Anticorrupción responsabiliza a González de contratar a Villarejo

El sumario de la pieza del BBVA, en la que se investigan los trabajos del excomisario José Manuel Villarejo, está sacando a la luz las prácticas delictivas del principal imputado en la causa relativa a las cloacas policiales.

En uno de sus informes, al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía Anticorrupción afirma que fue el expresidente del BBVA, Francisco González, el que ordenó “de forma opaca” contratar al excomisario para espiar y dinamitar el intento de asalto al banco que pretendía la constructora Sacyr durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.

Villarejo intentó pinchar el teléfono de Sebastián 14 veces para el BBVA

En su declaración en noviembre, como imputado por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, González atribuyó toda responsabilidad al que era su jefe de Seguridad Julio Corrochano y aseguró que su único afán era determinar qué personas y con qué participación estaban detrás de la operación que veía "una chapuza", pero no vio ni un contrato, ni una factura de las pagadas.

Para la fiscaía de las diligencias judiciales practicadas incluidos los informes 'forensic' del banco y las declaraciones del expresidente de Distrito Castellana Norte Antonio Béjar González, "vendrían corroborando la solidez de los indicios delictivos en la contratación y en los pagos efectuados a Cenyt, la sociedad del excomisario, al haberse llevado a cabo con la presunta participación coordinada de múltiples áreas del banco a sabiendas de la condición policial de Villarejo, y de la utilización por este de medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales: seguridad corporativa, riesgos y recuperaciones, compras-contratación, contabilidad-intervención, y con especial protagonismo los servicios Jurídicos, cumplimiento y auditoría interna, y del máximo órgano ejecutivo de la entidad, ya que habría sido ordenada dicha contratación, y de forma opaca, por la propia presidencia del banco”.

Según Anticorrupción, la "preponderante participación (...) del excomisario vendría determinada "por haber recibido directamente del entonces presidente del BBVA  el encargo de gestionar las contrataciones con Cenyt por sus vínculos personales con Villarejo".

Sabía, añade el fiscal, "de su condición policial en activo y de que sus servicios incluían el acceso a información reservada que sólo podían obtener prevaliéndose de dicha condición a través de los estrechos contactos que tenían con otros miembros destacados del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente, el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, (el también imputado) Enrique García Castaño".

La Policía cifra en 10.284.689 euros el importe total de los seis contratos firmados por la entidad bancaria con las empresas del excomisario, cuya "naturaleza ilícita" se conoce desde el primero, según la Fiscalía Anticorrupción. El firmado en diciembre de 2004, denominado Trampa, por 592.069 euros, a los que se podrían sumar otros 483.431 euros pagados entre 2005 y 2007, es el relativo al intento de Sacyr de hacerse con el control del banco. En esa operación se enmarcan los intentos de acceder al teléfono de quien luego sería ministro de Industria, pero también el análisis de 16.487 comunicaciones entre el 25 de noviembre de 2004 y el 26 de febrero de 2005, mientras duró el intento de asalto de Sacyr.

Llamadas

El informe, que enumera los éxitos y fracasos de su actividad en distintos entornos, tanto profesional, como personal o judicial, disgrega esas llamadas en 9.722 de móviles del llamado "grupo hostil" al banco y solo considera relevante un 5% de las conversaciones interceptadas, en las que enmarca las del propio<strong> Miguel Sebastián</strong>, entonces director de la oficina económica d ela presidencia del Gobierno; el vicepresidente del Gobierno; Luis del Rivero o Emilio Botín.

Además de la vulneración de derechos que supone esa intromisión, en la pieza también se investiga el delito de cohecho que podría haberse cometido al aceptar regalos por parte de Villarejo. Ahí se enmarcarían los pagos a Selhogar Confort, cuyo beneficiario parece ser el exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano, por la empresa Stuart & Mckenzie, del excomisario en prisión por más de 70.000 euros