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La Cámara de España lanza una ofensiva internacional contra el 'procés'
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Agustí Sala
La Cámara de España ha pasado a la ofensiva contra el 'procés'. Su presidente, José Luis Bonet, ha remitido una carta a distintas organizaciones camerales internacionales en defensa de la democracia española y en la que afirma que los políticos encarcelados están en esa situación "por incumplir la ley, no por sus ideas políticas".
A su vez emplaza a trabajar para recuperar la "convivencia" y superar la "fractura" que atribuye al 'procés' y resalta que España "es una democracia plena y sólida, una de las más avanzadas del mundo".
La misiva, en la que se muestra respeto por la sentencia del Tribunal Supremo, se ha dirigido a Eurocámaras (que agrua a la cámaras europeas), a Aico, que agrua a las latinoamericanas, a la World Chambers Federation y a las 42 entidades camerales españolas y a las que hay en el extranjero.
Este paso ha sido una inicitiva de Bonet, según fuentes de la entidad. Se da la circunstancia de que uno de los tres vicepresidentes de la institución es Joan Canadell, que está a la vez al frente de la Cambra de Comerç de Barcelona y lideró la candidatura independentista que ganó las últimas elecciones a la entidad.
Canadell se ha significado como pugdemonista y defensor de la independencia y mantiene unas relaciones tensas con Bonet, especialmente después de que el primero colara, fuera del orden del día, en el último pleno celebrado en la Cambra, una declaración en favor de sumarse a una "respuesta masiva" contra la senencia del Tribunal Supremo.
La carta destaca que el proceso soberanista "ha causado y sigue causando un daño evidente a la economía y a las empresas catalanas". Y recuerda que 5.000 han trasladado su sede social "ante la inseguridad jurídica provocada por los acontecimientos acaecidos desde septiembre del 2017", que desembocaron en el referéndum del 1-O.
En el texto se destaca que España "es un país ejemplar" que ha alcanzado "cuotas de libertad y progreso social reconocidas y admiradas en todo el mundo".
A juicio de Bonet, los hechos protagonizados por los políticos que están en la cárcel fue "un intento de subvertir el orden constitucional español con la convocatoria de un referéndum sin garantías e ilegal y de una declaración de independencia igualmente ilegal, con la que no está de acuerdo la mayoría de los ciudadanos de Catalunya y del resto de España".
En una férrea defensa de la democracia española, la carta explica que en el país "cualquier puede defender sus postulados, incluida la independencia. Pero siempre dentro de la Constitución y las leyes".
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