Anticorrupción pide una fianza de medio millón para el presidente del DCN en el 'caso Villarejo'

El presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, ha vuelto a comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por los contratos firmados entre el BBVA y la empresa de seguridad del excomisario José Manuel Villarejo, Cenyt. Esta vez lo ha hecho a petición propia, lo que suele interpretarse como un síntoma de que está dipuesto a colaborar con la justicia, pero, en su caso, también coincide con que el magistrado quería interrogarle en relación con la destrucción de documentación en la empresa que preside, tras haber solicitado cualquiera relacionada con los contrados firmados entre el banco y el BBVA.

La vez anterior la Fiscalía Anticorrupción no pidió medidas cautelares en su contra, pero este viernes ha solicitado al magistrado que le imponga una fianza de 500.000 euros para poder eludir la cárcel. El juez se pronunciará la próxima semana cuando Béjar concluya su declaración y se compruebe si efectivamente ha colaborado con la investigación, informaron a este diario fuentes jurídicas. El diario El País adelantó que Distrito Castellana Norte había ordenado destruir dos discos duros y 19 cds que se investigan si guardan relación con la causa o no tienen nada que ver.

El que era jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA ya compareció ante García-Castellón el pasado 4 de julio. Él fue el único de los ocho exdirectivos de la entidad imputados que optó por declarar, aunque solo fuera a preguntas de su abogado, el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. 

En apenas 10 minutos reconoció que Cenyt estuvo contratada entre 2010 y 2013 como proveedora por el departamento del BBVA del que era responsable para localizar morosos. Se preocupó en insistir en que ignoraba que esa sociedad formara parte del entramado de Villarejo y en asegurar que ni conocía personalmente ni llegó a hablar con el excomisario mientras trabajó en el BBVA.

La fianza de medio millón de euros, de ser acordada, será la más alta de las impuestas en esta pieza del 'caso Tándem', en el que se investigan las cloacas policiales. El exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano ha tenido que abonar una de 300.000 euros para evitar la cárcel.

Pendiente del banco

El juez García-Castellón también tiene sobre la mesa la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el propio banco sea imputado como persona jurídica, al entender que la entidad resultó beneficiada de los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares que investiga en esa pieza.

Esos son también los delitos que imputa a los ocho exdirectivos del BBVA, entre los que se encuentra su consejero delegado entre 2009 y 2015, Ángel Cano, y Corrochano, que ya han desfilado por la Audiencia Nacional.