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CLOACAS POLICIALES

Anticorrupción pide imputar al BBVA en el 'caso Villarejo'

La fiscalía atribuye al banco los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares

La entidad destaca su colaboración con la justicia a la que ha aportado diversa documentación

Ángeles Vázquez

El exCEO del BBVA Angel Cano y Ricardo Gomez Barredo (derecha), antes de declarar en la Audiencia Nacional por el ’caso Villarejo’.

El exCEO del BBVA Angel Cano y Ricardo Gomez Barredo (derecha), antes de declarar en la Audiencia Nacional por el ’caso Villarejo’. / DAVID CASTRO

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que en la pieza del 'caso Tándem' abierta por la contratación por el BBVA de una empresa del excomisario José Manuel Villarejo, lejos de poder considerarse a la entidad como perjudicada, debe ser imputada. Este miércoles se lo ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por los mismos delitos que ya imputa a varios de sus exdirectivos: cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción entre particulares.

Hasta ahora el magistrado que investiga las cloacas policiales ha seguido el criterio de la fiscalía, tanto para acordar imputaciones, como la del exconsejero delegado de la entidad Ángel Cano, como medidas cautelares, entre las que destaca la fianza de 300.000 euros impuesta al exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano.

Aunque la causa está secreta, Anticorrupción afirma que la documentación aportada por el propio BBVA y el "análisis de la incautada en los registros practicados" en propiedades de Villarejo "acreditarían que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal".

Añade que esos contratos "habrían tenido por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial de Villarejo" que "habrían implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria". Aunque la fiscalía no dice más en relación a lo que podría ser constitutivo de "múltiples delitos de revelación de secretos", ahí se enmarcaría el supuesto acceso a 15.000 llamadas de entonces miembros del Gobierno, empresarios y periodistas que adelantó Moncloa.com.

Por su parte, el BBVA ha reiterado su "firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley", para lo que, como ha anunciado su presidente, Carlos Torres Vila, continuarán "colaborando activamente con la justicia". Por eso, añade, han entregado información al juzgado y "los hallazgos relevantes de la investigación ‘forensic’ encargada hace 6 meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC". La nota sostiene que no los han hecho públicos para "no interferir en la investigación judicial".

Sin declarar ante el juez

De momento Cano y el resto exdirectivos del BBVA imputados se negaron a declarar ante el juez o solo accedieron a responder a su abogado. Ese fue el caso de Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte, quien a preguntas de su defensa, que ejerce el exjuez Javier Gómez Bermúdez, señaló que la empresa de seguridad de Villarejo fue contratada entre 2010 y 2013 por el Área bajo su competencia de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA para localizar morosos. Insistió que ignoraba que fuese de Villarejo.

El exdirector de contabilidad Ricardo Gómez Barredo, Ignacio Pérez Caballero Martínez, director de la red de banca comercial del banco y exrresponsable de riesgos mayoristas, y Javier Malagón Navas, exdirector general de Finanzas, se negaron a declarar ante el juez en relación con el presunto espionaje que el BBVA habría encargado de Villarejo.