El Govern reactiva el anteproyecto de ley de servicios funerarios

A principios del 2017, el Govern del Generalitat inició los trámites para sacar adelante el anteproyecto de ley de servicios funerarios, una norma que buscaba favorecer la competencia y reducir los costes de un tipo de servicios que, tarde o temprano, todos los ciudadanos tienen que hacer frente. La iniciativa, sin embargo, quedó parada tras la aplicación del artículo 155. Ahora, la Generalitat reactivará el proyecto, con la intención de que la nueva ley pueda estar aprobada a finales de año o a principios del 2020.

Así lo han asegurado fuentes del Govern a este diario, que afirman que en septiembre se iniciará el proceso de exposición pública del proyecto con el objetivo de tenerlo listo lo antes posible. 

La historia de este se remonta al primer trimestre del 2017, cuando el Govern acordó la creación de un grupo de trabajo interdepartamental liderado por el Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Después se elaboró una memoria preliminar del anteproyecto de ley, esta se aprobó y se elevó a consulta pública, donde se confirmó la necesidad de llevar a cabo una modificación legislativa. «Ahora ha llegado el momento de recuperar la iniciativa», apuntan las mismas fuentes. 

Los objetivos de este anteproyecto de ley son varios. Primero, reducir los costes de los entierros (en el 2017 se habló de hasta un 30% hasta un 30%) favoreciendo la «competencia efectiva» entre las empresas en beneficio de la «eficiencia económica» y el «bienestar de los consumidores». También, ordenar y hacer más transparente el servicio mínimo; acabar con el oligopolio y monopolio de los servicios funerarios con seguridad jurídica y regular el mercado y su funcionamiento resolviendo la contradicción entre los principios de eficacia territorial y universalidad y prestaciones forzosas. 

Caro

El motivo de la ley es simple: morirse resulta caro. Según un estudio de la OCU, el precio medio de un servicio funerario ronda los 3.500 euros en España, pero las ciudades donde el entierro es más caro son Barcelona (6.500 euros) y Tarragona (5.300 euros). Para combatir esa situación, la Generalitat considera, por ejemplo, que abrir el mercado a nuevos operadores reducirá los precios. Uno de los problemas son los tanatorios, algunos de titularidad privada. Por ello, se propone por ejemplo abrir a terceros el uso de los tanatorios públicos (la mitad de los casi 300 que hay en Catalunya), pues el uso de estos está limitado a un grupo muy reducido de empresas, los que los gestionan.

Asfuncat (Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya), que representa a 45 empresas prestadoras de este tipo de servicios en Catalunya –90% del sector–, participó en la consulta pública y expuso sus reticencias a la ley. «Desde Asfuncat se manifestó que la competencia en el sector es real, suficiente y la que determina el mismo mercado», explican desde la asociación. También agregan que expresaron su «discrepancia, en general, de la existencia del problema», así como que desconfiaron de que los «cambios forzosos en el uso de los tanatorios acaben provocando una disminución de los precios».

Además, la asociación propuso dos medidas que sí creen que abaratarían los entierros: bajar el IVA de su categoría  y eliminar los servicios de beneficencia a cargo de las empresas.