El 'call center' de Airbnb en Barcelona inicia un ERE de hasta 1.000 despidos

La empresa CPM, que gestiona para Airbnb su centro de atención telefónica más grande en Europa, ha iniciado los trámites para efectuar un expediente de regulación de empleo (ERE) que puede saldarse con más de 1.000 despidos. Así se lo ha notificado la compañía a sus trabajadores mediante una carta, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En esta, CPM justifica el cese colectivo debido a que Airbnb le ha rescindido el contrato de servicio, debido a las limitaciones derivadas de la pandemia del coronavirus sobre el turismo y el alquiler de viviendas.

CPM efectuará así el primer gran despido colectivo de la crisis del coronavirus en España, en un momento en el que las compañías, a instancias de la legislación especialmente habilitada por el Gobierno, están recurriendo a los expedientes temporales para gestionar sus plantillas. Las negociaciones con los sindicatos comenzarán formalmente el próximo 7 de mayo y será entonces cuando la empresa confirme la afectación inicial del ERE. CPM cerró el 2019 con una plantilla de 1.100 empleados dedicados a las campañas de Airbnb, según hizo público la compañía en un comunicado.

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Desde la CGT, sindicato mayoritario en el comité de empresa, han manifestado su rechazo a la decisión de CPM y han criticado que una multinacional con beneficios "billonarios" en sus últimos ejercicios recurra a dicho mecanismo para paliar pérdidas.

Dudas sobre la legalidad del ERE

El ERE anunciado por CPM a su plantilla presenta dudas sobre su viabilidad legal. Pues el Gobierno prohibió el pasado 28 de marzo los despidos justificados por "causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del covid-19", tal como reflejan los BOEs del 17 de marzo (artículo 22) y del 28 de marzo (artículo 2). Es decir, si la empresa justifica explícitamente su expediente por la pérdida del contrato de servicio de Airbnb, tal como ha argumentado por carta a los trabajadores, y la retirada del servicio de Airbnb estuviera justificada por las restricciones gubernamentales ante el coronavirus, el proceso podría entrar en contradicción con la normativa.