pérdidas" aplicado por el Gobierno del PP en el rescate de Bankia, y prevé, según afirmó en el Congreso de los Diputados que "dentro de no mucho tiempo" quienes eran "ardientes enemigos de las nacionalizaciones" serán quienes pidan al Gobierno actuar de ese modo en casos como Nissan o Alcoa.

En declaraciones a RAC1, Aragonès se ha mostrado este viernes confiado en que la decisión de Nissan sea reversible y ha dicho que para lograrlo todas las administraciones y agentes sociales trabajarán en la misma dirección. El vicepresidente catalán ha asegurado que "la industria del automóvil tiene futuro en Catalunya", especialmente la vinculada a las nuevas formas de movilidad, como el coche eléctrico, mismo mensaje que el lanzado también por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Catalunya, ha añadido Aragonès, no sólo tiene fábricas y mano de obra especializada, sino también infraestructuras clave en el ámbito de la automoción, como la zona de pruebas de Idiada, el circuito de Montmeló o la infraestructura 5G a lo largo de la AP-7.

El también titular de Economía ha lamentado la decisión de Nissan y ha remarcado que la Generalitat siempre ha estado comprometida con el mantenimiento de la actividad de la marca japonesa, que lleva 40 años en Catalunya. Ha recordado, no obstante, que si el Govern tuviera los recursos que tienen los estados podría hacer lo que hace, "pero multiplicado por más", como es el caso del Gobierno francés con el Grupo Renault, que además de inyectar liquidez a la compañía posee el 15 % del accionariado.