Inquilinos y constructores aplauden el rechazo al decreto de los alquileres

Asociaciones de inquilinos y constructores han respirado aliviados y con satisfacción cuando la oposición ha tumbado en la mañana de este miércoles el decreto ley del Govern sobre la nueva regulación de los alquileres. Unos porque veían en este una medida que les dispararía los precios de sus nuevos contratos y los otros porque creían que hubiera penalizado a las empresas que tienen capacidad para aumentar la oferta de vivienda de alquiler, que es la vía que consideran oportuna para combatir las actuales subidas de precios.

Así como el resultado de la votación de este miércoles no ha sorprendido a nadie, pues el Govern llegaba con una oposición manifiestamente en contra; desde los movimientos sociales por el derecho a la vivienda las posiciones tampoco han variado tras el fracaso del decreto. El Sindicat de Llogateres y la PAH ya expresaron con anterioridad que la reforma planteaba una regulación de los precios del alquiler en clave inflacionista, ya que se apoyaba en unos índices de referencia que miden la actual media de los precios; disparados en los últimos años. Concretamente, en los últimos cinco los precios aumentaron de media el 36,4%, según datos del Incasol.

El Sindicat de Llogateres calificó de "decreto farsa" a la medida, al considerar que "no regulará los precios" y "lo que es peor, animará a que sigan subiendo", según hizo público en un comunicado. La PAH, en una línea similar, carga contra el Ejecutivo catalán tanto en fondo como en forma. "El Govern vino a buscar nuestra aprobación con el decreto ya redactado. Ahora tenemos que buscar la manera de redactar uno nuevo más garantista, que regule y congele los precios de manera real y que cuente con la interlocución real de los movimientos por el derecho a la vivienda. En este decreto y en los que vengan", afirma una de los portavoces de la PAH, Lucía Delgado.

Por motivos e intereses en mucho sentidos contrapuestos, la Asociación de Promotores de Cataluña (Apce) también ha aplaudido que la oposición haya tumbado el decreto. "Consideramos que el decreto invadía competencias del Estado, lo que podría haber acabado en que un recurso al Tribunal Constitucional, y que no incentivaba, sino al contrario, a que las empresas que tienen capacidad para aumentar la oferta pusieran más pisos en alquiler", afirma el director general de Apce, Marc Torrent.

La asociación de promotores inmobiliarios considera que esa es la vía para contener la efervescente subida de precios generalizada que viven las ciudades catalanas y no la regulación directa, ya que consideran que esta trasladaría la inflación de la vivienda a la de compra. Para ello, Torrent insta al Govern a desarrollar el parque de vivienda pública de protección oficial para aumentar la oferta a precios contenidos y no afectar a la actividad de los promotores. "En el área metropolitana de Barcelona hay margen para 70.000 nuevas viviendas", señala el director general de Apce.