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Temporalidad en lo público

La rebelión de los 85 temas

La primera oferta pública de empleo en 20 años para trabajadores sociales de la Generalitat hace estallar un conflicto laboral que retrata la alta temporalidad en el sector público

Gabriel Ubieto

Un grupo de trabajadoras sociales interinas de la Generalitat que reivindican su estabilidad laboral.

Un grupo de trabajadoras sociales interinas de la Generalitat que reivindican su estabilidad laboral. / Joan Mateu Parra (El Periódico)

El próximo 20 de junio se cierra el plazo para apuntarse a la primera oferta pública de empleo en 20 años para trabajadores sociales de la Generalitat de Catalunya. Una convocatoria de 173 plazas (con 85 temas a estudiar) que ha hecho eclosionar un conflicto laboral latente durante años y que pone ante el espejo la elevada temporalidad que arrastran las diferentes administraciones públicas en España. El inicio de este proceso puede provocar que decenas de trabajadoras interinas, pues fuentes del sector coinciden en señalar que este gremio está ampliamente copado por mujeres, pierdan el puesto de trabajo que han ocupado durante años.  

Este junio son 173 plazas, pero mañana podrían verse afectados por nuevas convocatorias alguno de los 54.000 interinos que actualmente están empleados en la Generalitat. Estos representan el 24% de la plantilla, entre funcionarios y personal laboral, según detallan fuentes de la 'Conselleria' de Polítiques Digitals i Funció Pública. No es un problema que arrastre únicamente esta administración, pues según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2019, en Catalunya hay 107.100 personas ocupadas en el sector público con un contrato temporal, el 23,2% del total de empleados públicos.

Episodios recientes como el del pasado 23 de mayo, cuando una veintena de delegados sindicales se encerraron en la sede de la Diputación de Barcelona para paralizar una convocatoria de 660 plazas públicas, dan fe de ello. En dicha ocasión, la protesta vino motivada por unas bases del concurso que, según coincidieron todas las centrales, amenazaban con desbancar a interinos con experiencia en detrimento de nuevos opositores, dado que premiaban poco la experiencia. En el caso del colectivo de trabajadoras sociales de la Generalitat, de la plantilla de 479, 307 son interinos.

"No tiene la misma capacidad de estudio alguien que acaba de salir de la carrera que nosotras, que tenemos que cumplir con nuestro horario, hijos a cargo y demás responsabilidades. Se nos ha pasado el arroz para eso", cuenta Ana (nombre ficticio para preservar su anonimato). Ana es una de las 173 interinas afectadas por la convocatoria, entre las que se concentran varias personas con décadas de experiencia en la plaza y con una edad complicada para reinsertarse en el mercado laboral."Hemos envejecido con las plazas y no por ello hemos dejado de hacer nuestro trabajo con la máxima profesionalidad", reivindica María (nombre también ficticio).

Dicha oferta de empleo público ha llegado a motivar una moción contra la precariedad laboral en el Parlament, que aprobaron todos los grupos políticos, salvo el PP.  En dicho texto, la cámara catalana instaba a la Generalitat a regularizar las altas bolsas de interinos mediante concursos especiales de méritos. Es algo que constata la contratación fraudulenta por parte de las administraciones, pues estas tienen la obligación de estabilizar a los interinos si estos ocupan un puesto estructural. A la vez que genera dudas legales y posturas enfrentadas sobre la fórmula para regularizarlo, tanto entre la ‘conselleria’ y entre los propios sindicatos. "Todo el mundo reconoce que nuestra situación es una injusticia, pero falta la voluntad política para resolver el problema", se quejan las trabajadoras.

Esperando a Europa

El futuro del abuso de las administraciones públicas de las bolsas de interinos, con varios años sin convocar plazas en muchas de ellas, es algo en lo que Europa será decisiva. Actualmente hay una causa abierta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que el Reino de España deberá responder por ello. De ver Europa en la actual situación un fraude (la sentencia se espera para septiembre), la prevalencia del derecho de la Unión Europea (UE)  sobre el ordenamiento jurídico español obligaría a España a tomar medidas correctoras.

Según varias fuentes jurídicas consultadas, de acreditarse el fraude, se abrirían dos vías. Por un lado, el TJUE podría dictar el correctivo más severo para las administraciones españolas, que sería el de hacer funcionarios de carrera o personal laboral indefinido a aquellos interinos que presentaran denuncia. Algo que despierta dudas legales, dado que podría chocar contra los principios de publicidad, libre concurrencia y acreditación de méritos en el que se basa el sistema de oposiciones.

La otra vía podría ser la de obligar al Gobierno a aprobar una ley según la cual se sancionara a las administraciones que hicieran un uso indebido de la temporalidad mediante la obligación de pagar una indemnización al interino que perdiera su plaza en caso de celebrarse un concurso público. Los escenarios todavía presentan muchas dudas, aunque una primera pista llegará el próximo 11 de julio, fecha en la que está previsto que se conozcan las conclusiones del abogado general de la UE, que suelen anticipar la línea de la sentencia del TJUE.