Manifestación de autónomos: ¿tan difícil es implantar lo que piden?

Hace unos días los autónomos salieron a la calle en Madrid. La agrupación que planteó la movilización se denomina AUPA (Asociación de Autónomos Unidos para Actuar). Inicialmente, no está relacionada con ninguna de las más agrupaciones más conocidas y representativas, como pueden ser ATA, UPTA o UATAE. Sin embargo, consiguieron movilizar al colectivo, que se siente maltratado en una serie de cuestiones que, ¿tan difíciles son de implantar?

¿Es una locura lo que piden los autónomos en 2020?

Ser autónomo es la única fórmula de emprendimiento que no limita de ningún modo la responsabilidad frente a las deudas. Imagina que necesitas reformar el local en el que realizarás tu actividad, para lo que pides un crédito. Si la actividad no fuera bien, y no pudieras devolverlo, harías frente a la deuda con todo tu patrimonio personal. Siendo autónomo pones en riesgo tu casa, tu coche o tus futuras nóminas. Bienes particulares, que nada tienen que ver con el negocio, pero con los que responderás si es necesario. Si, en lugar de darte de alta como autónomo, creas una Sociedad, tu patrimonio personal es intocable.

Una de las reivindicaciones de la manifestación es, precisamente, reformar la Ley de Segunda Oportunidad. Bajo su amparo, el autónomo podría librarse de esas deudas, aunque pasando previamente por un proceso judicial. Sin embargo, las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social nunca entrarían dentro de las que pudieran ser condonadas. La reivindicación es clara: que el autónomo pueda liberarse también de esas deudas con Administraciones Públicas, pues resulta curioso que esas sean las únicas que no se perdonen en ningún caso. 

Facilidades para cumplir con el IVA

Existen situaciones verdaderamente rocambolescas en relación con el IVA, que son las que sacan de quicio a muchos autónomos.

En España las facturas entre empresas se pagan, de media, en 89 días. Es decir, si una empresa o autónomo emite una factura por un trabajo realizado, la cobrará de media en unos tres meses. A esta injusticia inicial, se añade que es el propio autónomo el que tiene que adelantar el IVA de una factura que no se ha cobrado. Es decir, por si esperar tres meses para cobrar fuera poco, tengo que dar al Estado (de mi bolsillo) el valor del IVA que corresponda a esa factura. 

Si, por ejemplo, he realizado un trabajo valorado en 1.000 euros, asociaré en mi factura un total de 1.210 euros, que corresponden a añadir el 21% al valor de mi producto. Si termino el trabajo un uno de marzo, tendré que pagar 210 euros de IVA a Hacienda, como máximo, el 20 de abril. Existen ciertas triquiñuelas para esquivar esta situación pero, ¿por qué tiene que soportar el autónomo esta sobrecarga? ¿No tendría más sentido que sólo se pague el IVA cuando, efectivamente, se haya abonado la factura?

¿Y si un autónomo gana menos del Salario Mínimo?

En España existen ayudas para comenzar como autónomo. La más conocida es la tarifa plana, que permite abonar una cuota a la Seguridad Social de 60 euros durante el primer año. La totalidad de la cuota no se paga hasta que no transcurren dos años completos. Pero, ¿qué ocurre si un autónomo pierde clientes o sufre algún imprevisto que le impide facturar con normalidad? 

Existen periodos, que no tienen por qué ser los iniciales, en donde tiene que seguir pagando la cuota, aunque esté ganando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Si, por ejemplo, un autónomo ingresa 900 euros en un mes, tendrá que pagar igualmente los casi 300 de cuota. A esto, habría que añadir un % de IRPF, que depende de cada caso concreto. Pero, en un ejemplo genérico, es probable que ese autónomo que ha ingresado 900 euros un mes tenga, en realidad, 500 en su bolsillo. ¿Es posible vivir con ello? ¿Es justo que este autónomo no tenga ningún apoyo?

Una solución sería que las ayudas vayan en función de ingresos, y no por la fecha de alta. Porque esto, además, está creando que muchos negocios mueran en edades tempranas: cuando la tarifa plana se acaba, si no ha conseguido una estabilidad de ingresos, el profesional se ve ahogado por cifras como las detalladas. Del mismo modo que si un ciudadano gana menos de 14.000 euros al año no tiene que hacer la Declaración, se podría eximir del pago de cuotas, o establecer una tarifa plana, utilizando este baremo.

Otras problemáticas sin resolver

• Un sistema de cotización por ingresos reales, que ayudaría a equiparar las diferencias de más de 500 euros, al mes, en las pensiones por jubilación con asalariados. 
• Que se pueda acceder al paro sin requisitos tan restrictivos como los actuales. 
• Equiparar ciertas ayudas (como por ejemplo durante el embarazo) a las que sí puede acceder un asalariado, pero no así los autónomos. 
• O el acceso a una formación bonificada, como cualquier otro trabajador, en una etapa en la que es más indispensable que nunca un reciclaje constante para mantener a flote una actividad.

La mayoría de las cuestiones son catalogadas por el colectivo como injustas. Y, el problema, es que tendrían una fácil solución e implantación. ¿A qué esperan entonces?