Villarejo intentó pinchar el teléfono de Sebastián 14 veces para el BBVA

El sumario de la pieza del BBVA, en la que se investigan los trabajos del excomisario José Manuel Villarejo, está sacando a la luz las prácticas delictivas del principal imputado en la causa relativa a las cloacas policiales. En uno de los documentos a los que ha tenido acceso este diario consta que entre sus trabajos para el banco figuraron "14 intentos de interceptación del móvil de (Miguel) Sebastián", entonces director de la Oficina Económica del Presidente, que hicieron que el CNI le avisara del ataque y que "muy disgustado" se lo comentara al presidente del Gobierno, entonces, José Luis Rodríguez Zapatero.

La Policía cifra en 10.284.689 millones de euros el importe total de los seis contratos firmados por la entidad bancaria con las empresas del excomisario, cuya "naturaleza ilícita" se conoce desde el primero, según la Fiscalía Anticorrupción. El firmado en diciembre de 2004, denominado Trampa, por 592.069 euros, a los que se podrían sumar otros 483.431 euros pagados entre 2005 y 2007, es el relativo al intento de Sacyr de hacerse con el control del banco. En esa operación se enmarcan los intentos de acceder al teléfono de quien luego sería ministro de Industria, pero también el análisis de 16.487 comunicaciones entre el 25 de noviembre de 2004 y el 26 de febrero de 2005, mientras duró el intento de asalto de Sacyr.

El informe, que enumera los éxitos y fracasos de su actividad en distintos entornos, tanto profesional, como personal o judicial, disgrega esas llamadas en 9.722 de móviles del llamado "grupo hostil" al banco y solo considera relevante un 5% de las conversaciones interceptadas, en las que enmarca las del propio Sebastián, el vicepresidente del Gobierno, Luis del Rivero o Emilio Botín.

Además de la vulneración de derechos que supone esa intromisión, en la pieza también se investiga el delito de cohecho que podría haberse cometido al aceptar regalos por parte de Villarejo. Ahí se enmarcarían los pagos a Selhogar Confort, cuyo beneficiario parece ser el exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano, por la empresa Stuart & Mckenzie, del excomisario en prisión por más de 70.000 euros.

Orden de González

Según Anticorrupción, su "preponderante participación (...) vendría determinada por haber recibido directamente del entonces presidente de BBVA Francisco González el encargo de gestionar las contrataciones con Cenyt por sus vínculos personales con Villarejo".

Sabía, añade el fiscal, "de su condición policial en activo y de que sus servicios incluían el acceso a información reservada que sólo podían obtener prevaliéndose de dicha condición a través de los estrechos contactos que tenían con otros miembros destacados del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente, el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, (el también imputado) Enrique García Castaño".