Los créditos del Covid
Los 'icos' ponen a prueba a la banca
La demanda de líneas de crédito desborda las sucursales bancarias mientras que la concesión se demora
Montse Pons es la directora de la oficina que el Banc Sabadell tiene en Sant Quirze del Vallès y le ha tocado lidiar con importantes cambios en su vida profesional como consecuencia de los efectos que la pandemia tiene sobre el conjunto de la sociedad. No quiere comparar su trabajo con el que hace el personal sanitario, pero no deja escapar la ocasión para explicar que igualmente los profesionales de la banca se han visto desbordados por la tensión que los efectos económicos de la plaga ha puesto sobre el sistema financiero. «Como médicos y enfermeros, estamos aquí para ayudar a nuestros clientes». Intenta subrayar que, al contrario de lo que ocurrió en la crisis del 2008, el sistema bancario es parte de la solución del problema, aunque no tengan el mismo reconocimiento que los sanitarios. Pero igualmente deja claro que solucionar ese problema le quita horas de sueño y ocio. La oficina que dirige se ha visto, como la mayoría de sucursales del sector, desbordada por la actividad derivada de las medidas de financiación de empresas y particulares aprobadas por el Gobierno.
Una carga de trabajo imprevista que se amontona en una larga lista de tareas encabezadas por la necesidad de dar liquidez a las empresas con créditos avalados por el ICO. Esa función pone a prueba a todo el sector. «Somos 14 personas en la oficina y cuatro nos dedicamos a empresas, cada una tiene unas 50 expedientes de esos créditos en su mesa». En total, 200 solicitudes, para una sucursal que antes del covid-19, apenas tramitaba unas 10 peticiones mensuales de financiación de empresas y autónomos. «Y no es solo gestionar la petición» –la tramitación está resultado lenta–, «hay una gestión previa: tienes que saber qué necesita el cliente, mirar los números de la empresa y asegurarte de que cumple con los criterios», explica.
Una operación de riesgo
No es esta una cuestión banal. Ni el banco ni el propio ICO quieren pillarse los dedos concediendo financiación que no se podrán devolver. El instituto público mira caso por caso. «Nos insiste en que estamos ante una operación de riesgo. Y si considera que los criterios de evaluación del riesgo del banco son laxos no acepta dar la garantía», explican fuentes de otra entidad financiera, inmersa en la misma dinámica de financiación.
Más de la mitad de los solicitantes tienen en marcha un erte, aunque eso no impide el acceso al crédito. «Las empresa vienen en busca de liquidez», explica Pons. El banco procura no dar crédito a quien no está en condiciones de devolverlo, como ya hacía antes de la epidemia. Y regula el riesgo con el tipo de interés: va desde el 1% al 4%, en función de cada operación, El tipo medio, en el caso del Sabadell es del 2%.
Proceso lento
Todas las demandas que han llegado al sistema bancario podrían haber acabado las dos líneas de 20.000 millones aprobadas hasta ahora de los 100.000 aprobados por el Gobierno. Pero el dinero no acaba de llegar. El proceso es lento: primero la oficina, luego los comités de riesgo de cada entidad tienen que mirar las solicitudes. Hay que enviarlas al ICO con un expediente de riesgo de cada una y el emisor de la garantía vuelve a mirar uno por uno los expedientes con un 'leit motive' definido: «’No nos cueles mierda’, nos dice», puntualizan fuente bancarias. Con todo, el porcentaje de créditos denegados es pequeño. "En el caso de nuestra oficina no llega al 2%", explica Pons.
Un último obstáculo: el notario. Este colectivo no es un servicios esenciales con lo que toda la operación se hace de forma telemática y el proceso no es rápido ni sencillo de ejecutar. No extraña, así, que las patronales Foment del Treball y Fepime hayan solicitado un procedimiento exprés para acelerar los créditos de menor cuantía (hasta 50.000 euros). «Si no se agilizan los trámites administrativos en las próximas horas, de muy poco habrán servido las medidas del Gobierno», plantean las patronales. Proponen que se desbloqueen los 60.000 millones aún retenidos y los 40.000 en tramitación culminen el proceso. «Si no, muchas empresas no volverán a abrir sus puertas».
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