El Gobierno aprueba la derogación del despido por acumulación de bajas médicas justificadas

El Gobierno ha iniciado este martes el desmantelamiento de parte de la reforma laboral que ha heredado del PP y que ha estado vigente durante los últimos ocho años. El primer eslabón de una cadena que pretende ir desmontando por fases ha sido el despido por bajas médicas intermitentes, pero justificadas. Un artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores que suprimió al completo, apostando por la vía más garantista para los trabajadores y que los sindicatos reivindicaron como un primer triunfo en este proceso de contrarreforma abierto por el nuevo Ejecutivo.  

"Vamos desmontando la reforma laboral del PP", derogando una "anomalía o excepcionalidad de España en relación con países del entorno que carecen de un precepto semejante", ha sostenido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La supresión de este artículo llega a su vez con tintes "anómalos", dentro del esquema de buscar consensos según el que el Gobierno de coalición ha planteado su contrarreforma laboral. Pues ese elemento -una cuestión de "derechos humanos", como ha insistido desde un primer momento la ministra- no ha sido objeto de negociación con los sindicatos y las patronales.

Así lo confirmaron tanto desde CCOO y UGT como desde la CEOE. A la patronal el Ministerio de Trabajo le remitió un comunicado formal, aunque sin la posibilidad de que presentara alegaciones al texto, según confirman ambas partes. "No hemos visto en ningún momento una actitud de rechazo por su parte", comentan desde el ministerio. Los sindicatos ni se plantearon presentarlas, pues el Ejecutivo ha optado por la versión más garantista. Más incluso que volver a la legislación que imperaba en la última legislatura del socialista José Luís Rodríguez Zapatero. "En vez de suavizar, han elegido corregir", apuntan desde UGT. Informa Miguel Ángel Rodríguez.

Levantar la voz contra la derogación del despido por bajas médicas ha sido un tema espinoso para las patronales. "Tengo el alma dividida, [...] puede que esté más cerca de los sindicatos que de lo que pueda pensar la patronal". Así lo describía, a título individual, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en un acto público el pasado noviembre. "Nunca ha sido voluntad de los empresarios despedir a trabajadores por el hecho de estar enfermos", expresó ayer la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas Pimec en un comunicado.

El retrato robot del trabajador despido vía 52-D es una mujer, de mediana edad y con responsabilidades familiares. Así lo destacó, entre otros, la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer, en su voto discrepante respecto a la sentencia que avaló dicho mecanismo. Tampoco es patrimonio de un único sector, aunque entre las empresas de atención telefónica, como Unisono, Atento o Konecta, han trascendido varios casos. Ante dicho debate, la organización presidida por Josep González pidió ayer al Gobierno un plan para actuar contra el "absentismo fraudulento". "Para eso cada empresa ya tiene un régimen disciplinario", replicaron desde CCOO.

La patronal exige "consenso"

La supresión del despido por ausencias justificadas, pues el desde hoy extinto artículo 52-D también computaba cuestiones como permisos puntuales para atender un familiar, ha sido una medida también con tintes simbólicos. Pues su uso no ha sido hasta ahora generalizado entre las empresas en España, según coinciden patronales y sindicatos. Pese a que desde CCOO destacan el "efecto llamada" que entre las compañías causó la sentencia del TC y la "necesidad" de ponerle fin con la supresión que se materializó ayer.

Los principales pilares del andamiaje laboral que levantó el PP todavía siguen en pie y las negociaciones con patronal y sindicatos apenas llevan un mes en marcha. Cuestiones como la ultraactividad, la prioridad aplicativa del convenio sectorial, las causas del despido o las condiciones del contrato son algunas de los elementos que el Gobierno pretende pactar con los agentes sociales. Todas ellas entrañan cierto grado de polémica entre las partes, aunque uno de los  grandes ‘melones’ que el equipo de Yolanda Díaz deberá abrir y acometer será el de la reforma de las condiciones de subcontratación.

La decisión de suprimir el artículo 52-D ha sido única del Gobierno, como en su momento lo fue subir el salario mínimo a 900 euros. Y a diferencia de la última subida a 950 euros, que sí fue pactada. Desde la CEOE exigen al Gobierno que se guíe por dicho espíritu y que sea este el proceder rija en las mesas de diálogo social a la que se sientan cada viernes con los sindicatos.

Fuentes de la patronal reiteraron la necesidad de que todo cambio normativo recoja el consenso de las partes. La discreción guía las conversaciones y la ministra de Trabajo les ha prometido tiempo para buscar ese consenso, "el que precisen", afirmó en una entrevista en RNE la semana pasada. "Pero acotado", apostilló en la misma frase.